Zozobra en Ranchillos por la quema de cañaverales

Insensibilidad, indiferencia, mala educación, falta de respeto y de castigo, alimentan las transgresiones a la ley a las cuales es proclive una buena parte de los tucumanos, tal vez porque ven que los gobernantes de turno amenazan con aplicar con dureza la normativa, Y finalmente no lo hacen o al poco tiempo, se relajan los controles. Durante el período de la zafra, la quema de cañaverales es una práctica antigua que ha llegado a instancias extremas e insólitas.

Hace diez días, en las inmediaciones del aeropuerto Benjamín Matienzo ardieron ocho hectáreas; bomberos de la Policía Federal tuvieron que pedir la ayuda de sus colegas voluntarios de Alderetes. El incendio afectó a los barrios que se hallan en la jurisdicción de La Florida o cerca de la ruta 303, sin embargo, no se registraron heridos.

Este miércoles al mediodía, vecinos de Ranchillos vivieron horas dramáticas cuando las llamas de varios metros de altura llegaron casi a tocar las casas del barrio Perón y por temor abandonaron sus viviendas. El campo que se incendió está ubicado cerca de la ruta 302. Los pobladores dijeron que desde hace unos días vienen padeciendo los efectos de las quemazones, que incrementan la contaminación ambiental.

En sólo una semana, la Policía recibió cuatro denuncias sobre quema de cañaverales. El lunes 24/7, los agentes se trasladaron a una finca en El Bracho, donde se estaba quemando rastrojo, lo cual generaba una gran humareda y problemas de visibilidad en la zona. El sábado 29, hubo un incendio de rastrojo en una finca de 30 hectáreas, ubicada junto a la ruta 301, a la altura de El Manantial. El domingo 30, los bomberos de la Policía fueron a una finca ubicada sobre la ruta 9, en Cruz Alta, para apagar un incendio de caña en pie. El lunes 31, el encargado de una finca ubicada en Lules, frente a la autopista, denunció que desconocidos le prendieron fuego al campo y que las llamas arrasaron con el lugar.

Uno de los episodios más graves se registró el 28 de agosto de 2009, cuando la quemazón puso en peligro a parte de la población de Los Ralos (Cruz Alta). Las llamas destruyeron siete viviendas humildes, asfixiaron a decenas de moradores y convirtieron en carbón enormes eucaliptos que tuvieron que ser talados para evitar que cayeran luego sobre las casas precarias de tres barrios. Como el calor había afectado un transformador, se cortó la luz y dejó de funcionar la bomba de agua. De modo que los vecinos no tenían manera de combatir el incendio. El hospital también quedó a oscuras y el personal médico tuvo que sacar a los pacientes al patio para asistirlos con oxígeno.

Ayer, se reunieron funcionarios del gobierno para evaluar el asunto. El subsecretario de Seguridad afirmó: “vamos a actuar con todo el rigor de la ley... las personas que sean descubiertas realizando estas prácticas van a ser puestas a disposición de la Justicia”.

Hace muchos años que se escucha lo mismo de boca de los funcionarios, pero no se conocen detenidos ni onerosas sanciones (van entre $200.000 y $3 millones) a los culpables. En estos asuntos, la Justicia se caracteriza por su inacción, de manera que los tucumanos siguen desamparados por sus representantes y continúan padeciendo esta práctica despreciable que constituye un delito; en tantas décadas, ningún gobernante se ha animado a cumplir con su deber para desterrarlo.