El Instituto Provincial de Vivienda detectó anomalías en una obra realizada por Marán

Según el subdirector del Área Técnica del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Alberto Remis, quedó “demostrada una sobrecertificación” en una de las obras de la repartición. Se trata del mejoramiento de 100 viviendas en el barrio San Carlos Oeste II, una tarea para la que se contrató a una polémica empresa: Marán Constructora SRL. Esta compañía quedó bajo la lupa de la Justicia cuando se demostró que sus dueños, Sebastián y Martín Nieva, son sobrinos políticos del funcionario del Ipvdu Lucas Barrionuevo.

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Sin embargo, el dictamen de Remis está siendo cuestionado por los representantes de la constructora, quienes argumentan que no se debería haber realizado ningún relevamiento sin su presencia.

De acuerdo con una carta que Remis envió a Martín Zamora, director del Área Técnica, en la obra hay una sobrecertificación de más del 25 %. El último certificado emitido por este trabajo -el 28 de julio de 2016- menciona un avance del 91%, mientras que una inspección llevada a cabo por Remis indicó que el dos de octubre pasado la obra tenía un avance físico del 64%. “Visto, por lo tanto, que queda demostrada una sobrecertificación en la obra mencionada, es que elevo las actuaciones a su consideración”, reza el último párrafo del documento que el subdirector dirigió a su superior jerárquico.

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“El Área Legal (del Ipvdu) tiene que determinar si está bien lo que hizo Remis o si hay que hacerlo de nuevo (al relevamiento)”, explicó Zamora a este diario. Aunque no se sabe cuánto demorará el trámite legal, el titular del Área Técnica se mostró satisfecho con el trabajo de Remis. “No puedo dudar de lo que dicen los profesionales. Yo creo que la sobrecertificación existe”, manifestó. Agregó que, en caso de que el informe de Remis sea considerado válido, los pasos a seguir consistirían en resolver el contrato con Marán, cobrar la garantía e iniciar una investigación administrativa para determinar quiénes estuvieron involucrados en la supuesta irregularidad.

Los indicios

Siempre de acuerdo con la misiva de Remis, la obra ya había generado inconvenientes en mayo del año pasado. En ese momento, no se habría pagado una de las últimas certificaciones debido a que no se pudo comprobar que efectivamente Marán haya avanzado con los trabajos. Además, un ingeniero fiscal del Tribunal de Cuentas ya había señalado una posible irregularidad. El profesional era José Alonso y, en octubre de 2016, planteó la posibilidad de que se haya sobrecertificado la obra en un 10%. La cuestión quedó zanjada cuando el inspector de obra dijo que hubo “un error de tipeo”. “En virtud de lo expuesto procedo (...) a medir la obra San Carlos Oeste II”, continúa el escrito firmado por Remis.

La sobrecertificación a la que hace referencia el funcionario no es la única dificultad que enfrenta Marán en el ámbito del Ipvdu. “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, transmitió en julio un informe sobre presuntas irregularidades en el instituto. En el programa periodístico se habló de algunas de las obras que fueron adjudicadas a la empresa de los sobrinos de Barrionuevo (Marán recibió contrataciones directas de la repartición por casi $ 50 millones).

En Manantial Sur, los trabajadores que se encontraban en las casas que debía construir Marán dijeron que pertenecían a la empresa Inca. Esta cesión de obra -que luego fue aprobada por el correspondiente acto administrativo- no se encontraba consolidada en aquel momento. Además, en 2013 la empresa fue contratada para realizar 120 mejoramientos habitacionales en Yerba Buena. El monto de ese contrato era de aproximadamente $ 9 millones y Marán comenzó a trabajar en agosto de ese año. Dos meses después, en octubre de 2013, la empresa certificó más de $ 7 millones por esta obra: cerca de un 75% del presupuesto base. El dato fue extraído de la documentación que la constructora remitió al Registro de Constructores de la Provincia.

Actualmente, tanto los hermanos Nieva como Barrionuevo y otros funcionarios están siendo investigados por la Justicia provincial y por la federal.