Manzur dice que no tomará créditos ni subirá impuestos para financiarse

27 Ago 2017 Por Marcelo Aguaysol

Las provincias afinan el lápiz. El mes que viene, el Gobierno nacional abrirá la caja y dirá, por ejemplo, cuánto dinero distribuirá en cada una de las jurisdicciones del país. A partir de esas previsiones, cada gobernador debe elaborar su presupuesto para 2018. En esta oportunidad, vendrá con dos situaciones que inquietan a los mandatarios. Por un lado, la adecuación de las finanzas públicas a las nuevas pautas de Responsabilidad Fiscal. Por el otro, la puja por la distribución de los fondos coparticipables, a partir del reclamo de la provincia de Buenos Aires por quedarse con gran parte de la torta que se distribuye por el Fondo del Conurbano. En resumen, los gobernadores no sólo tendrán que estar preocupados por ajustar las erogaciones por debajo de la pauta inflacionaria, sino también por el goteo de recursos federales en un escenario de compromisos crecientes.

En el caso de Tucumán, la presentación del Proyecto de Presupuesto 2018 puede esperar hasta fines de octubre, cuando venza el plazo constitucional para elevarlo a la Legislatura. También para después de las elecciones quedará el pedido de ampliación general del ejercicio de este año, algo que, usualmente, se cumplía promediando los primeros días de septiembre.

¿Cuáles son los números que maneja la Casa de Gobierno?

• La ampliación presupuestaria para este año rondaría los $ 3.500 millones, tomando en cuenta la necesidad de incorporar gastos vinculados con las últimas paritarias estatales. De esta manera, la ejecución de gastos del período apenas superaría los $ 58.000 millones, respecto del presupuesto vigente.

• Si se toma en cuenta lo que el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne planteó en la última reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a sus pares provinciales, el gasto público del año que viene no debería ser superior al 20%, tomando en cuenta la inflación proyectada para 2018, como también el nivel de crecimiento económico. Dujovne ha dejado en claro que el promedio de recursos originales para el ejercicio que viene promediará una expansión del 22,6% entre las 24 jurisdicciones del país.

• Así las cosas, el proyecto de Presupuesto 2018 contemplaría erogaciones cercanas a los $ 70.000 millones. Casi la mitad de esa partida sería para cubrir las obligaciones salariales anuales del sector público tucumano, es decir, los salarios de una dotación de más de 105.000 agentes, incluyendo a los municipios del Pacto Social y a las comunas rurales.

Y la otra cuestión: ¿de dónde surgirían los recursos para cubrir tanta necesidad financiera?

Hasta ahora sólo hay presunciones acerca de que el Gobierno nacional deberá enviar cerca del 70% del total de recursos que requiere el Estado provincial para funcionar. Ese es el promedio de los últimos años para las transferencias por coparticipación federal y leyes especiales. El restante 30% debe ser cubierto con la recaudación de impuestos provinciales y otros ingresos propios. Y aquí surgen las especulaciones.

En el peor de los casos, si prospera la pretensión de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal de que Buenos Aires se quede con el excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense, tal como lo planteó judicialmente, Tucumán puede llegar a perder ingresos por unos $ 3.000 millones, promedio anual. En el mejor de los casos, si se llegar a redistribuir en función de los porcentajes coparticipables, la resignación sería de tan sólo unos $ 500 millones.

¿Cómo se compensaría esta sangría de recursos?

Los gobernadores vienen hablando acerca del escenario que plantearían al presidente Mauricio Macri en caso de que prospere la iniciativa bonaerense: la redistribución de lo recaudado por el impuesto al Cheque, un tributo que, al igual que Ingresos Brutos provinciales, viene siendo resistido por el arco empresarial argentino. Ambos impuestos, además, forman parte de la reforma fiscal que quiere impulsar la Casa Rosada a partir del año próximo.

La recaudación del impuesto al Cheque prevista presupuestariamente para este año es de $ 164.933 millones (1,7% del PBI), mientras que se proyectan $195.116 millones para 2018, en caso de que se mantenga el tributo. Su vigencia expira a fines de año, advierte un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La desaparición de ese tributo podría implicar una merma de casi $ 1.500 millones anuales para Tucumán. Pero si se coparticipa con los actuales porcentajes, la provincia podría obtener en 2018 un ingreso de $ 3.388 millones, de acuerdo con los cálculos de la consultora que dirige el economista cordobés Nadin Argañaraz. El argumento que plantea la liga de gobernadores para repartir lo producido por aquel impuesto es el mismo de siempre: las provincias tienen a su cargo la prestación de más servicios públicos esenciales ante una demanda casi infinita de la sociedad por salud, educación o seguridad, por mencionar algunos.

Esa será la discusión que se dará antes, durante y después de las elecciones parlamentarias del 22 de octubre próximo.

¿Qué dice Manzur?

El gobernador tucumano Juan Manzur admite que, junto con sus pares del justicialismo, están preocupados por las inequidades a la hora del reparto de los recursos federales. Y que, más temprano que tarde, la Casa Rosada debe replantear la relación fiscal con las provincias, pero no sólo en la necesidad de ajustar los gastos, sino también en distribuir los ingresos extras.

“Uno se acostumbra a vivir con lo justo, es decir, a no gastar más de lo que ingresa. Y así se mueve Tucumán”, indica el mandatario a DINERO, apuntando que el Presupuesto de este año terminará con equilibrio fiscal.

Manzur admitió que su gestión realiza las obras en función del dinero que va disponiendo. “El Gobierno provincial está apuntalando a la actividad productiva, que genera riqueza y esa es una inversión que hay que efectuar, porque más producción implicará más trabajo”, argumenta.

Frente a las necesidades de financiamiento, las provincias tienen tres vías para captar más ingresos: la emisión monetaria (algo vedado legalmente para los distritos a partir del rescate de las cuasimonedas), solicitar créditos en el mercado y, finalmente, aumentar la carga fiscal.

Manzur desechó las tres posibilidades. “No vamos a emitir, de manera alguna, cuasimonedas, como sucedió en el pasado. De ninguna manera vamos a subir los impuestos como tampoco tomar créditos, ya que las tasas del mercado están muy caras para endeudarse”, enumera el gobernador.

Ante un gasto público creciente, lo más probable es que las provincias -como la Nación- bajen un cambio y le quiten velocidad a un nivel de erogaciones que ya no puede ser financiado por toda la sociedad.

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