Debieron pasar 41 años para que pudiera desahogarse

“Bueno, me desahogué”. Roberto Galván repitió varias veces la frase con un resoplido mientras se despedía en la puerta de su casa de los jueces, fiscales, defensores oficiales y particulares y funcionarios del Tribunal Oral Federal (TOF). Las partes y los magistrados se trasladaron ayer hasta Famaillá, un sitio emblemático del Operativo Independencia, para tomar testimonios a víctimas de la megacausa que aborda crímenes de lesa humanidad cometidos durante la operación, en 1975. El procedimiento se da con los afectados que, por cuestiones de salud o de edad, no pueden presentarse en la sala.

“Paralítico” o “marcado”

Galván, de 63 años, se sentó en el living de su vivienda del barrio Elías Pérez y contó dos episodios que vivió en 1975. Apenas la fiscal Julia Vitar comenzó a preguntarle por la denuncia que había realizado, Galván empezó a enumerar las secuelas físicas que le dejaron las torturas. La clavícula dañada por las quebraduras sin tratar; una córnea lastimada; el dedo que le rompieron de un culatazo; los dientes postizos y la mandíbula cruzada por los golpes en la cabeza y dos heridas de bayoneta en las piernas.

El hombre era empleado municipal y vivía con su esposa y su hijo cuando sucedieron los hechos. Su casa quedaba a pocas cuadras del centro clandestino La Escuelita. Era entonces secretario de la Juventud Peronista en su ciudad.

Consideró que hubo tres hechos que derivaron en sus detenciones: la relación con dos compañeros de la secundaria que eran del ERP y que izaron una bandera en el establecimiento; las visitas frecuentes que hacían a la zona del cerro, en la Colonia 6 del Ingenio La Fronterita, donde vivían sus suegros y la integración de la JP.

“Llevaron a Andrés Barros, que vivía a tres casas y a Víctor Clavero (también víctima de la megacausa), que militaba conmigo; ambos desaparecidos. Hay muchos desaparecidos en Famaillá de los que no hicieron las denuncias por miedo”, lamentó.

La primera detención, dijo, fue en agosto de 1975. Estaba en la Municipalidad cuando un grupo de hombres de uniforme y de civil lo maniataron y le vendaron los ojos. “Podía ver por debajo de la venda, noté que me metieron en la Escuela Lavalle, al lado de donde estaba el comando táctico. Me interrogaron sobre los activistas. Era el Ejército el que estaba”, consignó.

Tras ser liberado, fue nuevamente secuestrado en septiembre. “Salía de la Municipalidad y me dijeron que el Ejército tenía a mi mujer y a mi hermana. El chiquito se lo pasaron los vecinos de casa en casa hasta que le dieron a mi familia. Llegué a entregarme, estaba el Ejército y la antiaérea de Azul. ¡Hijos de p...!”, se quebró. Afirmó que fue llevado a una cancha de fútbol y subido a un helicóptero hasta el cerro con dos personas más. “Nos bajaron y nos estaquearon. Pegaban varillazos y golpes. Preguntaban qué les proveía a los guerrilleros y si cuando iba a mis suegros qué llevaba”, explicó.

Explicó que después los llevaron a La Escuelita. “Ahí sí que hubo de todo. Estuve con (Manuel) Torres (víctima de la causa). Pedíamos agua y nos metían la manguera hasta aquí (por la garganta). En el baño había dedos cortados, pelos y sangre. Nos mantenían con pastillas. Se escuchaban quejidos. Me torturaban, dos o cuatro veces al día me sacaban. ‘Si no te dejamos paralíticos, te vamos a dejar marcado’, me dijeron cuando me clavaron la bayoneta. Yo pesaba 100 kilos y me largaron con 25, estaba todo quebrado y hecho pelota”, expresó.

Explicó que fue liberado en diciembre, cerca del río Aranillas, en Famaillá. “Me tiraron cerca de la finca donde los guerrilleros voltearon el helicóptero (del Ejército). En calzoncillos y atado”, concluyó emocionado.

"La acción de la guerrilla es esquivada por las querellas"

El abogado Mario Leiva Haro, defensor del ex militar imputado José Roberto Abba, destacó el valor del testimonio de Roberto Galván. “Fueron significativas las declaraciones. Dijo una gran verdad que siempre es ocultada y esquivada por las querellas: la actuación de la guerrilla, sobre todo, en Tucumán”, consideró.

El letrado repasó que, ante preguntas de los defensores particulares y oficiales, la víctima relató que se volteó un helicóptero del Ejército; que se puso una bomba a un jeep y que se izó una bandera del ERP en la escuela Agrotécnica antes de 1975.

“Eso es lo que realmente pasaba. El testigo, pese a ser víctima según su relato, fue objetivo. Dejó sentado lo que venimos manifestando. Existía un grupo guerrillero y un enfrentamiento armado. Nos pareció muy importante el testimonio y más porque estamos en el lugar donde pasaron estas cosas”, consignó.

Abba, que fue funcionario bussista, está imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos contra dos de las 271 víctimas del juicio. Se trata del periodista de LA GACETA Maurice Jeger (de 36 años) y de su compañera Olga González (de 26 años, embarazada). La pareja está desaparecida desde que fue secuestrada, el 8 de julio de 1975.

Inspección ocular

De las testimoniales -fueron cuatro- participaron el presidente del Tribunal, Gabriel Casas, y el juez Hugo Cataldi; el secretario del TOF, Mariano García Zavalía; la fiscal ad hoc Julia Vitar; el defensor oficial Adolfo Bertini; los querellantes Pablo Gargiulo y Pedro Orieta; y los defensores particulares Leiva, Nadia Orce, Facundo Maggio, Atilio Mollerach y Leiva. Durante la mañana de hoy se tomará un testimonio en San Pablo y luego, se hará una inspección ocular en el predio del ex Ingenio Lules.

El juicio por la megacausa comenzó el 5 de mayo. Si bien es el doceavo por crímenes de lesa humanidad que se celebra en la provincia y el más grande, es el primero que aborda crímenes de ese tipo durante un Gobierno constitucional. Las víctimas suman 271 y los imputados, 19.