El poder de las mafias

28 Oct 2017 Por Roberto Delgado

Lo que se esconde detrás del video de Guillermo Gassenbauer no se va a investigar, por dos motivos. Uno, esencial, es que se trata de un acto privado, que tomó trascendencia por la ferocidad descontrolada de las redes sociales, capaces de difundir peleas, actos sexuales, violaciones, agresiones y violencia física sin escrúpulos ni reacciones. Da lo mismo que se apalee a un presunto ladrón, que una mujer o un hombre sean escrachados en un encuentro íntimo o que alguien aspire cocaína.

El atractivo y la condena están listos. Ningún fiscal va a investigar un acto privado y, mucho menos, difundido de manera tramposa (puede haber sido editado, tuneado, trucado y por eso la ley no acepta esas triquiñuelas, incluso cuando pueda tratarse de una prueba de un delito). En segundo lugar, porque no hay una violación a la ley. El video (del cual se puede hablar porque Gassenbauer aceptó tratar el tema con LA GACETA) muestra un acto de consumo, no compraventa ni tráfico de estupefacientes. Un consumidor no quiebra la norma, pese a que todo el aparato persecutorio policial argentino se dedica a perseguir y detener sobre todo a los adictos. ¿Habrá pesquisa judicial por el video? Improbable. La Justicia Federal tiene un teléfono con whatsapp para denuncias electorales. Allí llegaron dos presentaciones con el video. El fiscal I, Carlos Brito, quien las recibió, las envió al juez Horacio Poviña, quien le encargaría el asunto al fiscal de turno, Pablo Camuña.

En la filmación, una persona parece convidarle droga a la otra -lo que es punible- y en otra parte del video una chica dice “me has quebrado”, lo que indicaría una presión. Por otra parte, ni siquiera hay denuncias por presunta extorsión -¿quién filmó al legislador? ¿Acaso la chica que lo acompaña y habla en el video?-. La Justicia no investiga posibles delitos de índole personal -como la difusión de una filmación íntima- a menos que el afectado lo reclame específicamente.

Lo que se esconde detrás del video es una mafia intocable, bien enquistada en el amplio mundo de la política y el poder, capacitada para hacer “carpetazos” en cualquier momento. Se dice que hay al menos tres grupos que tenían este video desde hace tres años. ¿Habrá mas? ¿Y de otras personas? ¿Videos, escuchas telefónicas, seguimientos de infracciones a la moral o al buen comportamiento de gente conocida? Es tan fácil para los hackers robar contenido de computadoras o celulares que la posibilidad asusta.

Es muy fácil filmar a una persona y eso también asusta. Se salvan, eso sí, quienes no se meten en el camino y los intereses de estos grupos de poder. Hacia allí podría avanzar una buena pesquisa judicial, pero ni el sistema legal ni la justicia están preparados para enfrentar esto. Al legislador lo sacudió el “carpetazo” y su destino público depende de sus relaciones políticas. Otras personas han sufrido por la difusión de video íntimos -acaso mucho peores para su imagen pública- y nadie las ha acompañado en su espantosa incineración, ni el sistema judicial ha podido hacer algo para socorrerlas.

Esa impunidad... ¿tiene que ver con el mundo oscuro y la hipocresía que subyacen tras el sistema político? Una lectora ha planteado en las cartas a LA GACETA que Gassenbauer debería denunciar a quien le ha entregado o vendido la droga, porque el “dealer” está participando en el narconegocio y hace víctimas a muchas personas con su actividad. Y acá entra la contradicción. Muy poco se sabe de consumo de sustancias como éxtasis o de cocaína o marihuana en clases medias o altas. En este país se persigue fundamentalmente a adictos o a pequeños vendedores de barrios pobres, y es raro encontrar causas en otros sectores sociales. ¿No se consume ahí?

Según el informe de la Sedronar de este año, desde 2010 se ha triplicado el consumo entre los adolescentes y éstos dicen que no tienen problemas en conseguir marihuana en menos de 24 horas. Pero en las crónicas de operativos sólo aparecen adictos de barrios pobres, o dealers dedicados al narcomenudeo también en esas mismas barriadas. Claro que el aumento del consumo se refleja también en el aumento de la oferta, sobre todo en los barrios periféricos, donde cada hecho de violencia es asociado por los vecinos a la droga, devenida en la explicación del mal.

Hay hechos que han dado la idea de que se rompía esa impunidad, y son los casos de bandas narcos detenidas en los últimos tiempos, como el de la “jefa” Carla Sánchez y de las traficantes “La Cabezona” Gómez y “La Negra” Soria, así como el del ex empleado legislativo Julio César Trayán, que manejaba una banda con vínculos internacionales. Precisamente cuando se detuvo a Trayán, que trabajaba en un bloque de la Legislatura, se pensó que se iban a encontrar ramificaciones que podrían comprometer al sistema político, tal como denunció en su momento el radical José Cano.

Pero las pesquisas sobre Trayán -un año de escuchas judiciales- no arrojaron indicios de ese tipo de vínculos, según dijo el fiscal Camuña. El casoTrayán pareció en su momento la nueva oportunidad para investigar lo que en 2009 había denunciado el entonces legislador Pedro Balceda, cuando dijo que había punteros políticos que usaban a los vendedores de droga. Dos días más tarde, recibió un sobre con paco en su despacho; 10 días después aclaró que se había referido a Buenos Aires y, genéricamente, al país. Nadie investigó nada. ¿Mafias de droga vinculadas a la política? Complicado. Hasta los mismos casos de narcotráfico “puro” son difíciles de investigar, a pesar de que se han duplicado los secuestros de estupefacientes en los últimos dos años. Muchos de los narcos de importancia como Los Monos en Rosario han caído por violencia y no por tráfico.

Camuña señala la dificultad de hacer escuchas a narcos que cambian de teléfono cada 10 días. El sistema favorece a las mafias y la estrategia norteamericana de prohibición acompañada de represión -que este gobierno está promoviendo a rajatabla- no ha probado su eficacia. Hay mucho detenido, mucho estupefaciente secuestrado pero la situación social en los barrios pobres es cada vez peor y la violencia se extiende. En el medio, una persona de clase media (o en este caso, un político) pueden tranquilamente conseguir y consumir sin riesgos... a menos que la mafia los escrache viralizando un video, o que sucedan situaciones insólitas, como la del legislador Emiliano Vargas Aignasse, sorprendido y avergonzado en un control de tránsito en el que le encontraron marihuana.

Hay otras mafias más densas que la de los “carpetazos”. Una es la que asesinó el lunes a la noche al policía Juan Domingo Andina en Próspero Mena y avenida Independencia. El hombre iba como acompañante en moto con su socio Luis Batallán. Fueron rodeados por cuatro motos, le dieron un balazo en la cabeza y luego lo remataron en el pavimento. Le quitaron un bolso que, según Batallán, contenía $ 100.000. Ambos se dedicaban a comprar dólares a la mañana en la city y a venderlos a la noche en la ex terminal de ómnibus a quienes viajan a Bolivia a hacer compras. ¿Quién los atacó? ¿Sabían de su actividad como “arbolitos”?

Esa noche se hablaba de que llevaban casi un millón de pesos pero cuando Batallán -que no es policía- explicó cómo operaban, dijo que habían comenzado con ahorros de Andina (cuya familia “tiene caña”) y un préstamo en el banco que sacó Batallán. ¿Qué se conocerá de esta actividad de compraventa de divisas en negro? Se sabe que hay un detenido que se presentó espontáneamente. También, que Andina trabajaba como custodio en Casa de Gobierno, donde estaba asignado al cuidado del senador José Alperovich (no se entiende por qué, siendo parlamentario nacional, el ex gobernador tiene custodia de la policía provincial). También se sabe que el hombre asesinado estaba desde hace una semana sin uso de su pistola, que le habían retirado a causa de que protagonizó un incidente familiar. Ninguno de sus jefes en el área Custodias de Casa de Gobierno sabía que, siendo policía, tenía esa tarea paralela. Tampoco, que esa noche circulaba en una moto, sin armas, llevando una mochila con 100.000 pesos. Rodeado de circunstancias extrañas en su vida personal y laboral, cayó atrapado por sicarios de una mafia asesina desconocida, más oculta que la de los “carpetazos”, que opera en nuestra provincia.

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