Por Abrehu Carlos
29 Mayo 2016
La segunda quincena de diciembre de 1983 discurrió cargada de electricidad política. En la primera, so pretexto de una visita de Isabel Perón a la Casa Histórica, los gobernadores peronistas urdieron una estrategia para enfrentar al radicalismo, impensado inquilino de la Casa Rosada.
Después de ese episodio, el gobernador Fernando Riera entró de lleno en el armado de sus equipos administrativos y en la delicada tarea de reorganizar el Poder Judicial. A esas cuestiones se sumaron los primeros reclamos de justicia por violaciones a los derechos humanos. Por todas partes se hablaba de la herencia del Proceso.
El cauteloso estilo del caudillo peronista contrastaba con las presiones ambientales. Esa fue, quizás, una de las características más relevantes de su gestión.
El elegido
Riera designó presidente en comisión de la Corte Suprema de Justicia al abogado Carlos Alberto Rodríguez Marañón. Era un peronista histórico, como el propio mandatario.
Política y Justicia constituían una pareja que resistía cualquier impugnación. Uno de los primeros tentados para sumarse a la futura Corte fue Raúl David Mender, que había sido presidente la Cámara Federal de Apelaciones. Mender respondió negativamente.
La búsqueda se orientó hacia otras direcciones. Mientras tanto, el PE decidió el 22 de diciembre llamar a sesiones extraordinarias de la legislatura bicameral. Dentro de esquema, al Senado le incumbía tratar los pliegos de jueces, entre otros grupos de funcionarios empinados del aparato estatal. La primera propuesta girada por la Casa de Gobierno al Senado el 23 de diciembre. Incluía los nombres de Luis Antoni, Estratón J. Lizondo, Jesús Santos, Alejo Pedraza y Rodríguez Marañón. El ministerio fiscal se lo reservaba para Pascual Ariño. Pero el Gobierno la retiró del Senado, por lo que el tratamiento del asunto se aplazó para después de Navidad.
El 28 de diciembre se remitió la nueva lista al Senado, que exhibía como único cambio al de Luis Antoni por Carlos Malfussi.
A todo esto, el Colegio de Abogados expresaba su preocupación por la coloración política que podía teñir la conformación de los cuadros judiciales.
La institución presidida por Hugo Fabio hizo hincapié en que debían prevalecer los antecedentes de probidad y capacidad, antes que la pertenencia política a una fracción partidaria. Rondaba la sospecha de una peronización del Poder Judicial. Finalmente, el 30 de diciembre, el Senado aprobó los nombres elevados por el Ejecutivo. La Corte reconocía un perfil peronista indiscutido. Sus jueces asumieron el 3 de enero de 1984. Rodríguez Marañón, electo presidente en comisión en el 83, pasó a serlo de derecho. La de Rodríguez Marañón fue una gestión que se extendió ocho años. La extinguió la intervención federal en enero de 1991 En tan dilatado lapso de conducción del alto tribunal enfrentó diversas crisis de diferente intensidad.
Juez polémico
Mientras tanto, ganó visibilidad un conflicto con el juez de instrucción penal Alberto Germanó.
Un grupo de ex presos políticos de filiación peronista le reclamó públicamente al gobierno de Riera que no tramitara el pedido de acuerdo para los jueces de la dictadura. Antonio Guerrero, Luis Garretón, Amado Juri y Carlos María Torres argumentaron que los magistrados del proceso no habían respetado las más elementales normas de derecho y a Constitución. Germanó, que en sus orígenes perteneció a la Línea Nacional radicalismo, se sintió aludido por los dichos de Juri.
Requirió someterse al juicio político y defendió la juridicidad de la condena que había aplicado al ex mandatario justicialista. Germanó dejó de integrar los cuadros judiciales en la vida democrática.
Después de ese episodio, el gobernador Fernando Riera entró de lleno en el armado de sus equipos administrativos y en la delicada tarea de reorganizar el Poder Judicial. A esas cuestiones se sumaron los primeros reclamos de justicia por violaciones a los derechos humanos. Por todas partes se hablaba de la herencia del Proceso.
El cauteloso estilo del caudillo peronista contrastaba con las presiones ambientales. Esa fue, quizás, una de las características más relevantes de su gestión.
El elegido
Riera designó presidente en comisión de la Corte Suprema de Justicia al abogado Carlos Alberto Rodríguez Marañón. Era un peronista histórico, como el propio mandatario.
Política y Justicia constituían una pareja que resistía cualquier impugnación. Uno de los primeros tentados para sumarse a la futura Corte fue Raúl David Mender, que había sido presidente la Cámara Federal de Apelaciones. Mender respondió negativamente.
La búsqueda se orientó hacia otras direcciones. Mientras tanto, el PE decidió el 22 de diciembre llamar a sesiones extraordinarias de la legislatura bicameral. Dentro de esquema, al Senado le incumbía tratar los pliegos de jueces, entre otros grupos de funcionarios empinados del aparato estatal. La primera propuesta girada por la Casa de Gobierno al Senado el 23 de diciembre. Incluía los nombres de Luis Antoni, Estratón J. Lizondo, Jesús Santos, Alejo Pedraza y Rodríguez Marañón. El ministerio fiscal se lo reservaba para Pascual Ariño. Pero el Gobierno la retiró del Senado, por lo que el tratamiento del asunto se aplazó para después de Navidad.
El 28 de diciembre se remitió la nueva lista al Senado, que exhibía como único cambio al de Luis Antoni por Carlos Malfussi.
A todo esto, el Colegio de Abogados expresaba su preocupación por la coloración política que podía teñir la conformación de los cuadros judiciales.
La institución presidida por Hugo Fabio hizo hincapié en que debían prevalecer los antecedentes de probidad y capacidad, antes que la pertenencia política a una fracción partidaria. Rondaba la sospecha de una peronización del Poder Judicial. Finalmente, el 30 de diciembre, el Senado aprobó los nombres elevados por el Ejecutivo. La Corte reconocía un perfil peronista indiscutido. Sus jueces asumieron el 3 de enero de 1984. Rodríguez Marañón, electo presidente en comisión en el 83, pasó a serlo de derecho. La de Rodríguez Marañón fue una gestión que se extendió ocho años. La extinguió la intervención federal en enero de 1991 En tan dilatado lapso de conducción del alto tribunal enfrentó diversas crisis de diferente intensidad.
Juez polémico
Mientras tanto, ganó visibilidad un conflicto con el juez de instrucción penal Alberto Germanó.
Un grupo de ex presos políticos de filiación peronista le reclamó públicamente al gobierno de Riera que no tramitara el pedido de acuerdo para los jueces de la dictadura. Antonio Guerrero, Luis Garretón, Amado Juri y Carlos María Torres argumentaron que los magistrados del proceso no habían respetado las más elementales normas de derecho y a Constitución. Germanó, que en sus orígenes perteneció a la Línea Nacional radicalismo, se sintió aludido por los dichos de Juri.
Requirió someterse al juicio político y defendió la juridicidad de la condena que había aplicado al ex mandatario justicialista. Germanó dejó de integrar los cuadros judiciales en la vida democrática.
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