Freno temporario a la intervención federal

Freno temporario a la intervención federal

Los decretos electorales de Domato dieron marco a la renovación de legisladores y a la selección de convencionales constituyentes. La Corte respaldó al gobernador

Treinta y cinco días de extrema tensión se vivieron en los ambientes políticos de Tucumán.

Ese proceso de intranquilidad arrancó el 26 de septiembre de 1989 con el veto que el gobernador José Domato aplicó a la controvertida ley que excluía a tres departamentos (Capital, Leales y Tafí) de la elección de renovación legislativa del 5 de noviembre.

El Senado había impuesto su voluntad política a la Cámara de Diputados, al prevalecer en la insistencia legislativa. La norma era sencillamente proscriptiva. Pero Tucumán se quedó sin ley electoral.

Domato invocó la existencia de un estado gravísimo de necesidad y urgencia para fijar las reglas electorales mediante sendos decretos.

Por el decreto 2122, planteó que el veto constituye el triste colofón de un azaroso trámite legislativo. Y por el decreto 2123 confirmó los comicios para el 5 de noviembre, llamó a elecciones de legisladores en los 11 departamentos y de 60 c convencionales constituyentes. Fue un ingrediente novedoso para el mundo de los partidos. Todo se hizo para asegurar a la provincia y a sus habitantes la autonomía y el ejercicio de los derechos políticos. Se actuó con razonabilidad y moderación, según el Poder Ejecutivo.

Las reacciones

La UCR, tempranamente, advirtió que Domato emprendió un espinoso camino La oposición empezó a tomar conciencia de lo que políticamente significaba el diseño electoral proyectado por Domato. La injerencia de la Casa Rosada era visible.

La convención de la UCR estudió el problema en la convención del 2 de octubre. Se acordó concurrir a las urnas y denunciar la inconstitucionalidad de los decretos de Domato. Según Rubén Chebaia, titular del partido, la UCR debía ofrecer sus banderas programáticas a la ciudadanía.

En ese partido existía la impresión de que se favorecía la polarización entre los seguidores de Carlos Menem y Antonio Bussi.

Juicios políticos

El diputado nacional Exequiel Ávila Gallo (Bandera Blanca) denunció maniobras supuestamente dolorosas que afectarían el proceso electoral en el juzgado de instrucción de la II nominación. Los responsables, según el opositor, eran Domato, Eduardo Bauzá (ministro del Interior), Juan Carlos Mazzón (director de Provincias), Antonio Bussi y Alberto Germanó (diputados electos por FR).

El malestar opositor recaló en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo rechazó sendos pedidos de juicio político impulsados por Ávila Gallo y el ciudadano Eduardo Aguirre. Venció por 15 a 12 y 15 a 9, respectivamente.

El justicialista Jesús María Martínez dijo que el gobernador obró en el marco del estado de necesidad. Domato salvó a la provincia de la intervención federal, explicó.

Desde la oposición, el radical Alfredo Terraf aseveró que el gobernador no tenía razones de urgencia para intervenir. Domato creó el estado de necesidad, planteó.

El Senado, a todo esto, deliberó sorpresivamente y dio media sanción a una ley que aplazaba la elección de convencionales constituyentes para el 27 de abril de 1990.

La palabra final

Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia se acumularon los expedientes con alegatos de inconstitucionalidad del arsenal legislativo montado por Domato.

A pocos días de la concurrencia a las urnas, la Corte , con la inclusión del camarista Manuel Wagner como conjuez, dictó una serie de sentencias negativas a los pedidos de inconstitucionalidad de los decretos de Domato. No se hizo lugar a las acciones del Movimiento Popular Tucumano y del partido federalista, de la Bandera Blanca y de dos ciudadanos. El 31 de octubre se puso fin a la incertidumbre institucional. El fantasma de la intervención federal despareció temporariamente. Se corporizó en enero de 1991.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios