El cuarto intermedio les sienta bien

16 Nov 2017

Cuarto intermedio. Esa es la frase que más suena en las cabezas de los gobernadores y de sus ministros de Economía. Un cuarto intermedio para pensar y no tomar decisiones apresuradas que pueden llevar hacia un camino sin retorno para aquellos distritos que, aún hoy, pueden mostrar una situación de equilibrio fiscal en sus cuentas públicas.

Los mandatarios saben que no pueden esquivar el clamor de la Casa Rosada por avanzar con las reformas estructurales.

En materia previsional, esos gobernadores no quieren asumir responsabilidades que después no podrán cumplir. Absorber cajas jubilatorias no está ni en el más mínimo de los análisis.

En la cuestión laboral, jurisdicciones como Tucumán ni piensan en reducir el plantel. Se sabe que, en la actualidad, hay poco más de 110.000 agentes estatales que se desempeñan en oficinas públicas provinciales, pero el agujero negro siguen siendo los municipios y las comunas rurales. Ninguna de esas dependencias ha denunciado cuántos empleados tienen. Forman parte de aquel ejército de agentes globales. Será por eso que la gestión del gobernador Juan Manzur figura entre los que incumplen una de las pautas que establece el régimen de Responsabilidad Fiscal: sincerar la nómina de trabajadores. No está en ningún sitio oficial el detalle de la tarea que desempeñan esos empleados. Por esa razón, Tucumán está en el lote intermedio de provincias que apenas cumplen con el sistema de transparencia, de acuerdo con la evaluación que hizo recientemente la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La reforma impositiva es tal vez la más complicada, porque pega en la caja provincial. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, viene galopando sobre un potro difícil de domar en las provincias: la eliminación de un impuesto tan distorsivo como necesario para las gestiones del interior, como lo es Ingresos Brutos. Los primeros cálculos de Tucumán sostienen que una reducción gradual de la columna vertebral de la recaudación provincial puede significar un desfinanciamiento de entre $ 2.000 millones y $ 3.000 millones al año, según los porcentajes sugeridos por la Nación para la desaparición gradual de esta carga tributaria. Aún más, no hay planes de erradicación sencillamente porque no hay manera de compensarlo, sostienen en la Casa de Gobierno tucumana.

El paquete reformista hace demasiado ruido a los mandatarios provinciales que ayer se reunieron en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la sorpresiva visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio. La idea de los funcionarios del presidente Mauricio Macri es que el paquete de reformas propuestas acelere su tratamiento en el Congreso, con los gobernadores como aliados. De ser posible, el Gobierno nacional considera oportuno sancionar las normas antes del recambio que se producirá en ambas cámaras del Parlamento nacional. Y aquí surge otra cuestión que le hace ruido a los mandatarios: una vez firmado los acuerdos básicos, las Legislaturas de las provincias firmantes tendrán que aprobar las adhesiones en los 30 días subsiguientes. El miedo se instaló frente a la posibilidad que aquellas jurisdicciones que no rubriquen el acuerdo, queden relegadas, por ejemplo, con asistencias propias para la ejecución de obras públicas. Alguien, por caso, mencionó la pérdida de las partidas del Fondo Federal Solidario, aquel que llega con lo producido por la soja. Sólo una especulación porque está garantizado por la Nación, al menos en los papeles, en el proyecto de Presupuesto Nacional 2018.

Los acuerdos básicos figuran como parte de la política gradualista que impera en la Argentina. Sin embargo, muchos distritos (de allí las cumbres interjurisdiccionales) creen que se aplicó el shock. Y que la Nación avanza con prisa y sin pausa hacia las metas trazadas. Hay un fantasma que asusta: el elevado déficit fiscal, ese que los inversores ponen bajo la lupa antes de definir sus negocios. Las cartas están sobre la mesa. Mauricio Macri querrá que hoy la mayoría de los gobernadores firmen los acuerdos. Algunos irán con la idea de solicitar un cuarto intermedio.

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