Un fallo que puede alterar aún más el clima electoral

09 Jul 2017

La Justicia está siendo prescindente en el proceso electoral nacional ... No, mejor es no afirmarlo, sino plantear la pregunta: ¿el Poder Judicial es ajeno al desarrollo político-electoral del país? Aún si no debiera serlo, o no quisiera, la Justicia está jugando un papel en este tiempo de definiciones políticas e institucionales a futuro en el país. No es que no la dejen o no pueda jugar como poder del Estado desde la independencia, sino que cada decisión que toma en torno de las causas vinculadas a la corrupción -y que tienen a los ex funcionarios kirchneristas como las estrellas del momento- son observadas y expuestas según la conveniencia electoral de los sectores en pugna: unos las potencian, otros las presentan atendiendo a sus necesidades para los comicios que vienen. Sentencia, medida o resolución siempre resultan funcionales para unos u otros, atendiendo a la capacidad creativa de cada uno.

Eso sucede porque la dirigencia ha decidido convertir estas elecciones nacionales intermedias en una verdadera batalla con el fin de acomodarse para la “gran guerra” de 2019. Como todos quieren salir lo mejor parados posible han decidido jugar con todos los cañones y alternativas de fuego a mano; incluso hasta con las medidas que toman los magistrados. Pasado corrupto versus posible mejor futuro; o como lo expone casi poéticamente el reaparecido Ernesto Sanz: el oscuro recuerdo del pasado frente a la desafiante construcción del futuro. Apuesta al cambio desde una polarización que puede resultarle un tropiezo al macrismo en Buenos Aires.

Todo vale para acusar al otro y mostrarse mejor que el adversario, al que se lo expone como lo peor, a los fines de captar el voto o seducir a los miles de indecisos. Sólo hay que bucear un poco por las redes sociales para descubrir la forma muy poco elegante e irrespetuosa con la que se trata a ese “otro”: cínico, caradura, corrupto, ladrón, mafioso, chorro, desvergonzado, mentiroso, falso, hipócrita; y así sigue la cantinela de descalificaciones. Sí, igual que aquel viejo chiste de esas dos personas que pasaban circunstancialmente por el Congreso y escuchan todo tipo de improperios y uno le dice al otro: ¿se están peleando? No, están tomando asistencia.

Las acciones de los fiscales y de los jueces terminan siendo arrastradas al debate político con interés electoral, al margen de las consideraciones sobre las investigaciones o el fondo de la cuestión. No interesa la causa, sino los nombres de los involucrados y su estado procesal. El fin político por sobre el trámite judicial. Vaya por ejemplo el planteo de Stornelli contra De Vido y la postura del juez Rodríguez en contra de la pretensión de aquel. Unos son representantes de la República y otros una muestra del sectarismo político, según el lugar desde donde se mire a las conductas.

El tiempo electoral absorbe y pone en un segundo plano la causa en sí, porque -como lo intenta el Gobierno nacional- es pasado versus futuro; corrupción versus una apuesta a la transparencia. Por eso, para un sector de la dirigencia política le resultó más interesante detenerse en la cuestión de los fueros que en las acusaciones para sacar ventajas electorales. Son todos éticos; la conducta democrática “garpa”, sirve a los fines de mostrarse limpios y sin temores a las investigaciones. Otra forma de decir: “no soy como el otro al que todos miran como el malo; mírenme a mí que soy distinto”.

Indicios

En lo que respecta a Tucumán, hay indicios que de las actuaciones de la Justicia pueden hacer su “aporte” a la campaña electoral provincial en los próximos días, con una decisión que puede ser usada de bandera para seguir estableciendo diferencias de conductas entre el oficialismo y la oposición. Puntualmente, en el caso referido al recurso ante la Nación del Acuerdo para el Bicentenario contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que convalidó los comicios de 2015.

Cualquiera sea el sentido de fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a jugar en el proceso electoral tucumano. Pero, ¿es posible que algo suceda en los próximos días? Vamos a los “indicios”. En la última semana, desde el lunes 3 al viernes 7, hubo demasiados movimientos con el expediente del caso; como si pudiese ocurrir “algo” en los próximos días.

Desde la Casa de Gobierno miran al martes como el día de una posible sentencia del máximo tribunal nacional, antes que comience el receso de invierno. Desde la otra vereda, descreen que pueda ocurrir. ¿Qué sucedió puntualmente que encendió algunas alarmas? El último trámite registrado en la causa antes de este mes correspondía al 6 de junio; casi un mes después -el lunes último- el expediente anduvo de una oficina a la otra, día por día, llamativamente. El martes, la carpeta fue a la secretaría judicial 5, el miércoles recaló en el área de “jurisprudencia; sector coherencia”, el jueves estuvo en la oficina de “confrontaciones y copias” y el viernes cerró el itinerario en la secretaría 5. Para el que sigue el tema, los movimientos repentinos le despiertan curiosidad. Si se busca el trámite en la página de consultas de la Corte (www.csjn.gov.ar) se lee: “en despacho”.

Algunos creen ver la mano del Gobierno nacional en esta posible jugada y que, de ser cierta, vendría a enrarecer el clima político-electoral. ¿Cómo? Entienden que el trámite del expediente de aceleró desde la llegada a la Corte de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti en junio de 2016. ¿Se puede comprobar eso? La página web de la Corte dice textualmente que en la causa del ApB contra la Provincia se “encuentran 70 actuaciones”; o sea movimientos del expediente. Los números dicen que desde el 9 de noviembre de 2015, cuando se radicó el planteo, hubo 14 actuaciones en ocho meses; y desde que asumieron los magistrados propuestos por Macri hubo 56 actuaciones en 13 meses.

La proporcionalidad le estaría guiñando un ojo a la creencia del oficialismo provincial. Sin embargo, ¿es posible pensar que la Corte nacional, indirectamente -o directamente, según cómo se vea- se involucre -o resulte involucrada- en este proceso electoral donde todos han decidido jugar con todas las cartas posibles, hasta mentir con el cuatro de copas?

Pecados del otro

Desde Cambiemos y desde la oposición provincial se viene cuestionando desde 2015 el resultado de los comicios, el proceso electoral, la actuación de la Junta Electoral Provincial y el sistema electoral de acople. Macri, cada vez que puede -lo hizo hace pocos días cuando respaldó a los candidatos de Cambiemos por el Bicentenario- cuestiona el acople. Para la oposición, el gobierno de Manzur no es legítimo, nació del fraude que planteó la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que luego la Corte negó. O sea, hay que mirar lo que pueda decir la Corte, si da a conocer un fallo en los próximos días, porque lo que sea que resuelva o exponga va a ser usado con fines electorales para señalar culpas al adversario. Todo vale; ya se dijo. Como dice otro chiste: la política es semejante a la religión; la diferencia es que en política cada uno confiesa los pecados del adversario.

¿Qué podría llegar a decir la sentencia? Algunas miradas apuntan a manera de jurisprudencia a un fallo de la Corte Suprema sobre un recurso extraordinario planteado en 1991 sobre la impugnación del Partido Demócrata Cristiano a la candidatura a gobernador del cordobés Eduardo Angeloz. La organización política objetó una resolución dictada por la Junta Electoral de Córdoba, pero que no prosperó. El fallo llevó las firmas de Ricardo Levene (h), Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano.

En síntesis, se desestimó el planteo extraordinario contra la resolución de la Junta Electoral provincial para no convalidar una intromisión del Gobierno federal en la jurisdicción provincial. Incluso aludía a la Constitución nacional, a los artículos 121 (las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación) y 122 (se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal).

En el Poder Ejecutivo aguardan una decisión similar atendiendo a ese caso, o sea el rechazo de la queja del Acuerdo para el Bicentenario, lo que implicaría reconocer la legalidad y la legitimidad del triunfo de Manzur. En Cambiemos entienden que existen otros antecedentes.

Sin embargo, no todo sería color de rosas para el Gobierno tucumano. Se aguarda que la sentencia realice algunas observaciones sobre la actuación de la Junta Electoral Provincial y sobre el sistema político-electoral, lo que abriría las puertas a reforzar las quejas y las denuncias de la oposición provincial. Y en medio de un proceso electoral. De ser cierto, para lo que habrá que esperar al martes, o para después de la feria judicial; otra posible medida de la Justicia terminaría inmiscuyéndose en la campaña electoral, por más que no tenga ese sentido. ¿O sí?

En la oposición están expectantes, porque todo sirve para buscar hacer una diferencia en la creencia de que por lo mínima que sea contribuirá a hacer número a favor. No cabría sorprenderse, sino hacer interpretaciones sobre la letra y decisión final de la Corte. Es que no sólo se juegan candidaturas, sino proyectos y posicionamientos hacia 2019. Para algunos es una batalla de vida o muerte, extrema.

Para quitarle el tono de dramatismo que le ponen algunos políticos al tiempo electoral, vaya otro chiste: papá, ¿todos los cuentos empiezan con un “érase una vez”? No hijo, algunos empiezan con “si mi partido gana las elecciones …”. Que no sea en serio.

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