La Rosada quiere “ver” casos de la Justicia local

18 Nov 2017
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CUATRO OJOS DE LA NACIÓN EN LA JUSTICIA DE TUCUMÁN. Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. la gaceta / fotos de diego aráoz - jorge olmo sgrosso

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició los trámites para que dos letrados, el dirigente radical Juan Roberto Robles y la funcionaria Ana Colombres Garmendia, accedan a 33 procesos de los Tribunales provinciales. El pedido de autorización para “tomar vista y extraer copias” ingresó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ayer a la mañana. La nota dirigida a Antonio Gandur, presidente saliente del alto tribunal (el 27 de noviembre comienza el mandato de Daniel Posse), lleva la firma de Alejandro Javier Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. El Gobierno de Juan Manzur tomó con cautela la noticia. “La Corte debe considerar si esto corresponde”, opinó el ministro Regino Amado (se informa por separado).

Collia solicitó a Gandur la colaboración del Cuerpo de Auditores de la Corte para el supuesto de que lo requiriesen Robles y Colombres Garmendia. El conjunto de procesos judiciales enumerados incluye desde casos penales sensibles, y de interés público e institucional hasta juicios de familia (ver “El listado”). Esta nómina inicial no estaría cerrada: fuentes de la Nación sugirieron que podrían incorporarse otras causas en el futuro.

La petición de Collia ya pasó a consideración de los otros cuatro vocales de la Corte: René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Posse. No está claro todavía si el alto tribunal esperará a que Estofán regrese de sus vacaciones (a fin de mes) para tomar una decisión. Ayer por la tarde, Colombres Garmendia y Juan Andrés Robles, hijo de Juan Roberto Robles, solicitaron una audiencia con la Corte en pleno o, en su defecto, con el presidente en funciones.

“No puedo hacer comentarios a la prensa sin autorización de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Debemos ser prudentes”, explicó Colombres Garmendia, quien se desempeña como delegada local de la dependencia que encabeza Claudio Avruj. La funcionaria es prima del macrista Alberto Colombres Garmendia, legislador de Cambiemos. Juan Roberto Robles, por su parte, no pudo ser contactado porque estaba en Tafí del Valle, en un punto con escasa señal telefónica. Robles fue legislador y convencional constituyente de la Unión Cívica Radical, y actúa profesionalmente en al menos una de las causas afectadas al control. Se supone que Ana Colombres Garmendia revisará los expedientes donde interviene Robles, pero tampoco está claro cómo funcionará el dúo de veedores y qué instrucciones recibieron. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, oficina que en última instancia depende del ministro Germán Garavano, dijeron que más adelante brindarán información sobre las consignas impartidas a los dos letrados tucumanos. Existe la intención de convocar una rueda de prensa este martes, pero tampoco está confirmada.

La sola presentación de la nota de Collia generó una ola de especulaciones en las instituciones públicas. Ese escrito dice que la Nación designó a Colombres Garmendia y a Robles en enero de este año. La posibilidad del envío de veedores a la Justicia provincial se baraja desde que el presidente Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Distintos actores institucionales y protagonistas de casos judiciales emblemáticos de la provincia habían solicitado a Garavano que activara la veeduría en Tucumán. Trascendió que los dos políticos radicales más vinculados a la Nación, el diputado electo José Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez, fueron promotores activos de la iniciativa.

La presencia de veedores en la Justicia de Tucumán no es novedosa. En 2013, el abogado Bernardo Lobo Bugeau analizó la causa “Lebbos” con el paraguas de la Nación. Como consecuencia de esa acción, el ex fiscal Carlos Albaca perdió el control sobre el expediente: fue el inicio del camino que lo llevó a renunciar a la Fiscalía N°2 de la capital y a enfrentar -como imputado- una causa por el supuesto encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.

LA NÓMINA.- Un conjunto de 33 procesos de la Justicia provincial enumera la presentación de Alejandro Javier Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. El documento solicita a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán autorización para acceder a tomar vistas y extraer copias de las causas mencionadas: 19 pertenecen al fuero penal mientras que una al fuero correccional y las 13 restantes corresponden al fuero de familia de la capital. Respecto de este último grupo, y con el fin de resguardar las identidades de los niños y adolescentes, este diario indica que dos juicios no tienen oficina jurisdiccional asociada mientras que uno pertenece al Juzgado de Familia N°1; uno al Juzgado de Familia N°2; tres al Juzgado de Familia N°4; dos al Juzgado de Familia N°5; dos al Juzgado de Familia N°7 y dos a la Cámara de Familia y Sucesiones. A continuación se consignan las causas penales en el orden que aparecen en el listado de Collia.

1) “Manzur”.-(Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital). Denuncia de 2013 por supuesto enriquecimiento ilícito contra el gobernador Juan Manzur.

2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal”.- Fiscalía de Instrucción N°1 de la capital. Denuncia contra los vocales del Tribunal de Cuentas: Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

3) “Poder Legislativo”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia de 2015 por el uso de fondos para gastos sociales legislativos.

4) “Khoder”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de la capital. Denuncia contra el legislador oficialista Zacarías Khoder.

5) “Yedlin”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia de 2010 contra Manzur, el funcionario Pablo Yedlin y otros (causa “Funsal”).

6) “Jiménez”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez.

7) “Jiménez y otros”.-Fiscalía de Instrucción N°9 de la capital. Denuncia contra Jiménez; los jueces Mirta Lenis y Eudoro Albo; el fiscal Carlos Sale y el abogado Tomás Robert.

8) “Paz”.- Fiscalía de Instrucción N°5 de la capital. Denuncia contra el ex presidente de la Asociación de Magistrados, Roberto Paz.

9) “Pisa”.-Fiscalía de Instrucción N°6 de la capital. Denuncia contra el juez de Instrucción N°3, Juan Francisco Pisa.

10) “Yapura Astorga”.-Fiscalía de Instrucción N°2 de Monteros. Denuncia contra el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga.

11) “Lebbos”.- Proceso iniciado en 2006 por el homicidio de Paulina Lebbos.

12) “Albaca”.- Actuación iniciada en 2014 contra el ex fiscal N°2, Carlos Albaca, por el caso “Lebbos”.

13) “Brito”.-Denuncia de 2012 contra Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

14) “Teves”.-Denuncia de 2009 contra Roxana Teves y otros.

15) “Falú”.-Denuncia de 2015 contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

16) “Rigourd”.-Denuncias de 2014 contra el empresario Jorge Rigourd.

17) “Valdez”.-Denuncia de 2014 contra el clan Ale y otros.

18) “Jorrat”.-Denuncia de 2011 por la usurpación de un terreno que implica a los Ale.

19) “Pérez”.-Denuncia de 2014 instruida por el ex fiscal Guillermo Herrera.

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