Las veredas deterioradas del centro de la ciudad

22 Nov 2017 Por LA GACETA

Hace ya tiempo, era un lugar de encuentro, donde a una determinada hora se sacaba la silla para tomar mate o en las fiestas de fin de año, luego de las 12 de la noche, muchas familias salían de su casa y entreveraban la alegría con sus vecinos. Los más nostálgicos evocan la rayuela o el trompo, protagonistas de la vereda. “De pibes la llamamos: ‘la vedera’ y a ella le gustó que la quisiéramos, en su torno sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera, con sus lindas trenzas a la ventana”, escribió Julio Cortázar. Ese espíritu lúdico parece haberse extraviado hace mucho en la desidia de muchos tucumanos que mantienen en mal estado las veredas y de la ineficiencia municipal. Sentarse en la vereda implica ahora ser blanco de los delincuentes.

Basta dar una vuelta rápida por el centro para descubrir una gran cantidad de veredas rotas, que a menudo causan la queja de los transeúntes, especialmente de los que tienen una discapacidad motriz o visual, o de las madres que circulan con sus bebés en cochecitos.

En diciembre pasado una arquitecta dijo que el 45% de las calles y veredas de la ciudad estaban deterioradas; no tenían mantenimiento ni tampoco se pensaba en la especie arbórea adecuada antes de plantarla, para evitar que sus raíces levanten las veredas. Afirmó que el centro estaba lleno de baldosas flojas, de árboles mal ubicados, señales y carteles que obstruían la circulación, motos y bicicletas mal estacionados, desniveles rampas mal hechas, mesas y sillas de bares mal alineadas, toldos bajos, obras en construcción que invadían la circulación peatonal y bolsas de basura diseminadas. Esta realidad se viene profundizando desde hace años. Un relevamiento realizado en 2012 en un radio de 42 manzanas del centro mostró que 200 eran las veredas con distintos tipos de roturas.

Las ordenanzas 3.964 y 3.974, sancionadas en 2008, obligan al municipio a informar al vecino que tenga deteriorado el piso de la acera o que no cumpla con las normas vigentes, que deberá efectuar la reparación en forma inmediata. El plazo que disponen los frentistas desde la intimación hasta que se efectúa el arreglo de la vereda es de 90 días; las multas oscilan entre $3.000 y $6.000.

Pero no sólo en la capital se cuecen habas. Ser discapacitado y vivir en Yerba Buena significa seguramente un serio problema para el desplazamiento peatonal porque una buena parte de la ciudad carece de veredas. Deben padecer también los vecinos que carecen de vehículos, cuando llueve. El pasto se anega fácilmente y las personas deben circular por las calles, muchas veces convertidas en ríos cuando la precipitación es intensa.

Si un peatón tropieza en una vereda rota, se cae y se quiebra, ¿quién se hace responsable? ¿Quién paga los gastos sanatoriales? ¿El frentista? ¿El intendente y sus funcionarios? ¿Por qué estos no hacen cumplir la normativa? Efectuar un censo de las veredas rotas no pareciera ser muy complicado. Ello permitiría detectar los lugares en que estas se hallan y efectuar las intimaciones correspondientes a los propietarios y multarlos, en caso de que no efectuaran el arreglo.

Tal vez los funcionarios son ajenos a esta realidad porque no caminan su ciudad o se desplazan en vehículos. De otro modo no se explica la inacción y su indiferencia por el peatón.

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