Escándalo en el Ipvdu: investigan a cinco empleados que se habrían dedicado a vender casas

Según la senadora Elías de Pérez, gestionaban adjudicaciones a cambio de dinero

01 Ago 2017
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VIVIENDAS. Foto aérea de un barrio construido por el Instituto de la Viviendas. ARCHIVO

La senadora Silvia Elías de Pérez entregó a la Justicia información sobre empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que habrían estado involucrados en la venta ilegal de adjudicaciones de casas. Según el escrito que la parlamentaria remitió a la fiscala Adriana Giannoni (quien lleva adelante una causa sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu), hay cinco personas que presuntamente ofrecían la posibilidad de ser adjudicatario de una casa a cambio de un precio en dinero.

En su presentación, la radical describe cómo habría sido el mecanismo utilizado para cometer estas irregularidades. La explicación se funda en las declaraciones de Daniel Castillo, quien en 2014 contó a LA GACETA que había participadoen la venta de adjudicaciones (se informa por separado). Según la parlamentaria, el proceso comienza cuando un intermediario ofrece a “clientes confiables” la posibilidad de que se les adjudique una vivienda, para lo cual debían pagar una determinada suma de dinero. El costo de la operación estaría sujeto a variaciones según el barrio y la situación del mercado inmobiliario, pero la senadora menciona, a modo de ejemplo, cifras entre $ 150.000 y $ 250.000.

“Los ‘clientes confiables’ entregarían el dinero al ‘encargado’ o ‘coordinador’, quien en último término se reportaba con (Miguel) Jiménez Augier (coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu). Una vez recibido el dinero, Jiménez Augier entregaba una especie de recibo en el que se otorgaba la pseudo adjudicación”, reza la presentación de la parlamentaria, quien ya había formulado denuncias sobre el tema.

Hace tres semanas, “Panorama Tucumano” transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. En una de las entrevistas, Elías de Pérez dijo que el interventor de la repartición, Gustavo Durán, había diseñado una “estructura paralela” en el instituto. Esa estructura se habría dedicado a adjudicar obras y viviendas sin seguir los parámetros oficiales. La senadora señaló a Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales del Ipvdu, como al encargado de manejar la asignación de las obras a las empresas constructoras. Jiménez Augier, por su parte, habría estado a cargo de la designación de quienes recibirían una casa.

Actualmente, Barrionuevo se encuentra suspendido mientras se lleva a cabo una investigación administrativa por su vínculo con los dueños de Marán Constructora S.R.L. (que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones). El funcionario había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de la empresa. Sin embargo, se comprobó que Barrionuevo es tío político de los hermanos Nieva.

Como consecuencia de las publicaciones periodísticas y de las declaraciones de Elías de Pérez, Giannoni actuó de oficio y citó a declarar a la parlamentaria. Posteriormente, pidió a diversas entidades que le envíen información sobre el tema. Fue el propio interventor quien, el viernes, llevó personalmente los documentos que se habían solicitado al Ipvdu.

La presentación espontánea de Durán ante la Justicia tuvo lugar dos días después de que reconociera, en una entrevista con “Panorama Tucumano”, que tiene un pariente trabajando para el instituto. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, declaró el interventor. Ocurre que su cuñado, Raúl Eduardo Beverina, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que se encuentra trabajando en al menos una obra del Ipvdu.

Los intermediarios

Según el documento que Elías de Pérez entregó a Giannoni, quienes presuntamente “gestionaban y participaban de la venta de adjudicaciones” serían Fernando Alberto Bulaich, Fanny Isabel Cayetano, Carolina Anabella Cejas, Gladys del Valle Salomon y Laura Vega. “Estas personas tendrían datos para aportar en la presente causa, razón por la cual solicitamos sean citados (...) a los efectos de prestar declaración”, reza la presentación.

La senadora también pidió que se cite a Martín Zamora, director del Área Técnica del Ipvdu, con el fundamento de que manejaría información que podría ser de utilidad para la investigación judicial. Además, recomendó que se convoque al ex empleado de la repartición Fabio Burgos. Hace años, fue señalado por Castillo como uno de los involucrados en la venta de adjudicaciones de viviendas (se informa por separado).

“Esta persona (Burgos) era empleado del Ipvdu. Se le hizo un sumario administrativo y finalmente se lo despidió en razón de ello”, relató Elías de Pérez.

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