Se reactiva la “máquina” de preselección de jueces

La gestión 2015-2017 del Consejo Asesor de la Magistratura finalizó un concurso público cada 17 días hábiles, según cálculos oficiales. El órgano mejoró el desempeño respecto del período anterior. En total, terminó 31 procesos: cuatro de ellos sin terceto.

01 Oct 2017

El ciclo de vida del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) cambia cada dos años: es el plazo de duración de los mandatos de sus autoridades. Cada dos años llega el momento de mirar hacia adelante, de la mano del trámite de renovación de las consejerías, pero también de mirar hacia atrás para sacar conclusiones y comparar. La operación electoral que definirá el futuro de la institución se desarrolla en simultáneo con la que evalúa su desempeño. A grandes trazos, los consejeros salientes pueden respirar aliviados puesto que la “máquina” de preselección de jueces exhibe una recuperación de productividad en comparación con la gestión anterior (ver “Números...”).

La productividad se mide por la cantidad de ternas de aspirantes a la magistratura confeccionadas a partir de la tramitación de concursos públicos de antecedentes y oposición. Entre finales de 2015 y el presente, el CAM remitió 27 tercetos al Poder Ejecutivo. Según datos oficiales, el organismo concluyó otros cuatro concursos sin que hubiese cantidad suficiente de candidatos en condiciones de ingresar a la terna: estos intentos fueron declarados desiertos y volvieron a ser convocados desde cero, a la espera de mejor suerte. Pero, además, la gestión que encabezó Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, deja cuatro procesos de preselección de jueces en la etapa definitoria. Ello implica que la próxima gestión -cuyo final de mandato coincide con los 10 años del órgano- “debutará” enviando propuestas de cobertura al Poder Ejecutivo. En el plazo 2015-2017, el CAM finalizó un concurso cada 17 días hábiles.

La recuperación que se advierte en los números supone una señal positiva en medio de una realidad compleja por la escasez de jueces. A los 37 concursos en trámite hay que sumar los 32 correspondientes a los cargos nuevos creados por la Legislatura a finales de 2016, cuya cobertura todavía no empezó. Pero, además, en el horizonte se asoma una ola de renuncias de jueces, en algunos casos motivadas por el esfuerzo de trabajo y adaptación que demandará la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. El mes pasado, el gobernador Juan Manzur aceptó cinco dimisiones de magistrados y otras más esperan su visto bueno. El CAM mejoró su desempeño, pero sus próximas autoridades se encontrarán con una carga de trabajo agobiante, sin contar las responsabilidades inherentes al manejo de la cada vez más demandante Escuela Judicial.

Pese a la reactivación, la gestión más productiva sigue siendo la primera: 2009-2011. Esta y la administración 2011-2013 se beneficiaron por la modalidad del concurso múltiple, que permitía celebrar un sólo proceso para cargos iguales. Esa opción desapareció en una reforma legal de 2010: su restablecimiento fue solicitado por esta gestión, que incluso envió un proyecto de ley a la Legislatura, sin frutos todavía. El concurso múltiple no sólo acelera los tiempos, sino que también ahorra dinero y simplifica la burocracia.

El CAM tiene una conducción compleja donde toman parte representantes del alto tribunal (Posse y René Goane); del Poder Legislativo (los justicialistas Fernando Juri; Javier Pucharras; Roque Cativa y Beatriz Rojkés, y los radicales Fernando Valdez y Raúl Albarracín), y de los jueces (Raúl Fermoselle, Jorge Carrasco, Carlos Caramuti y José Dantur) y abogados (José Adle, Jorge Conrado Martínez, Martín Tello y Rolando Granero) de la capital y del sur. Así integrado con 16 consejeros (ocho titulares y ocho suplentes), el órgano celebra concursos que constan de tres etapas: evaluación de los antecedentes, prueba de oposición y entrevista personal.

Sólo los procesos que llegan a su término con al menos tres finalistas dan origen a una terna. Esa propuesta es elevada al Poder Ejecutivo para que -en un plazo discrecional- elija a un aspirante y envíe su pliego a la Legislatura, donde la designación debe recibir el visto bueno luego de completar el trámite en la comisión correspondiente. La cobertura de vacantes judiciales concluye con el juramento del juez ante la Corte Suprema.

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