10 Agosto 2017
El martes por la tarde, durante la sesión del Consejo Superior de la UNT, los directores de las empresas socias de la universidad (Canal 10, Asunt e YMAD) presentaron sus informes de situación. Alfredo Grau, uno de los directores de YMAD, habló del estado económico y de las irregularidades detectadas durante el ejercicio de la anterior administración. Sobre eso hay un proceso judicial en curso que está investigando la venta de lingotes de oro y las compras de cianuro que realizó YMAD. Algunos consejeros quisieron saber las razones por las que no se había presentado el balance 2015 de la empresa y también le pidieron una opinión sobre la liquidación de las utilidades que la universidad había venido recibiendo los años en los que la UTE conformada con la minera Bajo La Alumbrera había generado ganancias. El cruce que se generó fue cuando uno de los directores dijo que durante años jamás se había cuestionado el dinero recibido y que recién se lo hacía ahora. Esto caldeó los ánimos en algunos de los presentes, aunque por lo bajo otros le dieron la razón.
Peronistas critican a los concejales
La Junta Capital del Partido Justicialista rechazó la sanción de dos meses de sueldo y retractación publica impuesta al concejal capitalino Agustín Romano Norri por sus dichos en contra de la principal referente del peronismo, Eva Duarte. “El correctivo aplicado es una muestra de tibieza que no posee valor alguno para reparar el daño moral ocasionado. Esto sólo viene a ayudar al edil capitalino a obtener una salida elegante a un precio módico de este escándalo, que solo sirvió para observar cómo la dirigencia política en tiempos electorales hace uso de cualquier bajeza para descalificar al adversario”, dijo Juan Carlos Ale.
Una comisión legislativa evalúa las quejas contra la Sociedad Aguas del Tucumán
La comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura recibió a usuarios de los servicios públicos, y las quejas contra las prestaciones de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) fueron las más recurrentes. “Los usuarios plantearon una serie de irregularidades que nos preocupan porque son todas graves. Comenzando por las más comunes y evidentes referidas a la calidad del servicio, como falta de presión de agua, discontinuidad de la provisión y derrames, de los cuales se hicieron más de 48.000 denuncias entre julio de 2015 y junio de 2016 con sólo un tercio de respuestas concretas. También develaron la existencia incluso de una denuncia en el fuero penal federal iniciada en el año 2009, aún sin resolver”, explicó el legislador radical Fernando Valdez. Luego, reclamó que se licite la concesión del servicio. “El artículo uno de su ley de constitución prevé que se licite”, expuso.
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