El TC mandó que se realice una investigación en el Ipvdu

El acuerdo determinó que se analice el vínculo entre el funcionario Barrionuevo y los dueños de una empresa constructora La medida fue tomada en relación a la causa que lleva adelante la fiscala Giannoni.

03 Dic 2017
1

CONVULSIÓN. El manejo de fondos para viviendas sociales en los últimos años derivó en pesquisas judiciales. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio

Las presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) llamaron la atención de diversos organismos. Ahora la repartición no sólo será investigada por la Justicia provincial y por la federal, sino también por el ente de control administrativo local: el Tribunal de Cuentas (TC).

A través del acuerdo 4.817, dictado el 21 de noviembre, el órgano de contralor determinó el inicio de una comprobación sumaria en el ámbito del Ipvdu. El proceso investigativo tendrá como eje al vínculo entre el coordinador de Programas Federales de la repartición, Lucas Barrionuevo, y los dueños de Marán. Esta es una constructora que recibió contrataciones directas del Instituto por casi $ 50 millones. En julio, el funcionario negó ante las cámaras de “Panorama Tucumano” -el programa de televisión de este diario- conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, propietarios de Marán. Sin embargo, se comprobó mediante las correspondientes actas de nacimiento que los constructores son sus sobrinos políticos.

Tras el informe periodístico, la fiscala provincial Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio. También se involucró el fiscal Pablo Camuña, quien analiza la posible comisión de delitos federales. Además, en el propio Ipvdu se abrió una investigación sumaria, cuya resolución fue suspendida hasta que haya un dictamen sobre el “caso Viviendas” en sede judicial.

Parte de la documentación que solicitó Giannoni al Ipvdu dentro de su investigación se encontraba en poder del TC. Por eso, representantes del Instituto pidieron al ente de control que les envíe los expedientes que requería la Justicia. Al autorizar el envío de los informes, los vocales del TC -Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci- mencionaron el hecho de que la investigación administrativa en el Ipvdu se haya suspendido. En contrapartida, determinaron que “corresponde disponer la sustanciación de una comprobación sumaria (...) a los fines de determinar y deslindar las responsabilidades emergentes de esta situación (el vínculo entre Barrionuevo y los hermanos Nieva)”.

Otros elementos

Además de estar vinculado a los dueños de Marán, Barrionuevo enfrenta otro tipo de denuncias. En una carta al director publicada por este diario el 3 de agosto, el arquitecto y empresario de la construcción Javier Zerda denunció al funcionario por un pedido de coima. “El señor Lucas Barrionuevo (...) me pidió para él un departamento para agilizarme la gestión y sacarme el pago del anticipo”, sostuvo Zerda en su misiva. Días después, el arquitecto ratificó sus declaraciones ante Giannoni.

Además, se investiga el patrimonio de Barrionuevo y el de otro de los funcionarios más relevantes de la última gestión del Ipvdu. Se trata del ex coordinador de Políticas Habitacionales, Miguel Jiménez Augier, quien fue separado de su cargo por el gobernador Juan Manzur. El mandatario decidió su desvinculación en medio de un escándalo judicial que se desató cuando, en el marco de la investigación por el “caso Viviendas”, la Justicia determinó que Jiménez Augier tenía $ 500.000 dólares en una caja de seguridad.

Según deslizaron fuentes judiciales, en el fuero penal se analiza la posibilidad de imputar por presunto enriquecimiento ilícito a ambos funcionarios. Esta alternativa cobró fuerza en base a una serie de medidas que se tomaron en las últimas semanas.

En el caso de Jiménez Augier, de acuerdo a personal de la fiscalía que conduce Giannoni, el crecimiento patrimonial del funcionario echado desde el 2008 habría llamado la atención de los investigadores. Al medio millón de dólares del ex coordinador se sumarían numerosas propiedades, inmuebles y diversos automotores, además de reiterados viajes al exterior. Por otra parte, su ex pareja, Patricia Ábalos, declaró ante la fiscala que no tenía conocimiento de las propiedades del funcionario.

Además, esta semana se llevó a cabo un allanamiento en un inmueble de Barrionuevo en el barrio privado Los Olivos. Se designará un perito tasador para que calcule el valor de la propiedad, de acuerdo a las personas que participaron del operativo. Además, se habrían encontrado gran cantidad de bienes que también serán tenidos en cuenta como parte del patrimonio del funcionario.

Comentarios