La desigual lucha antidrogas

La desigual lucha antidrogas

 la gaceta / foto de analía jaramillo la gaceta / foto de analía jaramillo

La recaída de la jefa narco Nilda “La Cabezona” Gómez, en un megaoperativo con 20 allanamientos simultáneos, ha sido aprovechada por las autoridades como una muestra de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Se secuestraron 45 kilos de cocaína (valuada en 4,5 millones de pesos), se detuvo a 10 personas y se cree que se desbarataron las actividades de varios quioscos de narcomenudeo en barrios periféricos. El éxito, en este caso, es ambiguo y relativo porque si bien revela que la agresiva estrategia del gobierno nacional de ataque frontal al narcotráfico tiene efectos visibles, al mismo tiempo muestra un fenómeno que no para de crecer y que acaso se ha visibilizado más con los operativos. No se ve el final, que debería ser la reducción de la venta y del consumo. “¿Estas investigaciones se ramifican en otras? ¿Todas las investigaciones son infinitas?”, le preguntaron en una radio al fiscal que llevó a cabo el megaoperativo, Pablo Camuña. Él asintió.

En este sentido, las investigaciones siempre han mostrado redes que se extienden y que derivaron en otros seguimientos policiales. Así han caído “El Gordo Vaca”, Julio César Trayán y luego su proveedor, “El Alemán” (en operativos en varias provincias, y que llegaron incluso al gran secuestro de proveedores químicos en José C. Paz, en septiembre) y también, hace dos semanas, al “Perro rojo”, un “transa VIP” que tenía LSD y marihuana de diseño, en gel, para vender en boliches. No sólo es el primero vinculado con drogas de diseño (cuyo comercio es invisible en Tucumán, aunque se supone que abunda), sino que se cree que distribuía éxtasis. Su detención mostró otro aspecto de la movida narco en la provincia, fuera de los barrios marginales.

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Es decir que se estima que de los datos obtenidos en estos procedimientos saldrán otras pesquisas. En este caso intervinieron la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque a “La Cabezona” ya la había investigado la Digedrop de la policía tucumana. No sólo ha de tener derivaciones en cuanto a drogas, sino que ha puesto de manifiesto problemas en la acción de la justicia y del sistema con respecto al narcotráfico y además ha generado un conato de pelea política, con la denuncia del candidato José Cano (Cambiemos) de que la jefa narco fue quien mandó a agredir a funcionarios nacionales y municipales durante un acto en el barrio Alejandro Heredia el 1 de junio.

Especulaciones

¿Hay vínculos políticos? Los funcionarios judiciales dicen que no han encontrado relaciones entre “La Cabezona” y punteros barriales, ni entre Trayán y gente del PJ, pese a que cuando fue detenido el año pasado trabajaba como contratado en la Legislatura para el legislador oficialista Ramón Santiago “Cacho” Cano. “No surgen vínculos en las escuchas que se le hicieron durante un año a Trayán”, dice una fuente. Pero José Cano afirma que hay otros casos sintomáticos. “El narco Garra Jalil (detenido en 2013) estaba contratado en el Concejo Deliberante; yo hice la denuncia de que Jalil estaba con prisión domiciliaria y seguía vendiendo en su casa”. Cano añade que hay un informe de la Policía Federal sobre la agresión en el barrio Alejandro Heredia. Y destaca que “La Cabezona” comercializaba 15 kilos de cocaína por semana, a $ 85.000 el kilo, “o sea que movía seis millones de pesos por mes”. También se menciona que la pareja de “La Cabezona” o de “La Negra” es un policía. Se trataría de un agente que fue acusado en el caso del pedido de coima a un automovilista, “El Chaqueño”, por el cual fueron procesados policías de la Brigada Norte en 2013.

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Los problemas en el sistema son grandes. Se aumentan los operativos pero varias caras se repiten. Nilda Gómez es considerada la traficante récord en Tucumán. Desde fines de los 90 acumula tres condenas y siempre siguió vendiendo, ya sea porque tenía detención domiciliaria (tiene una hija discapacitada) o por sus contactos familiares. Estuvo casada con Jorge Ríos, procesado por venta de drogas y amigo de Daniel “El Rengo Ordóñez” Teves, el narco fallecido en 2009 que introdujo el paco en la Costanera. Ordóñez estaba casado con Margarita Toro, de Villa 9 de Julio, quien también tiene condena por narcotráfico. Es decir, son personas conocidas en el aparato de justicia penal y policial, que han podido continuar y expandir sus negocios, a pesar de los exitosos operativos antinarco contra ellos del pasado. Algo falla en el sistema: faltan consignas de custodia, elementos para seguir a procesados y condenados o una política global que salga de la investigación, el allanamiento y el operativo. Algo pasa. Lo que hacen ahora las fuerzas policiales es lo mismo que antes, sólo que acentuado. ¿Llegará a un fin?

Estrategias oficiales

El informe de la Sedronar, la secretaría nacional antidrogas, presentado el miércoles por el presidente Mauricio Macri, habla de un crecimiento del consumo de marihuana. En 2010 había unos 590.000 clientes y ahora hay 1.5 millón de personas que demandan ese producto a lo largo de un año, señala “La Nación” (30/6). Entre ellos, unos diez mil adolescentes tienen síntomas de un nivel de consumo riesgoso para su salud. “La población en la que más creció el consumo es la de 12 a 17 años”, afirmó Roberto Moro, titular de la Sedronar. Agregó: “Nuestra estrategia tiene que estar puesta ahí, en ese grupo etario: por un lado, luchar fuertemente contra el narcotráfico y, por otro, generar programas de prevención”. El mercado de cocaína también se duplicó en siete años. De 150.000 consumidores en 2010 se pasó a casi 300.000 este año.

También en “La Nación” (28/6) se publicó un informe de un sondeo realizado por organizaciones empresarias y católicas (Observatorio de Prevención del Narcotráfico -Oprenar- y Fundación UADE) y la ONG Voices! que destaca que los entrevistados (en Buenos Aires) creen que hacen falta leyes más duras (42%), controles en la frontera (38%) y atacar los puntos de venta de drogas (24%); es decir, lo que el Gobierno ha encarado como política; y al mismo tiempo casi no consideran importante el desarrollo de programas sociales de inclusión de los sectores pobres (10%). Tal como parece hacer el Gobierno, que demora o anula propuestas como los centros de contención de adictos. Ahí está el emblemático Cepla de la Costanera, que ha sido considerado como una estafa de los gobiernos por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, cuando el jueves pasado visitó las instalaciones abandonadas y vandalizadas.

Oferta y demanda

El sondeo de Oprenar también ha detectado que la gente considera muy dañino el paco, un poco menos la cocaína, mientras que la marihuana es considerada apenas un poco más riesgosa que el alcohol. De ello se interpreta que los años de tolerancia han ayudado a que se dispare el consumo y se culpa de ello al fallo “Arriola” de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de punir la tenencia de drogas para consumo personal. Esta conclusión coindide con la política nacional del macrismo de lucha feroz contra la droga. Las estadísticas, que siempre mostraron que se penalizaba mayoritariamente a consumidores, deberán reflejar en breve cómo es el aumento de las detenciones. ¿Habrá más capturas de traficantes? ¿O serán siempre las mismas caras conocidas y muchos adictos?

En el narcotráfico hay una oferta y una demanda. El sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, fuerte crítico de la política macrista de policializar ferozmente el asunto, dice que Argentina llegó a esta situación por la falta de un debate público y de un diagnóstico actualizado a raíz del apagón informático que hubo desde 2007. En “Drogas. Una iniciativa sobre el debate” (2015) dice que en otros países donde el problema es más severo y relacionado con una historia de conflictividad, los debates han sido más intensos y fecundos. El sociólogo afirmó, a partir de una encuesta de victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato di Tella, que aumentó la proporción de gente que ha sido víctima de delitos (en 2004, 26% y en 2013, 35%) y que la gente, por la falta de debate sobre el problema de las drogas, atribuye el aumento de la violencia y la inseguridad al cercimiento del narcotráfico. Lo mismo dijeron hace tres meses fiscales tucumanos, cuando atribuyeron el aumento de asesinatos al consumo de sustancias (en lo que van del año hubo al menos 65 homicidios en Tucumán). Tokatlian marca diferencias. “Cuanta más desinformación, ausencia de información, o mala información, las conjeturas, las especulaciones y la grandilocuencia ganan espacio”, sostiene, e insiste en que la política policial agresiva contra las drogas ha fracasado en México, Colombia y Brasil.

Además advierte que es sorprendente que en Argentina se destine el 95% del presupuesto a combatir la oferta (contra el narcotráfico) y el 5% a la demanda (adicciones). Para la Fundación UADE y Voices!, las acciones contra el tráfico son lo más importante hoy para enfrentar el problema de las drogas. Pero si no se enfrenta la demanda, ¿cómo se reducirá la oferta? El secretario de Seguridad de Tucumán, Paul Hofer, dice que “cuando aumentás las incautaciones no baja el consumo; lo que cambia es la oferta con la suba del precio de la droga y los niveles de violencia”. También el fiscal Camuña opina que “el verdadero problema en esto es el consumidor” y señala el drama de las poblaciones marginales inundadas de paco, una droga que apenas tiene entre un 4 y un 9% de cocaína y el resto es manitol (un edulcorante), dipirona, azúcar impalpable, reductores y hasta una sustancia prohibida usada para desparasitar caballos. “Vamos a tener una generación afectada”, sentencia.

Así las cosas, el megaoperativo del jueves ofrece resultados ambiguos. ¿Es positivo? Sí, porque se detuvo a traficantes. Pero ya antes los habían detenido. Con esta lógica, en una sociedad de consumo disparado, deberían caer muchísimos más. ¿Se logrará desbaratar el narcomenudeo? Tokatlian advirtió que en 2012 sólo el 3,4% de las causas judiciales involucraban a narcos y en 2014 el 41 % de las causa eran sobre tenencia (adictos) y criticó que esta política sólo perseguía a jóvenes y a pobres. Pero el Gobierno nacional dice que está cambiando el paradigma y se enfoca en su objetivo, aunque no puede decir que se vayan a modificar las cosas.

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