18 Abril 2016
María Estela Martínez de Perón , conocida como “Isabelita”, no sería indagada por el Operativo Independencia, la incursión militar en la provincia durante 1975. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que había seguido el criterio del juez federal N°1, Daniel Bejas. El magistrado había definido no citar a declarar a la ex Presidenta por su posible responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa etapa de la represión estatal.
La determinación, sin embargo, puede ser discutida aún ante la Corte Suprema de Justicia.
En 2011, el Ministerio Público Fiscal -representado entonces por los fiscales ad hoc Pablo Camuña (hoy es fiscal federal N°2) y Patricio Rovira- había requerido en la acusación original que Martínez fuera imputada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. Los fiscales habían apelado ante cada negativa.
Camuña, actual titular de la oficina de Crímenes contra la Humanidad, había explicado que consideraban que ella fue partícipe necesaria de los delitos por haber dado una orden al Ejército “cuya ejecutoriedad no controló”. “Pedimos que se la imputara por haber firmado el decreto N° 261 (desencadenó el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión. Como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, tenía la obligación de evitarlo”, había asegurado.
A fines del mes pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) había rechazado un pedido de la Defensa para que la ex mandataria, que tiene 85 años y vive en España, sea citada a declarar como testigo en la megajuicio “Operativo Independencia”, que abordará una gran porción de los casos de ese período denunciados en la provincia.
Está previsto que el proceso comience el 5 de mayo en el TOF. Una veintena de imputados será juzgada por crímenes denunciados por 269 víctimas. En el grupo de acusados se encuentran Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique Del Pino, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Vila y Pedro Burtnik.
El 5 de febrero de 1975, “Isabelita” firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia. La determinación derivó en el desarrollo en la provincia de un cruento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, según la acusación de la Fiscalía. Las prácticas represivas llevadas a cabo se extenderían al país tras el Golpe de 1976.
La determinación, sin embargo, puede ser discutida aún ante la Corte Suprema de Justicia.
En 2011, el Ministerio Público Fiscal -representado entonces por los fiscales ad hoc Pablo Camuña (hoy es fiscal federal N°2) y Patricio Rovira- había requerido en la acusación original que Martínez fuera imputada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. Los fiscales habían apelado ante cada negativa.
Camuña, actual titular de la oficina de Crímenes contra la Humanidad, había explicado que consideraban que ella fue partícipe necesaria de los delitos por haber dado una orden al Ejército “cuya ejecutoriedad no controló”. “Pedimos que se la imputara por haber firmado el decreto N° 261 (desencadenó el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión. Como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, tenía la obligación de evitarlo”, había asegurado.
A fines del mes pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) había rechazado un pedido de la Defensa para que la ex mandataria, que tiene 85 años y vive en España, sea citada a declarar como testigo en la megajuicio “Operativo Independencia”, que abordará una gran porción de los casos de ese período denunciados en la provincia.
Está previsto que el proceso comience el 5 de mayo en el TOF. Una veintena de imputados será juzgada por crímenes denunciados por 269 víctimas. En el grupo de acusados se encuentran Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique Del Pino, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Vila y Pedro Burtnik.
El 5 de febrero de 1975, “Isabelita” firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia. La determinación derivó en el desarrollo en la provincia de un cruento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, según la acusación de la Fiscalía. Las prácticas represivas llevadas a cabo se extenderían al país tras el Golpe de 1976.
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