Tras los reclamos, el Gobierno hace tres designaciones

28 Oct 2017

La Casa de Gobierno no ejercía la facultad de designar jueces desde mayo. El 25 de octubre y tras los reclamos de diferentes instituciones por la falta de nombramientos, entre ellas la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el gobernador Juan Manzur definió tres de las 13 ternas que tiene a su disposición: una para cada centro judicial de la provincia. Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, informó que el mandatario se decidió por Eugenia María Posse para la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°3 de Monteros; por María Victoria Gómez Tacconi para el Juzgado de Documentos y Locaciones N°2 de la Capital, y por Ana Carolina Cano para la Cámara de Familia y Sucesiones de Concepción. Los pliegos escogidos ingresaron ya al Poder Legislativo, que debe prestar acuerdo. Recién entonces, las nuevas juezas jurarán en sus cargos.

La última tanda de nombramientos confirmó que Manzur mantendrá la política de exclusión del postulante Carlos Eduardo López, quien ya acumulaba siete vetos por parte del ex gobernador José Alperovich (se informa por separado). Posse, la aspirante escogida, cerraba el terceto que lideraba Facundo Maggio seguido de López. Maggio fue descartado por segunda vez: cinco meses atrás, Manzur había intentado nombrarlo juez de Instrucción en lo Penal N°2, pero, por los reclamos de organizaciones de derechos humanos, volvió sobre sus pasos y retiró la designación. La terna para aquel cargo crítico aguarda la resolución del Poder Ejecutivo desde marzo, junto a otras nueve remitidas este año por el Consejo Asesor de la Magistratura (ver nombres por aparte).

“El Gobierno consideró que este era el momento oportuno para nombrar tres juezas. Más adelante haremos las demás designaciones”, explicó el ministro Amado respecto de las diez ternas restantes. La ley que establece la potestad del Poder Ejecutivo para nombrar jueces no fija plazos: esta circunstancia es cuestionada por el Colegio de Abogados de la Capital, que el jueves inició un juicio ante la Corte para acotar los márgenes de la prerrogativa (se informa por separado). El 17 de octubre, luego de que el alto tribunal recordara al Poder Ejecutivo que debía llenar las vacantes judiciales mediante una acordada firmada por unanimidad, Amado había dicho: “cumplimos con la ley y esta no establece tiempos. El gobernador debe designar cuando le parezca oportuno y a quien le parezca. Dije que a finales de octubre iba a haber novedades y todavía falta”.

Una nueva vacante

El orden jurídico autoriza a Manzur a designar a cualquiera de los aspirantes ternados. En 2012 y a instancias de López, la Corte consideró que el Gobierno tampoco debía justificar las exclusiones sistemáticas con los votos de los vocales Antonio Estofán, René Goane, Antonio Gandur y Claudia Sbdar. Manzur se inclinó por la ganadora del concurso sólo en el caso de Gómez Tacconi, que es funcionaria de la Cámara en Documentos y Locaciones de la capital. Completaban esta terna los postulantes Ezequiel Stordeur de Zavalía y María Inés Barros de Araujo. Posse, que es relatora de la Cámara Penal y hermana de María José Posse, camarista civil de Concepción, había terminado en tercer lugar. Cano, que es defensora de Menores N°1 en Concepción y cónyuge del fiscal Edgardo Sánchez, ocupaba el segundo puesto, después de Mariana Rey Galindo (asumió en febrero como jueza en Monteros) y antes de la jueza de Banda del Río Salí, Andrea Fabiana Segura. El ascenso otorgado a Cano implica, en consecuencia, la generación de una nueva vacante judicial, cosa que también iba a ocurrir si el PE elegía a Rey Galindo o a Segura.

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