Es necesario comenzar a aplicar la transparencia

Nuestros mayores solían repetir que las cuentas claras conservan la amistad. Cuando ello sucede públicamente se contribuye a la transparencia de los actos y reafirma la confianza en los otros, mucho más si son representantes del pueblo. Por esa razón, se crearon las Declaraciones Juradas (DDJJ) que posibilitan la detección y prevención de situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios. Advierten sobre casos de probable enriquecimiento ilícito.

En nuestra edición dominical, informamos que casi todos los políticos tucumanos con cargos nacionales señalaron que sus patrimonios crecieron durante 2016 en comparación con el año anterior, según las DDJJ entregadas a la Oficina Anticorrupción (OA). Se consigna que el senador José Alperovich sigue siendo el funcionario nacional más acaudalado de la provincia y uno de los más ricos del país. Su patrimonio declarado pasó de $139 millones a $225 millones, es decir, aumentó el 62% en el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri. El plazo para presentar la DDJJ 2016 en la OA expiró el 31 de julio pasado, pero no todos los tucumanos la presentaron.

La Ley N° 25.188 de Ética en la Función Pública, promulgada el 26 de octubre de 1999, establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. En su artículo 6°, se indica que la declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, de su cónyuge o conviviente. En el artículo 9° establece que los individuos que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de 15 días y si no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder.

Sin embargo, en Tucumán las DDJJ de los funcionarios son secretas, según la ley 3.981, sancionada el 27 de julio de 1973, que prescribe además que la divulgación de los datos puede ser penalizada. A lo largo de 44 años, la normativa provincial nunca fue reformada, pese a que esas más de cuatro décadas, se ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188. En el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), se indica que las DDJJ de los funcionarios deben estar disponibles en las páginas web de los organismos y despachos públicos.

Mientras otros distritos han avanzado en ese sentido en pos de la transparencia -Mendoza tiene una legislación más amplia que la nacional, porque abarca también a los sindicatos, Tucumán se ha quedado en una expresión de anhelo. Es lamentable que amparados en una ley que tiene más de cuatro décadas y que va a contramarcha de la necesidad de transparentar y dignificar la política, los representantes tucumanos sigan ocultándole a la ciudadanía su patrimonio, despertando todo tipo de suspicacias. ¿Cuál será el temor? ¿Qué se querrá esconder que no conviene que la sociedad se entere? Todo tucumano tiene el derecho de saber si un funcionario ha usado su cargo para enriquecerse.