El final del camino para las aduanas interiores

Luis Alberto Comba - Tributarista

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció en la causa Cargill contra la provincia de Santa Fe, sentando una impecable doctrina judicial que debería ser urgentemente analizada por las autoridades fiscales de Tucumán.

En el caso se trataba la existencia de alícuotas diferenciales para productos o contribuyentes de otra jurisdicción, con relación a los responsables locales de esa provincia.

Este es un tema que atañe a la totalidad de las provincias, por cuanto todas tienen este tipo de normas que han sido declaradas inconstitucionales y Tucumán no es una excepción.

Se puede citar como ejemplo las alícuotas reducidas para establecimientos ubicados en la provincia, en desmedro de similares productos que llegan desde otros distritos (a este caso se refería la causa que comentamos). O el patentamiento de vehículos adquiridos en otra jurisdicción.

Sin embargo, lo importante para destacar es que el resultado de la sentencia de la Corte era obvia para todos quienes son tributaristas o constitucionalistas. Incluso hasta para un alumno avanzado de las carreras de contador público o abogacía.

La violación a claras garantías constitucionales, con la configuración de verdaderas aduanas interiores, eran tan claras que no podía esperarse un sentido distinto al fallo.

Y la pregunta a formularse es, entonces, ¿no deberían tener similar nivel de conocimiento los empleados del Estado que deciden la aplicación de estas normas? ¿o no les importa el derecho de los ciudadanos?

Por supuesto que se entiende esto cuando la misma Dirección General de Rentas de Tucumán no acata la doctrina de la Corte de Justicia provincial, porque considera que sus fallos son desacertados, ante la existencia de doctrina que -según su criterio- juzga diferente de la Corte de la Nación.

Cualquiera sea la respuesta que demos a las preguntas formuladas, no es algo que sea bueno para la vida en una república. Es imprescindible que nuestra provincia adecue su normativa y respete las decisiones judiciales. Es una tarea esencial, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, generar los cuerpos consultivos que conozcan de estos temas y los asesoren adecuadamente. ¡Los ciudadanos de la Provincia se lo merecen!