Leyes para proteger a víctimas de la violencia de género

La Legislatura busca combatir la violencia de género con un paquete de medidas que van desde subsidios hasta juzgados específicos y cuerpos de abogados especializados.

Ayer, la declaración de emergencia durante dos años fue uno de temas centrales en la sesión. El proyecto, aprobado por unanimidad, contempla medidas para tratar de prevenir y combatir las agresiones físicas y psicológicas motivadas por cuestiones de género, y que tienen a las mujeres como principales víctimas. Se crearán hogares de contención para casos de emergencia (por ejemplo, hasta tanto se dicte la exclusión del hogar del golpeador); un aporte económico por hasta tres meses, equivalente al sueldo mínimo, vital y móvil, para quienes no cuenten con empleo o con recursos para afrontar la situación; y la asignación de un cupo en los barrios que planifica el Instituto de la Vivienda.

“Ya tenemos dos marchas con la consigna ‘Ni Una Menos’”, resumió la oficialista Graciela Medina, presidenta de la Comisión de la Mujer. “No queremos que este flagelo conviva con nosotros. Esta emergencia es el marco que nos permitirá sumar herramientas”, añadió la taficeña.

Su par Roque Cativa, titular de la Comisión de Legislación General, se refirió a la creación de juzgados especializados en la violencia contra la mujer. “Podrán unificar las actuaciones penales o civiles tendientes a proteger a las víctimas y a sus familias, evitando la dispersión de los trámites”, dijo. Guillermo Gassenbauer, autor de uno de los proyectos, destacó la generación de un registro de agresores. El radical Fernando Valdez recordó que en el Presupuesto provincial está prevista la creación de un fondo especial para atender la problemática, y aprovechó la ocasión para reclamar a la Cámara que discuta una ley de salud reproductiva. En el mismo sentido se pronunció la peronista disidente Stella Maris Córdoba: “es una deuda de 14 años, que se está constituyendo casi en un hecho de violencia institucional”.

“La violencia no tiene estratos sociales ni niveles de educación. Basta de policías que no toman denuncias, basta de políticas públicas declamadas y no ejecutadas”, planteó Adela Estofán de Terraf (UCR).