El PE lleva un caso sobre $615 millones a la Corte nacional

Un legislador exige datos de los subsidios

21 Ago 2017
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EUDORO ARAOZ

El PE lleva un caso sobre $615 millones a la Corte nacional
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Un legislador exige datos de los subsidios
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En el 2015 electoral, el Poder Legislativo desembolsó $ 615 millones (el 40% de su presupuesto anual) en supuestos subsidios conocidos como “gastos sociales”. A casi dos años del estallido de la polémica por el manejo de esos recursos, el gobierno está decidido a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa que busca la difusión de los datos de los beneficiarios de esos fondos.
La Provincia, a través del abogado Leonardo Francisco Debono, interpuso un recurso extraordinario federal en contra de un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), mediante el cual el máximo tribunal provincial había ratificado el rechazo a la recusación planteada por la Casa de Gobierno en contra del vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, por temor a una supuesta parcialidad manifiesta. 
“En el caso, nos encontramos con una transgresión evidente a la garantía de imparcialidad del juez, que es uno de los pilares sobre los que se apoya nuestro sistema judicial, y que puede ser definida como la ausencia de perjuicios o intereses del juez frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia en discusión”, planteó el defensor del PE.
En marzo de 2016, cuatro meses después de que LA GACETA revelara el caso de las “valijas” cargadas con millones en efectivo para supuestos subsidios de la Legislatura, Aráoz concurrió al fuero contencioso local y planteó una acción de amparo. Alegando las normativas referidas al acceso a la información pública, el radical solicitó la documentación de los beneficiarios de esos presuntos subsidios, que meses después serían derogados por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. 
La Provincia, a través de sus abogados, objetó la participación del juez Novillo en la causa, ya que su hija, Alejandrina Novillo, era asesora de la senadora Silvia Elías, quien encabezó el “acople” que le permitió a Aráoz llegar a una banca. Pero las recusaciones fueron rechazadas, primero en el fuero contencioso y luego en el máximo tribunal local. “(Esa negativa), pese a encontrarse acreditado documentalmente los vínculos de la hija del camarista interviniente con los demandantes, compromete seriamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso”, advirtió Debono en el recurso extraordinario federal.

En el 2015 electoral, el Poder Legislativo desembolsó $ 615 millones (el 40% de su presupuesto anual) en supuestos subsidios conocidos como “gastos sociales”. A casi dos años del estallido de la polémica por el manejo de esos recursos, el gobierno está decidido a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

(CSJN) en la causa que busca la difusión de los datos de los beneficiarios de esos fondos.
La Provincia, a través del abogado Leonardo Francisco Debono, interpuso un recurso extraordinario federal en contra de un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), mediante el cual el máximo tribunal provincial había ratificado el rechazo a la recusación planteada por la Casa de Gobierno en contra del vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, por temor a una supuesta parcialidad manifiesta. 

“En el caso, nos encontramos con una transgresión evidente a la garantía de imparcialidad del juez, que es uno de los pilares sobre los que se apoya nuestro sistema judicial, y que puede ser definida como la ausencia de perjuicios o intereses del juez frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia en discusión”, planteó el defensor del PE.

En marzo de 2016, cuatro meses después de que LA GACETA revelara el caso de las “valijas” cargadas con millones en efectivo para supuestos subsidios de la Legislatura, Aráoz concurrió al fuero contencioso local y planteó una acción de amparo. Alegando las normativas referidas al acceso a la información pública, el radical solicitó la documentación de los beneficiarios de esos presuntos subsidios, que meses después serían derogados por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. 

La Provincia, a través de sus abogados, objetó la participación del juez Novillo en la causa, ya que su hija, Alejandrina Novillo, era asesora de la senadora Silvia Elías, quien encabezó el “acople” que le permitió a Aráoz llegar a una banca. Pero las recusaciones fueron rechazadas, primero en el fuero contencioso y luego en el máximo tribunal local. “(Esa negativa), pese a encontrarse acreditado documentalmente los vínculos de la hija del camarista interviniente con los demandantes, compromete seriamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso”, advirtió Debono en el recurso extraordinario federal.

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