Al final, la Cámara accederá a un reclamo de Lebbos

El pedido de Alberto Lebbos -padre de Paulina, una estudiante asesinada en 2006 cuyo caso sigue impune- para que el Estado provincial implemente medidas en beneficio de quienes sufrieron delitos parece haber sido aceptado por la Legislatura.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Caponio (PJ-Tucumán Crce), le señaló a LA GACETA que hoy a la mañana se llevará adelante una reunión conjunta con la comisión de Seguridad y Justicia, a cargo de Javier Pucharras (PJ-TC) para analizar las diferentes propuestas de adhesión a la ley nacional 27.372, de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, y los sistemas alternativos que impulsa un sector del radicalismo.

“El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que comenzará a ser aplicado inicialmente en el sur a partir de 2018, prevé muchos de los elementos y recursos planteados para proteger a las víctimas. Pero el debate que se planteó a través del diario es saludable. No creo que adherirse a esta norma sea inconstitucional, pero todo eso será estudiado y discutido”, afirmó Caponio.

Entre los proyectos aportados figura uno de los oficialistas Fernando Juri, Guillermo Gassenbauer y Pucharras. Allí, en los fundamentos, se explica que la aplicación de la ley nacional 27.372 apunta a “la tutela integral de la víctima en todo proceso penal, reconociendo y garantizando los derechos de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos”. Consigna ejemplos, como “el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad”, además de los establecidos por Constitución nacional y tratados internacionales.

Según los legisladores, la adhesión al sistema federal también tiene por objetivo establecer y coordinar “las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados; estableciendo las sanciones por incumplimiento a sus disposiciones”.

Pedido puntual

Hace dos semanas, Lebbos visitó la Legislatura y le solicitó a través de nota al presidente subrogante, el oficialista Julio Silman, la implementación de esa normativa. Silman presentó un proyecto de ley en ese sentido, y remarcó la importancia de garantizar de inmediato lo dispuesto por la ley nacional 27.372.

Por su parte, los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf propusieron un sistema alternativo, puesto que -según analizaron- la regulación del sistema procesal penal es de competencia provincial. Por ello, impulsaron la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos y diversas modificaciones al Código Procesal Penal de Tucumán.

“En la propuesta se contempla su integración por un abogado, un licenciado en Trabajo Social, un licenciado en Psicología y un médico, además del director”, detallaron los radicales.

El Gobierno nacional había promulgado a comienzos de julio la Ley nacional de Derechos y Garantías para personas Víctimas de Delitos, que había sido sancionada en el Congreso este año. La normativa establece tres incorporaciones: el Estado brindará asistencia jurídica gratuita, acompañamiento psicológico y la creación de la figura del Defensor Público de la Víctima en cada distrito. Tucumán cuenta con una ley similar: se sancionó en 2006 la Ley de Protección a Víctimas de Delitos (N° 7.867), pero nunca se asignó presupuesto para aplicarla. Según fuentes parlamentarias, el nuevo texto obtendría dictamen hoy y la Cámara podría sesionar el jueves o viernes de la semana próxima.