La UIF expresó a Manzur su inquietud por los posibles delitos tras una casa de juego de los Ale

Federici, titular de la UIF, advirtió respecto de la vigencia del permiso para operar que tiene la empresa Point Limits SRL Preocupación del organismo por los posibles vínculos de los investigados con la autoridad provincial a cargo del control de esta actividad

04 Ago 2017
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ENOJADO CON LA UIF. Ángel Ale negó cualquier vínculo con Armando Cortalezzi y aseguró que los abogados de la UIF buscan hacer política con la causa. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, envió una nota al gobernador, Juan Manzur, en la que le manifiesta su preocupación respecto de la vigencia del permiso para operar con la que cuenta la sociedad Point Limits SRL.

En el texto, el titular de la UIF -querellante en el juicio que se sigue en el Juzgado Federal contra el “Clan Ale”, advierte que aquella empresa “podría estar siendo utilizada para canalizar fondos de origen ilícito y para la comisión de otros delitos, como el narcotráfico y la trata con fines de explotación sexual”. Además, añade a su inquietud, “el vínculo que uniría a los investigados con la autoridad provincial a cargo del control de la actividad desarrollada” por la firma.

En primer lugar, la UIF menciona a Ángel “El Mono” Ale y a Viviana Acosta, propietarios de la firma Point Limits SRL, y destaca que esa empresa se dedica a los juegos de azar con la autorización de la CPA. “Dicha firma ha sido señalada como parte del entramado societario relacionada a la organización criminal liderada por Ángel Ale y su hermano Rubén Ale, y más precisamente como un instrumento para la inyección de fondos espurios en el circuito de la economía formal”, advierte la nota.

En otro párrafo, la UIF sostiene que mediante las declaraciones de testigos y otros elementos de prueba que figuran en la causa, en los locales de Point Limits SRL. se habrían cometido delitos como el narcotráfico y la trata de personas. En ese sentido, menciona a una testigo de identidad reservada que durante el juicio declaró que en diversos locales de esa firma se captaba a mujeres con fines de explotación sexual. “Concretamente, señaló que eran trasladadas a otras provincias bajo engaños y promesas de mejores remuneraciones para luego ser vendidas a otras redes de trata de personas”, avisa la UIF.

También recuerda que esta misma testigo indicó que Rubén Ale y el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, compartían la actividad del proxenetismo, “cumpliendo el primero una función de protección o padrinazgo para con el segundo, quien explotaba sexualmente a numerosas mujeres”.

Federici, al término de la nota dirigida al titular del Poder Ejecutivo, le manifiesta que espera que “tome en consideración la gravedad de lo expuesto y proceda como estime correspondiente en el marco de su competencia”. Si bien Manzur recibió esa nota hace poco más de dos meses, no hizo declaraciones públicas al respecto.

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