Frustración, impotencia, desilusión, indignación, son algunos estados por los que se atraviesa ante la falta de justicia o de castigo. Hechos delictivos, cuyos responsables -si se los encuentra- no van presos, crímenes que no se aclaran, especialmente si rozan a personas encumbradas en el poder, suelen ser frecuentes en nuestro país. El camino de la impunidad suele ser largo, aunque trascienden pocos casos; la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman es uno de ellos. El miércoles se cumplirán dos años de su desaparición.
La sorpresiva muerte del magistrado que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), conmocionó al país y tuvo repercusión internacional. El hecho se produjo horas antes de que el fiscal se presentara en el Congreso para proporcionar detalles de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman. El 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado sin vida por su madre, con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el lujoso barrio de Puerto Madero.
La presentación efectuada por el fiscal ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados en una reunión privada, había generado una gran expectativa por el calibre de sus denuncias, que habían sacudido al Gobierno. El fiscal, que hace más de una década investigaba el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas, había imputado a la Presidenta y al canciller por el delito de “encubrimiento”, debido a la firma del tratado de cooperación con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual. Según el funcionario judicial, ambos habían convenido la impunidad de Irán antes de suscribir el acuerdo con ese país asiático, y afirmó que había personal de inteligencia involucrado en la denuncia. Pocos días antes, había dicho: “Yo puedo salir muerto de esto... Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona”.
A poco de iniciada la investigación, la fiscal a cargo dijo que se podía hablar de un suicidio porque el cuerpo no presentaba rastros de golpes o de maltrato, aunque no descartó que podía tratarse de una muerte inducida. Los meses transcurrieron, pero lejos de lograrse el esclarecimiento, el panorama se fue complicando. El clima se fue enrareciendo. Se inició una campaña de desprestigio de la víctima, se sacaron a luz hechos de su vida privada, que poco o nada tenían que ver con los móviles del asesinato o de la investigación que él impulsaba. La causa cambió luego de magistrados, pero aun así no se avanzó en su clarificación.
No sólo este caso está impune, también el de la Embajada de Israel (sucedió el 17 de marzo de 1992) y de la AMIA (18 de julio de 1995), entre los más salientes. En Tucumán, hay alrededor de un centenar de episodios que permanecen sin castigo desde hace más de una década, como el de la estudiante Paulina Lebbos, que desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cadáver fue hallado 13 días después, en un zanjón a la vera de la ruta 341, que conduce a Raco.
Los hechos delictivos impunes dejan mal parada a la Justicia; reflejan que hubo negligencias (pericias mal hechas, desaparición de pruebas, etcétera) en la investigación y no se llega nunca a “las últimas consecuencias”. Generan suspicacias de que poderosos intereses creados en torno a una causa impiden que la verdad se sepa. Si no fuera así no hubiesen transcurrido dos años de la muerte de Alberto Nisman o casi 11 del crimen de Paulina Lebbos, sin saber qué sucedió. La impunidad es una de las peores enemigas de la democracia. “Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”, sostenía el escritor francés Jean de la Bruyère.
La sorpresiva muerte del magistrado que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), conmocionó al país y tuvo repercusión internacional. El hecho se produjo horas antes de que el fiscal se presentara en el Congreso para proporcionar detalles de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman. El 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado sin vida por su madre, con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el lujoso barrio de Puerto Madero.
La presentación efectuada por el fiscal ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados en una reunión privada, había generado una gran expectativa por el calibre de sus denuncias, que habían sacudido al Gobierno. El fiscal, que hace más de una década investigaba el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas, había imputado a la Presidenta y al canciller por el delito de “encubrimiento”, debido a la firma del tratado de cooperación con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual. Según el funcionario judicial, ambos habían convenido la impunidad de Irán antes de suscribir el acuerdo con ese país asiático, y afirmó que había personal de inteligencia involucrado en la denuncia. Pocos días antes, había dicho: “Yo puedo salir muerto de esto... Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona”.
A poco de iniciada la investigación, la fiscal a cargo dijo que se podía hablar de un suicidio porque el cuerpo no presentaba rastros de golpes o de maltrato, aunque no descartó que podía tratarse de una muerte inducida. Los meses transcurrieron, pero lejos de lograrse el esclarecimiento, el panorama se fue complicando. El clima se fue enrareciendo. Se inició una campaña de desprestigio de la víctima, se sacaron a luz hechos de su vida privada, que poco o nada tenían que ver con los móviles del asesinato o de la investigación que él impulsaba. La causa cambió luego de magistrados, pero aun así no se avanzó en su clarificación.
No sólo este caso está impune, también el de la Embajada de Israel (sucedió el 17 de marzo de 1992) y de la AMIA (18 de julio de 1995), entre los más salientes. En Tucumán, hay alrededor de un centenar de episodios que permanecen sin castigo desde hace más de una década, como el de la estudiante Paulina Lebbos, que desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cadáver fue hallado 13 días después, en un zanjón a la vera de la ruta 341, que conduce a Raco.
Los hechos delictivos impunes dejan mal parada a la Justicia; reflejan que hubo negligencias (pericias mal hechas, desaparición de pruebas, etcétera) en la investigación y no se llega nunca a “las últimas consecuencias”. Generan suspicacias de que poderosos intereses creados en torno a una causa impiden que la verdad se sepa. Si no fuera así no hubiesen transcurrido dos años de la muerte de Alberto Nisman o casi 11 del crimen de Paulina Lebbos, sin saber qué sucedió. La impunidad es una de las peores enemigas de la democracia. “Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”, sostenía el escritor francés Jean de la Bruyère.
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