La guerra política de los números

La guerra política de los números

La determinación de la cantidad de empleados estatales fue materia de polémica entre peronistas y radicales. El interventor Aráoz hizo 12.000 designaciones. Queja de FR.

Cuántos empleados públicos forman parte de la burocracia estatal de Tucumán? El interrogante generó múltiples polémicas durante los dos primeros gobiernos de la democracia recuperada el 10 de diciembre de 1983. El oficialismo peronista y la UCR –primera fuerza opositora de entonces- chocaron más de una vez al respecto.

Dentro del PJ, se admitía que Fernando Riera había engrosado las filas de la administración pública ante la falta de trabajo en la esfera privada. Su sucesor José Domato no vaciló en calificar de pesada carga a esa herencia. Sus esfuerzos por revertir la situación no prosperaron en medio de la tormenta política y socioeconómica que sacudió al país hacia fines de la década.

El radicalismo acusó a los mandatarios del PJ de clientelistas porque fabricaban nombramientos por motivaciones políticas. Uno de sus representantes en la Legislatura bicameral, el diputado Armando Neri Santillán inventó incluso un neologismo para tipificar ese hecho: empleomanía. Otro veterano dirigente de ese partido –Mario Courtade- solía atribuir los triunfos de su antagonista a la masa de agentes incorporados al Estado. La guerra de los números quedó instalada en la agenda pública por espacio de varias décadas.

Decisión en la plaza

La intervención federal acaecida en 1991 se ocupó del problema, pero tampoco canceló la discusión, porque Fuerza Republicana objetó la solución ideada por Julio César Aráoz.

A los 17 años de la muerte del ex presidente Juan Perón, el interventor Aráoz anunció en la plaza Independencia la designación masiva en planta permanente de empleados transitorios y contratados del Estado provincial, municipios y comunas rurales. Cuando vine (a Tucumán) tenía la orden del ministro de Economía de dejar cesantes 33.000 estatales, reveló el delegado del presidente Menem. Desobedeció así a Domingo Cavallo, hombre fuerte del gabinete. El toque electoralista de la medida era innegable a tres meses de las elecciones generales. Se acabó el autoritarismo en Tucumán, diagnosticó.

El interventor federal dijo que el decreto ley que instituía la emergencia fiscal abría un espacio para el crecimiento de la economía y la justicia social.

Aseveró, además, que con la etapa de ordenamiento concluida, había cambiado la imagen que proyectaba el empleado público ante la sociedad.

El ministro de Economía de la intervención federal, Diego García, aseveró que el de 1991 era un presupuesto sin déficit y que preveía la titularización masiva. A su vez, Eduardo Jairala, secretario de Hacienda, explicó que la decisión de Aráoz se basó en cálculos realistas, por lo que no implicaba riesgo para el próximo gobierno.

Datos en pugna

El 13 de julio se publicó el decreto ley 6.181 que disponía la entrada de 12.000 empleados al Estado provincial, municipalidades y comunas rurales. El jefe de Fuerza Republicana, Antonio Bussi, habló de 20.000 empleos nuevos pero se apresuró a aclarar que no echaría estatales en su gestión.

Ricardo Balestra, desde FR de Capital Federal, denunció que se hipotecaba el futuro financiero de la provincia. El ex diputado liberal que fustigaba al gobierno de Aráoz aparecía como uno de los principales operadores del bussismo en el ámbito nacional,

Del gobierno de Menem, afirmaba coincidir con sus objetivos, pero cuestionaba su mora en indultar a las ex juntas de comandantes de la dictadura militar.

Aráoz, por su parte, insistía en que no había recibido ayuda extra del gobierno federal. La guerra de los números permaneció abierta: La matemática se acomodaba a la política.

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