Analizan recurrir a la Justicia por la planta de energía solar de Amaicha

El bloque opositor Peronismo del Bicentenario objetó los “beneficios” y dudó de la empresa. El Ministerio de Producción dio precisiones sobre la firma. Legisladores advierten que el acuerdo fue con una sociedad francesa, pero que en el proyecto figura otra compañía

26 Sep 2017
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Las explicaciones del oficialismo sobre los “beneficios”, entre ellos impositivos, que el Gobierno podría otorgar a una empresa para la instalación de una planta de energía solar en Amaicha del Valle no bastaron a la oposición. El bloque Peronismo del Bicentenario, afín a Cambiemos, estudia recurrir a la Justicia para evitar que la iniciativa se concrete en los términos en los que fue planteada por el Poder Ejecutivo.

El legislador Christian Rodríguez advirtió que están de acuerdo con que se invierta y que se produzcan energías renovables en la provincia, pero afirmó que la sanción del proyecto que habilita las facilidades a los inversores fue “irregular”.

Junto a sus compañeros de bancada -Alfredo Toscano y Silvio Bellomío- esperan por estos días la decisión del gobernador Juan Manzur acerca de la iniciativa. “Si la promulga en vez de vetarla es factible que avancemos en la Justicia”, advirtió el parlamentario.

El peronista disidente puso énfasis en cuestionar algunos puntos del proyecto. Principalmente, el que trata la posibilidad de exenciones impositivas y el hecho de que no haya contado con dictamen de la comisión de Presupuesto (sólo de las de Energía y Economía). Además, añadió, que cuando se les presentó el texto en la Cámara, en abril, se les comunicó que la firma era francesa y que el documento que se trató el jueves en el recinto menciona otra empresa. “Fue creada en febrero y tiene un patrimonio de $100.000 para una inversión que implicará 250 millones de dólares”, cuestionó. Rodríguez es uno de los seis parlamentarios que votó en contra. El resto fueron Toscano, Bellomío, Alberto Colombres Garmendia (PRO), Luis Brodersen (Pro-A) y Claudio Viña (Fuerza Republicana). Otros disidentes votaron afirmativamente y algunos se ausentaron del recinto.

El jueves, tras un debate intenso, se aprobó el proyecto que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “beneficios para la instalación y operación” de ENR TUC S.A., con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Podrá, por ejemplo, exceptuarla del pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos durante 25 años; del de Sellos y de los que en el futuro puedan crearse para gravar la actividad.

Bellomío criticó entonces que se beneficie a una firma y que no se implemente un régimen de fomento. “Me parece una fachada el bien loable de la energía alternativa. Veo un muy buen negocio para una empresa”, dijo. Viña advirtió que se cedía una competencia legislativa en materia tributaria al Ejecutivo. Colombres Garmendia (PRO) aseguró que la empresa beneficiada no tendría empleados. “Los socios son dos sociedades con el mismo domicilio. Hay un tufillo raro. Los directores son abogados: están prestando nombre”, afirmó.

La firma

El ministro de Producción, Juan Luis Fernández, brindó a este diario la documentación sobre la composición de la empresa ENR TUC SA. La firma francesa con la que se firmó el acuerdo a principios de año es Neoen SA. Los proyectos de inversión en materia de renovables, se detalla en los escritos, requieren de la creación de sociedades de propósito específico. El 95% de las acciones de ENR TUC SA corresponden a Neoen Invesstisement y el 5% restante, a Neoen Servies. El capital de Neoen es de 100 millones de euros. Adjuntó, además, una cartilla con los antecedentes de obras que desarrolló para la generación de energía solar y eólica, principalmente, en Francia y en Portugal.

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