Abogados sugieren limitar en el CAM a los otros estamentos

Abogados sugieren limitar en el CAM a los otros estamentos

Letrados debaten sobre su rol en el órgano

03 Octubre 2017

“¿Cuál es o debería ser la función de los consejeros que representan a la abogacía?”, preguntó LA GACETA a todas las listas de abogados de la capital y del sur que pugnan por ocupar cuatro sillas -dos titulares y dos suplentes para cada jurisdicción- en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Las respuestas recibidas plantearon diferentes posibilidades: desde poner límites a los otros estamentos (legisladores, jueces y Corte Suprema de Justicia de Tucumán) hasta representar los intereses de la sociedad y ayudar a rendir a los colegas que aspiran a convertirse en jueces (dos fórmulas no respondieron todavía el cuestionario de LA GACETA).

Los letrados matriculados elegirán representantes el 9 de octubre. En la capital compiten cinco listas: Marcelo Fajre-Julieta Tejerizo; Rodolfo Gilli-José Adle; Marcelo Seidán-Pablo Cifre; Jorge Conrado Martínez-Alfredo Falú y Martín Robles Levin-Susana López. Cuatro binomios se inscribieron para el sur: Pamela Ibarra-Luciano Antezana; Diego Vals-Martín Tello; Ricardo Maturana-Silvia Rivero, y Rubén Zingale-Gabriel Álvarez.

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Ibarra y Antezana dijeron que los consejeros de la abogacía debían desempeñar su mandato teniendo presente en todo momento que no están en el CAM para representarse a sí mismos o a sus políticos afines: “están llamados a representar a los colegiados en su totalidad, tanto a la mayoría que los colocó en el cargo como a la minoría que votó a otros candidatos”.

Vals y Tello (consejero titular saliente) respondieron que su función es llevar el aporte de toda la abogacía para mejorar los procesos del CAM: “es una función de servicio que requiere dejar de lado las ambiciones personales en beneficio del bien común. Cada estamento hace su aporte en función de los requerimientos y necesidades de sus representados. Los consejeros de la abogacía tienen que garantizar que los colegas que ejercen la profesión libremente puedan ser seleccionados en igualdad de condiciones”.

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Seidán y Cifre coincidieron en cierta medida: “nuestra función debería ser procurar que los mejores candidatos accedan a los cargos judiciales en el menor tiempo posible y en igualdad de condiciones con el fin de incrementar la calidad de servicio de justicia. Creemos vital que se incorporen a nuestros Tribunales abogados que ejercen la profesión: decimos esto porque observamos una preponderacia en el acceso de miembros del propio Poder Judicial”.

Martínez (consejero suplente saliente) y Falú expresaron que los consejeros de la abogacía debían luchar por un mayor reconocimiento del antecedente de la antigüedad en el ejercicio profesional y de la cantidad de casos atendidos. “Nos corresponde asesorar y apoyar al abogado que ejerce libremente la profesión en los concursos en los que participen, tal y como hizo Martínez en este período aún en su carácter de suplente tanto en concursos de la capital como del sur”, añadieron.

“La función principal del consejero de la abogacía es seleccionar a los mejores magistrados equilibrando la balanza, y poniendo un freno a las pretensiones de los estamentos políticos y judiciales. Creemos que los mejores jueces provienen del ejercicio activo de la profesión”, dijeron Gilli y Adle.

Fajre (fue suplente en la gestión inicial de 2009-2011) y Tejerizo consideraron que debían representar los intereses de sus colegas en los procesos de preselección de magistrados y en la Escuela Judicial. “Nuestra decidida intervención en el primer CAM determinó, entre otros aspectos centrales, la transparencia y celeridad de los concursos, y la calificación equilibrada de antecedentes. Lamentablemente advertimos un retroceso en los últimos dos años. Los representantes de la abogacía deben recuperar el protagonismo que tuvieron”, expresaron.

Robles Levin y López afirmaron que la función de los consejeros de la abogacía debe ser controlar, y participar en todas y cada una de las actividades y concursos del CAM con la misión de defender y priorizar los derechos de los ciudadanos y de los profesionales independientes. “Ello, sin olvidar la responsabilidad que implica ser consejero”, advirtieron.

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