Como bomberos buscando incendios

22 Jul 2017 Por Roberto Delgado

El ataque de motoarrebatadores a dos adolescentes y dos niñas para quitarles el celular el martes en Villa Urquiza dejó una sensación de impotencia absoluta. Una de las chicas había sido asaltada una semana atrás y una de las nenas había presenciado otro ataque. Los vecinos de la cuadra de Colombia al 1.000 le dijeron a LA GACETA que el barrio es muy inseguro, que faltan policías y que de noche y a la siesta eran los momentos de mayor peligro. Un niño graficó: “a la noche hay ‘pititos’, pero a la siesta asaltan un montón”. Al mismo tiempo, las crónicas dieron cuenta de los asaltos a parrillas en barrio Norte y en Yerba Buena. También eran delincuentes en moto, armados. Los comerciantes plantearon la necesidad de presencia policial y advirtieron de la complejidad de contratar seguridad privada porque para los clientes es incómodo tener un guardia con una escopeta en el local donde están almorzando o cenando. “Nos estamos empezando a encerrar nosotros y a dejar liberadas las calles”, razonó Héctor Viñuales, de la FET.

La situación es compleja y el Estado se encuentra urgido por el impacto de las informaciones, que apenas reflejan una parte ínfima de lo que ocurre. Si nos atenemos a las conclusiones de la encuesta de victimización (la primera en nueve años) que realizó en todo el país el Indec, el 67,7% de las víctimas no hizo la denuncia. Y el 27,5% de los hogares ha sido víctima de algún delito. Situación que se repite medianamente desde hace una década, de acuerdo a las encuestas que realiza todos los años el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip) de la Universidad Torcuato di Tella, que registró un 27,1 % en 2007 y un 36,6% en 2014. El Licip analizó en 2015 que se había registrado un aumento de delitos violentos y con mayor incidencia sobre personas de menores recursos, a medida que se notaba que la gente más pudiente recurría a seguridad privada y a elementos de defensa hogareña o barrial.

Los polémicos chalecos

Las encuestas de victimización son un buen sondeo para tener un acercamiento a la cifra negra (de aquello que ocurre pero no se denuncia) o a los casos de ataques de índole tal que no tienen resolución adecuada del Estado. Eso pasa con el delito callejero, que es producido en una altísima proporción por los motoarrebatadores, considerados el principal flagelo en Tucumán por el secretario de Seguridad Paul Hofer. También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó que el 60% de los delitos son cometidos por delincuentes en moto. Dijo que esta era una cifra de Tucumán y lo hizo para argumentar, en marzo, acerca de la modificación de la ley Nacional de Tránsito, para obligar a los motociclistas a usar chalecos refractarios y estampar el número de la patente en el casco y en el chaleco. Se trata de una norma que había intentado sancionar Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno de la Capital Federal en 2010, cuando ya se decía que el 70% de los delitos callejeros se debía a motochorros. Lo mismo hizo el ex gobernador Daniel Scioli en Buenos Aires, pero su experiencia duró poco y no se aplicó en La Plata. Por ello no hay informes de los resultados de esta política.

En marzo el país debatió el tema de las medidas –con marchas de motociclistas en reclamo y críticas de opositores- y en Tucumán un polémico proyecto de Hofer está durmiendo en la Legislatura. El problema de estas normas es que no hay forma de controlar que los usuarios de cerca de 200.000 motos en Tucumán usen chaleco y casco con la patente y las restricciones horarias o de acompañantes pueden llegar a ser inconstitucionales. El debate se da desde hace una década al menos, cuando empezaron a proliferar las motos como vehículo de fácil acceso que reemplazó a otros transportes (en el interior, bici, caballo, carro) o directamente suplió la falta de sistemas de transportes adecuados, que se puede verificar en pueblos del interior y en la periferia de las ciudades. Pretender controlar a motoarrebatadores sin afectar la vida de los usuarios de motos es muy difícil. Y en Tucumán, que viene liderando la venta de motos en el país (en 2016 se patentaron 27.000 vehículos de dos ruedas) se los considera el sistema de transporte de los pobres.

Grupo especial

¿Qué hace la autoridad, entonces? Por lo pronto, Hofer anunció que el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) va a “salir a buscar a los delincuentes”. 20 policías por turno saldrán en 10 motos Honda 750 con la intención de perseguir a motoarrebatadores cuando se los detecte. Es un empuje de resultado incierto, porque evidentemente los cientos de motociclistas “normales” de la patrulla Motorizada no pudieron hacer descender el motoarrebato con este sistema de reacción y persecución.

Hofer dice ahora se cuenta con un mapa de zonas calientes y que en ellas se va a trabajar. Y que para ello todos los meses se pide a las comisarías informes sobre los delitos en sus jurisdicciones. Pero estas apreciaciones chocan la con la debilidad de recolección de datos y recepción de denuncias, detallada en el informe que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le dio al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) para hacer sus precarias estadísticas este año. Hofer también reconoce que por falta de fondos no se puede hacer un sistema de recolección de datos informáticos y preciso en Tucumán. Es decir que su mapa de zonas calientes se sustenta también en datos parciales y apreciaciones de los comisarios.

Como en Buenos Aires

Por su parte, los fiscales se inquietaron también en febrero y trataron de hacer algunas precisiones sobre el tema. Comenzaron por llamarlos motochorros, como se los denomina en Buenos Aires –según dijo la fiscala Adriana Reinoso Cuello- porque no sólo arrebatan carteras o celulares sino que también roban otras motos para usarlas en ataques o asaltan negocios (como las parrilladas). El fiscal Washington Navarro Dávila, que ya hace tres años advertía en sus turnos que más de un 30% de los delitos era de motoarrebatadores, ahora añade que hay mucha violencia: “salen desesperados a conseguir plata para comprar droga o bien lo hacen después de consumirla, ya desinhibidos”.

También Hofer opina: “Es un delito netamente social. No es parte del crimen organizado” y asegura que ahora el arrebatador puede trasladarse largas distancias, asunto contrario a la “literatura” policial que siempre ha señalado que los delincuentes callejeros no operan muy lejos de sus propios domicilios. “ Antes uno sabía que no podía caminar cerca de los barrios peligrosos porque el delincuente te robaba y volvía a su zona. Hoy con la moto tenés uno que se va de Banda del Río Salí a robar en Yerba Buena, por ejemplo. Así optimizan los recursos y van haciendo inteligencia porque van viendo dónde está la Policía”, afirma.

Pero los fiscales no están tan seguros. Jorge Echayde, fiscal III de Concepción, remarca que “no está estudiado quiénes son los que están robando, porque podría ser gente que va a otras localidades o barrios donde no los conocen”. Sí sacan indicios de las mismas declaraciones de los detenidos, como en el caso del acusado de la muerte de Andrés Castro en diciembre pasado en Barrio Modelo, que dijo que “salían en la moto a buscar víctimas”. ¿Cerca de su casa? ¿Lejos? ¿Hay precisiones sobre el modo de trabajo de los otros detenidos en el último año con esta modalidad? El sistema judicial no tiene respuestas porque algunos fiscales llevan su estadística ad hoc y otros tratan el asunto de otra manera. Adriana Giannoni, que investiga los asaltos a parrilladas, lo hace como hechos delitos contra personas o la propiedad, no dentro de datos sobre ataques de motochorros. “No tengo nada sobre motoarrebato”, dijo. Es que las fiscalías son compartimientos estancos y no hay áreas para seguir esta modalidad específica delictiva.

Mucha crítica, poco análisis

Hofer es crítico de la justicia. Asume el mito policial de que ellos detienen a 100 y “apenas tres llegan a juicio y uno solo recibe una condena” “Algo dentro del engranaje no está funcionando. Tienen que cambiar el sistema. No puede seguir siendo escritural hay muchísimos delincuentes en la calle”, añade. El resto, para él, es tener más policías, más motos y equipamiento y, por cierto, también tareas de desarrollo social en barrios vulnerables, de donde se supone que salen muchos delincuentes en moto. Pero ninguna de estas apreciaciones se sustenta en análisis de resultados. ¿Cómo valoran la efectividad de sus medidas? Ya antes se intentó hacer una zona de exclusión de motoclistas y se presentó a la Patrulla Motorizada como la panacea contra el delito.

Ya el ex gobernador José Alperovich reclamó hace 12 años que metiendo a los 400 delincuentes que entonces se estimaba que había en la calle se resolvía la inseguridad. ¿Qué informe independiente y sustentado en datos hay sobre estas medidas? Todo es un mar de ideas sueltas y de decisiones de emergencia. La misma esposa de David Aragón, el policía que murió baleado por un motochorro en la esquina de Jujuy y Magallanes, dijo que la propuesta de los chalecos “es una ley absurda que no se hará cumplir”, pese a que ella tiene las mismas críticas que Hofer a la Justicia.

¿Pero es la Justicia la responsable? No es Hofer quien debe decirlo. La justicia podría aportar datos serios, pero hasta ahora no puede hacerlo. El mundo político tiene que avanzar en el debate sobre la inseguridad en Tucumán y dejar de correr detrás de las ideas del momento, como las que empuja la aplanadora Patricia Bullrich, centrada en la lucha contra el narcotráfico. Que no está mal, pero el sistema empuja a los policías a buscar drogas y no a ver las causas de la violencia, así como la imposición del 911 los ha llevado en estos cuatro años a esperar la llamada de denuncia de hechos y esperar en vehículos que recorren calles una respuesta de respuesta rápida cuya efectividad no está demostrada. Bien dijeron en la Dirección de Seguridad de Yerba Buena, en febrero, que “con el sistema del 911 sacaron a los policías de las calles; antes se veía a uno en cada esquina de Yerba Buena. Ahora no. Hay que llamar y así quedaron algunas zonas liberadas”. El modelo falla.

¿Qué respuestas preventivas podrá dar el nuevo grupo de motoristas a las niñas asaltadas el martes en Colombia al 1.000? Fue saludado por el comisario José Díaz, instructor de los motoristas, como “parte de la prevención que pretendemos agregar a la Policía”. Más bien se parecerá al bombero de “La cantante calva”, que salía a golpear en las puertas de las casas esperando que se produjeran los incendios.

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