MARCELO BÁTIZ / AGENCIA DYN
BUENOS AIRES.- En la presentación del proyecto de Presupuesto para 2017, hubo una inédita coincidencia entre dirigentes políticos, economistas y consultores en destacar que la iniciativa estaba lejos de los habituales “dibujos” que caracterizaron a la última década. “Se podrá estar o no de acuerdo con sus metas, pero es un proyecto realista”, podría ser el común denominador de las declaraciones.
No se trata de ningún prodigio de la técnica presupuestaria, simplemente se intentó obrar con un mínimo de corrección para no caer en el desvarío de las últimas leyes. Leyes, dicho sea de paso, aprobadas por muchos de los que hoy se suman al coro del “realismo”, entre ellos un diputado y un senador que, desde sus responsabilidades de jefes de Gabinete, fueron beneficiarios y ejecutores del “irrealismo” a ultranza.
Solo para tener una referencia y no cansar con una seguidilla de cifras, vale la pena saber que de la suma de las cuatro leyes de Presupuesto que van de 2012 al 2015 resultaba un déficit financiero de 46.721,2 millones de pesos. La realidad fue muy distinta: 455.397,5 millones, diez veces más.
Pero habrá que convenir que el “realismo” es necesario, pero no suficiente. Debe dejarse en claro ante los representantes del pueblo y de las provincias cuáles van a ser los gastos, los ingresos estimados y el déficit, pero también deben llevarse a cabo las tareas para que las cuentas, al menos, se acerquen a un equilibrio más o menos presentable. Y en ese punto, el primer presupuesto 100% macrista tiene varios aspectos de difícil explicación.
Ya es sabido que la pauta de déficit primario se elevó de 3,3 a 4,24 puntos del PBI, nada menos que 413.091 millones de pesos. Lo extraño de ese crecimiento de casi un punto porcentual (más de 90.000 millones de pesos de desvío) es que no es acompañado por una modificación en la pauta inflacionaria, que se mantiene inalterada como si el déficit que en gran medida la causa no hubiera cambiado.
Las metas de inflación tampoco parecen ser demasiado consistentes en las proyecciones plurianuales si se las compara con la evolución prevista en la cotización del dólar. En momentos en que el temor de muchos pasa por cómo evitar una mayor apreciación cambiaria, los pronósticos para el trienio 2017/19 van en sentido contrario.
Las previsiones
Para el año próximo, se prevé una inflación en el rango del 12 al 17 % con una suba del dólar del 19,5 %. En 2018, la suba de precios sería del 8 al 12 % y la de la moneda estadounidense del 18,4 %, en tanto para 2019 los precios crecerían del 3,5 al 6,5 % ante un alza del 10,9 % del dólar. El acumulado trienal marca una inflación del 25,2 al 39,6 % frente a una suba del dólar del 56,9 %. Como si no hubiera servido la experiencia de este año, en el que los precios subieron con la devaluación y tienden a calmarse con la estabilidad del dólar.
La promesa al sector agropecuario de seguir con la baja de cinco puntos porcentuales por año a las retenciones a la soja parece haber quedado postergada. Al respecto, cabe hacer una aclaración ante tantas declaraciones que indican que el proyecto de Presupuesto no tiene en cuenta esta rebaja. No la tiene en cuenta porque no le corresponde: una ley de Presupuesto simplemente establece cuánto dinero se va a recaudar, sin especificar alícuotas, que en el caso de las retenciones pueden modificarse por decreto (o resolución, como se recordará de aquel 11 de marzo de 2008).
No queda, entonces, más que conjeturar en base a estimaciones de volúmenes y precios de exportación. Y en ese punto, el “realismo” flaquea. Si se espera que las exportaciones crezcan el 30 % y las importaciones el 32 %, ¿cómo se explica que los ingresos por comercio exterior aumenten un 38,2 %? Convendría preguntarse, antes de si bajarán o no las retenciones a la soja, si en verdad no se las aumentarán a otro producto. O si, en definitiva, el funcionario que calculó los datos del comercio exterior tiene o no buen diálogo con el área de Ingresos Públicos. Son los riesgos de dividir la economía en tantos ministerios...
Otro aspecto poco claro es el de los subsidios, cuya baja se descuenta en base a las declaraciones de los funcionarios, pero no por estar debidamente detallados en el proyecto. En esto, los inconvenientes derivan de una extraña metodología presupuestaria que incluye a los subsidios dentro del concepto “transferencias” sin especificaciones que permitan identificarlos. Las transferencias a empresas privadas tienen una reducción del 31,4 %, a la vez que las destinadas a empresas públicas no financieras caen un 17,6 %. “Teniendo en cuenta la importancia de estos subsidios en el total del gasto público, sería conveniente que los mismos se expresaran de manera más clara en el presupuesto nacional, ya que en la actualidad es muy complejo su seguimiento”. Así lo señala la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la entidad que más entiende en el tema. Tanto entiende que en su análisis del proyecto lanzó una advertencia: “Es preciso definir claramente un sendero de reducción del déficit”. Eso también es “realismo”.
