Campero rechaza un pedido de informes sobre Aranda, por “ilegítimo”

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, rechazó un pedido de informes que había solicitado el presidente del Concejo, Benjamín Zelaya, para esclarecer si el dirigente Rodolfo Aranda cometió irregularidades cuando se desempeñaba como funcionario municipal. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se indicó que la comisión especial creada para esclarecer el presunto cobro ilegal de tributos no tiene esa potestad.

“La comisión investigadora que requiere el informe fue creada por una resolución dictada por el Presidente, careciendo de basamento legal que sustente su conformación”, se rechazó en el expediente que lleva la firma de Gabriel Sabaté, director de Asuntos Jurídicos, y rubricado también por Campero.

La negativa municipal marca un nuevo capítulo en el conflicto entre dos sectores de la Unión Cívica Radical, que desataron un terremoto político en el Concejo yerbabuenense. Zelaya (presidente del Concejo), Héctor Aguirre (vice primero) y Lucas Cerúsico (vice segundo), habían presentado en marzo un proyecto de ordenanza que crea una comisión investigadora para “evaluar las posibles negligencias en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio del director de Saneamiento (por Rodolfo Aranda), relacionadas con el cobro ambulante y arbitrario de tasas municipales”, según rezaba el texto.

El proyecto de ordenanza para crear el comité había sido presentado luego de que Aranda interpusiera un recurso de amparo en la Justicia para asumir la banca que Lisandro Argiró abandonó, cuando juró como secretario de Gobierno de Campero.

El proyecto del también radical Zelaya había sido sancionado en una sesión extraordinaria y luego fue vetado por Campero. El presidente del cuerpo insistió con pedidos de informes para esclarecer si Aranda había incurrido en una irregularidad.

“La comisión investigadora creada mediante una resolución transgrede flagrantemente la normativa y por lo tanto resulta ilegítima y carente de toda facultad para requerir el informe fuera del Concejo”, reza el informe. De esta manera, Campero mantiene firme su apoyo con Aranda.

“Resulta ilegítima y carente de toda facultad para requerir el informe obrante y para investigar hechos o conducta alguna fuera del ámbito del Concejo” , insistió Sabaté.

Y alertó sobre el riesgo de que, si el municipio respondiera el informe solicitado por la comisión, podría comprometerse legalmente a la Intendencia: “la pretensión de investigar hechos o personas ajenas al ámbito del Concejo Deliberante en el marco legal que pretende sustentarse la comisión investigadora podría incluso comprometer la responsabilidad del municipio ante el accionar ilegal de uno de sus poderes, pudiendo configurarse además una hipótesis de abuso de autoridad por parte del presidente del cuerpo”.

Zelaya rubricó el pedido de informes porque debe canalizar, como titular del Concejo, los expedientes ante el Departamento Ejecutivo.