Es sinónimo de placer, de diversión. Pero también de dolor y de muerte. El consumo de bebidas alcohólicas representa un peligro cuando se deben efectuar tareas de mucha responsabilidad en la que está en juego la vida propia y la ajena, como conducir un vehículo. El 18 de febrero pasado, hubo aprobación social cuando la Legislatura sancionó la Ley de Alcoholemia Cero. Se trataba de una herramienta importante que iba a permitir hacer descender la estadística de accidentes viales y proteger la vida. De acuerdo con los registros de la asociación civil “Luchemos por la vida”, en los últimos 15 años en la Argentina murieron en accidentes de tránsito 112.276 personas, lo cual representa un promedio de 21 víctimas mortales por día; se indicaba que una de las principales causas es el consumo de alcohol por parte de los conductores.
Desde que la ley se puso en marcha en Tucumán se secuestraron 300 vehículos. Según el secretario provincial de Transporte, en el 80% de los casos los infractores fueron hombres, de entre 22 y 40 años. “Por ahora, no tuvimos problemas. Hicimos muchas campañas de concientización y la gente sabe que no puede tomar. Lo que sí vemos es que muchos exigen una contraprueba cuando el alcoholímetro indica que sí han bebido”, dijo el funcionario.
La Dirección de Epidemiología de la provincia le informó que a lo largo de tres meses, el nivel de accidentes se mantuvo, es decir que en las guardias, de cada 10 accidentados que llegan seis han bebido alcohol. El 70% de los heridos son varones; 22 años es el promedio de edad de los heridos. “Creo que va a pasar un tiempo hasta que realmente veamos los efectos de esta ley, que es muy buena”, sostuvo el funcionario que se mostró partidario de incrementar los controles. Las multas a los transgresores van desde los $ 15.000 y contemplan inhabilitaciones de hasta dos años. De acuerdo con los registros de la Dirección de Emergentología de la provincia, se producen al año 30.000 accidentes viales, y en un 60% están involucradas personas que han consumido alcohol, es decir 18.000. Por mes, representan 1.500. En tres meses, sumarían 4.500 y si en ese tiempo, se han labrado sólo 300 sanciones, significa que el porcentaje es muy bajo.
La necesidad de combatir el consumo de alcohol en los conductores comenzó el 11 de mayo de 2007, cuando la Provincia lanzó controles sobre los niveles de alcoholemia. Las sanciones pecuniarias oscilaban entonces, entre los $600 y los $1.200. En ese momento, se indicó que en Tucumán, el 70 % de los accidentes de tránsito que provocaron víctimas mortales habían sido producidos por conductores alcoholizados. Si bien la acertada medida trajo al comienzo resultados positivos, no logró que la cantidad de accidentes y de víctimas descendiera. No solo la escasez de controles y de la ausencia campañas de concientización sostenidas sobresalen en esta realidad, sino también que pocos municipios se adhirieron a la normativa.
Algo similar ocurre con la ley de Alcoholemia Cero. Generalmente, los controles se realizan en la capital, de jueves a domingos, y son a simple vista insuficientes. ¿A los 300 infractores se los habrá sancionado con la multa mínima de $15.000? Tampoco se ha logrado la adhesión de todos los municipios a la norma. Es inexplicable que una iniciativa que busca preservar la vida no cuente con el consentimiento unánime; lo mismo sucede con la obtención del carnet de manejo, no existe un criterio unificado y cada municipalidad hace lo que le parece.
Si algo no funciona como se espera, las autoridades deberían preguntarse qué es lo que están haciendo mal o directamente no están haciendo, y efectuar las correcciones necesarias. Si no educamos al futuro conductor, seguiremos lejos de ahuyentar a la muerte de las calles y las rutas.
Desde que la ley se puso en marcha en Tucumán se secuestraron 300 vehículos. Según el secretario provincial de Transporte, en el 80% de los casos los infractores fueron hombres, de entre 22 y 40 años. “Por ahora, no tuvimos problemas. Hicimos muchas campañas de concientización y la gente sabe que no puede tomar. Lo que sí vemos es que muchos exigen una contraprueba cuando el alcoholímetro indica que sí han bebido”, dijo el funcionario.
La Dirección de Epidemiología de la provincia le informó que a lo largo de tres meses, el nivel de accidentes se mantuvo, es decir que en las guardias, de cada 10 accidentados que llegan seis han bebido alcohol. El 70% de los heridos son varones; 22 años es el promedio de edad de los heridos. “Creo que va a pasar un tiempo hasta que realmente veamos los efectos de esta ley, que es muy buena”, sostuvo el funcionario que se mostró partidario de incrementar los controles. Las multas a los transgresores van desde los $ 15.000 y contemplan inhabilitaciones de hasta dos años. De acuerdo con los registros de la Dirección de Emergentología de la provincia, se producen al año 30.000 accidentes viales, y en un 60% están involucradas personas que han consumido alcohol, es decir 18.000. Por mes, representan 1.500. En tres meses, sumarían 4.500 y si en ese tiempo, se han labrado sólo 300 sanciones, significa que el porcentaje es muy bajo.
La necesidad de combatir el consumo de alcohol en los conductores comenzó el 11 de mayo de 2007, cuando la Provincia lanzó controles sobre los niveles de alcoholemia. Las sanciones pecuniarias oscilaban entonces, entre los $600 y los $1.200. En ese momento, se indicó que en Tucumán, el 70 % de los accidentes de tránsito que provocaron víctimas mortales habían sido producidos por conductores alcoholizados. Si bien la acertada medida trajo al comienzo resultados positivos, no logró que la cantidad de accidentes y de víctimas descendiera. No solo la escasez de controles y de la ausencia campañas de concientización sostenidas sobresalen en esta realidad, sino también que pocos municipios se adhirieron a la normativa.
Algo similar ocurre con la ley de Alcoholemia Cero. Generalmente, los controles se realizan en la capital, de jueves a domingos, y son a simple vista insuficientes. ¿A los 300 infractores se los habrá sancionado con la multa mínima de $15.000? Tampoco se ha logrado la adhesión de todos los municipios a la norma. Es inexplicable que una iniciativa que busca preservar la vida no cuente con el consentimiento unánime; lo mismo sucede con la obtención del carnet de manejo, no existe un criterio unificado y cada municipalidad hace lo que le parece.
Si algo no funciona como se espera, las autoridades deberían preguntarse qué es lo que están haciendo mal o directamente no están haciendo, y efectuar las correcciones necesarias. Si no educamos al futuro conductor, seguiremos lejos de ahuyentar a la muerte de las calles y las rutas.
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