El PE busca ganar tiempo en el caso de las valijas, según Aráoz

El legislador Eudoro Aráoz (bloque Unión Cívica Radical) sembró dudas con respecto a los argumentos que dio la Provincia para no aportar datos sobre los más de $ 500 millones en supuestos subsidios que otorgó la Legislatura en el 2015 electoral.

Según el radical, la postura adoptada por la Fiscalía de Estado “sólo se explicaría por el afán de ganar tiempo antes de permitir la compulsa de la documentación” referida a los fondos ejecutados durante el año pasado bajo la denominación “ayudas sociales a personas”.

El escrito firmado por Aráoz ingresó a la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo. En marzo, el ex titular del Colegio de Abogados planteó una acción de amparo para exigir la difusión del detalle de los “gastos sociales” de la Legislatura, entre marzo y octubre de 2015, cuando el actual gobernador, Juan Manzur, era vicegobernador y presidente del cuerpo colegiado.

El opositor formuló la demanda sobre la base de publicaciones de LA GACETA, en las que se reveló que empleados de Tesorería del Poder Legislativo trasladaban plata en valijas (en cada una cabían $ 6 millones) de una sucursal bancaria céntrica hasta la sede del cuerpo colegiado. Los recursos eran extraídos de las cuentas para subsidios, denominados “ayudas sociales a personas”. Según Aráoz, al tratarse de información de carácter público, corresponde la difusión detallada del destino final de ese dinero. En la demanda consignó además que en diciembre le había enviado una nota al vicegobernador Osvaldo Jaldo, presidente del Poder Legislativo, solicitándole esos datos. Y destacó que el referente de Trancas no contestó la misiva hasta ahora.

El mes pasado, la Fiscalía de Estado rechazó el amparo planteado por el legislador. Los abogados de la Casa de Gobierno alegaron que Aráoz no había agotado los procedimientos constitucionales y reglamentarios para requerir información. En el escrito, señalaron que el radical había transgredido el artículo 56 de la Constitución provincial, donde se dispone que las comisiones del cuerpo colegiado pueden examinar el estado de la Provincia y “pedir a los responsables de oficinas provinciales los informes que crean convenientes”. Así, consideran improcedentes los amparos. “El demandante no puede desconocer la existencia de una vía idónea, las comisiones, para realizar el pedido de informes dado su doble carácter de abogado y legislador”, consignó la Fiscalía de Estado en su respuesta.

La contestación de Aráoz sembró dudas sobre el verdadero objetivo de los argumentos del Gobierno provincial.

En primer lugar, advirtió que la vía constitucional de las comisiones para requerir datos oficiales “no guarda ninguna relación ni es aplicable al pedido de acceso a información pública”. Añadió que la postura del gobierno provincial “importa la pretensión de abrogar todo derecho de acceso a la información por parte de las minorías” que constituyen el cuerpo colegiado. “El oficialismo tiene mayoría en todas las comisiones”, recalcó Aráoz. Y añadió que, bajo esas circunstancias, el partido gobernante “podría mantener oculto el destino de los fondos públicos gastados por (la Legislatura), lo cual es notoriamente lesivo de elementales principales republicanos”. “Para ser más llano: se pretende impedir en este caso mi acceso a la información mediante el predominio de la mayoría en alguna comisión”, remarcó el legislador radical.

El presupuesto del Poder Legislativo para 2015 era inicialmente de $ 959 millones, pero fue ampliado de manera secreta hasta $ 1.529 millones. La partida que más se incrementó fue la de “ayudas sociales a personas”, que pasó de $ 150 millones a $ 505,6 millones. Como la Cámara eleva rendiciones globales al Tribunal de Cuentas, no es posible determinar el destino de esos fondos públicos.