Reducen la burocracia en materia de protección infantil

La provincia ha dado un paso adelante en materia de protección de derechos de los niños y de los adolescentes con la elaboración y puesta en vigencia de un protocolo sobre esta materia. El documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El órgano de aplicación del protocolo es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya titular, Sandra Tirado, resaltó que lo más importante es que se acortarán los tiempos en beneficio de los niños ya que permite reducir o eliminar algunos trámites burocráticos, y se evitará la judicialización de muchos casos.

“Muchas veces por cuestiones administrativas, sin querer hacerlo, se vulneran los derechos que tenemos que proteger. Este protocolo, que tiene que ver con las cuestiones operativas del día a día, facilitará muchas cosas”, afirmó la funcionaria.

La jueza de Familia de la VI nominación, Claudia Inés López, autora del protocolo, explicó que el documento refleja el cambio cultural que demanda el sistema de protección integral de los niños y adolescentes. “Parte de la noción del niño como sujeto de derechos y no simplemente como objeto de protección, de la consideración de la autonomía progresiva de niños y adolescentes que demanda desenfocarnos de lo que el niño no puede o no sabe para concentrar nuestra atención en lo que sí sabe y sí puede”, subrayó.

Un solo informe

Uno de los efectos del protocolo que se podrá ver en la práctica es que no se duplicarán los informes psicológicos y de asistentes sociales, explicó Tirado. Es decir, si la Secretaría de Niñez intervino primero en el caso de un niño o adolescente y el psicólogo y asistentes sociales de la repartición hicieron sus respectivos informes, la Justicia, al tomar el caso en sus manos, usará esos informes en vez de encargar otros.

“Esto acortará los tiempos, por un lado, y por otro, no se revictimiza al niño ya que no se lo someterá a otros interrogatorios para nuevos informes”, explicó la funcionaria.

Claro que para que el Poder Judicial pueda usar los informes del personal de la Secretaría, estos tienen que cumplir ciertas pautas. Esa es una de las cosas que se ha normatizado con el protocolo. “Hay preguntas específicas que se deben hacer en las entrevistas”, ejemplificó Tirado.

Una de las cosas que se deben tener en cuenta, por ejemplo, es el derecho del niño a ser escuchado. “El chico puede decir lo que quiere y lo que no, y eso es incluido en los informes y tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones”, destacó la funcionaria.

Añadió que ahora viene la etapa de capacitar al personal, tanto de Desarrollo Social como de la Justicia, para que actúen conforme al protocolo.

División de funciones

El protocolo también establece cómo llevar a la práctica la división de funciones entre el Ejecutivo y la Justicia. La doctora López lo explica así: “el juez de familia tiene funciones técnico jurídicas únicamente, es un juez de garantías. Si la vulneración se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, es el Ejecutivo, mediante políticas públicas de promoción y restitución de derechos, el que debe actuar”.

“Los niños tienen derecho a la alimentación, la educación y la vida familiar, y estos derechos deben respetarse en forma simultánea -explicó la jueza-. Esto significa que por proteger un derecho no se pueden violar otros. Por eso hay un mandato legal de trabajar primero con la familia, y sólo en caso de que esto fracase o que la situación sea tan grave como para que el niño corra riesgo permaneciendo con la familia se lo puede separar”.

Convenio

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia para el abordaje integral para los sectores más vulnerables. Se trata de un convenio marco que tiende a generar compromisos por escrito de parte de las instituciones firmantes para hacer un trabajo coordinado cuando se trata de atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.