La ola de falsas denuncias genera pesquisas sin sentido y le cuesta caro al Estado

Descabelladas de pies a cabeza. Así son las historias que están dando vueltas por las redes sociales que alimentan el estado de psicosis que viven los tucumanos. Secuestros, robos de niños, abusos sexuales y reacciones desmesuradas y violentas ante rumores infundados forman parte de un amargo menú que prueban diariamente desde hace algo más de tres semanas la Policía y la Justicia.

Hace unos días un mito urbano generó un dolor de cabeza al personal de Guardia Urbana. Varias personas llamaron para avisar que un vendedor ambulante de perfumes, en la céntrica esquina de Muñecas y Mendoza, le había rociado a una menor la fragancia para que la probara. La adolescente, siempre según el relato que se viralizó por Facebook, se desvaneció y el cuentapropista la secuestró para abusar de ella.

Los jefes de la repartición se atragantaron con la novedad. A los gritos, ordenaron que se revisaran las imágenes en el Centro de Monitoreo. Otros oficiales fueron a interrogar al agente -casi con tono de hacerle un sumario- que está instalado en la torre de vigilancia montada en esa esquina. Y por las dudas, otro equipo fue a realizar averiguaciones con los policías que prestan servicios adicionales en la puerta de la tienda que está en ese lugar. Siempre escucharon la misma respuesta: nada extraño había sucedido allí.

“Movilizamos a gran parte del personal porque debíamos chequear la información por las dudas. Estuve más de 20 años trabajando en la Digedrop y jamás observé que hayan drogado a alguien con un spray y mucho menos que se haya desvanecido”, dijo el comisario Fabián Salvatore, uno de los jefes de esa repartición.

Un problema
Ese “por las dudas” se transformó en un fuerte dolor de cabeza y un gasto innecesario para el Estado. El ejemplo: una joven de 19 años mintió haber visto cómo secuestraban a una chica, para no rendir una materia que no había estudiado. Por ese caso, durante tres horas, se movilizó al servicio 911 y a la Justicia. Voceros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicaron que la falsa denuncia le generó a la Provincia un gasto de por lo menos $ 30.000, teniendo en cuenta el movimiento de hombres y el gasto de combustible que se realizó para encontrar a la supuesta víctima.

Los funcionarios se agarran la cabeza y prefieren no cuantificar el dinero que se utilizó para investigar y atender durante casi tres días a la chica que mintió haber sido secuestrada y abusada.

“No sólo es importante aclarar que con estas falsas denuncias se malgastan los fondos públicos, sino que lo más grave es que un caso así o una falsa llamada al servicio 911 nos obliga a desentender otras cuestiones o, lo que es peor aún, le puede costar la vida a otro tucumano. La sociedad debe recapacitar ciertas conductas”, advirtió Paul Hofer, secretario de Seguridad.

La fiscala Adriana Giannoni, que investigó cuatro de las últimas ocho denuncias de secuestros que se produjeron en menos de un mes, también se encuentra en medio de una encrucijada.

“No podemos no darles importancia a estos casos. Las primeras horas son fundamentales en cualquier investigación y no podemos darnos el lujo de pensar si son denuncias falsas o ciertas antes de iniciar nuestro trabajo. Particularmente prefiero actuar y después no lamentarme por no haber tomado algún tipo de medida que pueda ser importante para esclarecer un caso”, le dijo la investigadora a LA GACETA. “No tenemos por qué no creerles a las víctimas. Tenemos que escucharlas y comenzar con la investigación. Pero también es cierto que los tucumanos deben tomar conciencia de lo que hacen cuando se presentan a denunciar un caso de estas características”, aseguró.

Sed de venganza
Las redes sociales se convirtieron en una usina de rumores que no hace otra cosa más que alimentar la confusión en la provincia. Los tucumanos no sólo prefieren denunciar a través de ellas los casos de inseguridad en vez de hacerlo antes las autoridades competentes, sino que además las utilizan para difundir falsas situaciones que enrarecen aún más el clima. Robos de niños, supuestas reuniones en el servicio 911 por la cantidad de secuestros y datos de taxistas que filman a los pasajeros son algunos de los mensajes que se difundieron en las últimas semanas.

“No hay dudas de que se está viviendo una psicosis. Los tucumanos deben calmarse y no pensar que todo lo que se dice es cierto. Tienen que darse cuenta de que una falsa denuncia complica el trabajo de la Policía y de la Justicia. Por atender esas cuestiones, se dejan de lado otras que son muy importantes”, agregó la fiscala Adriana Reinoso Cuello.

“A las redes sociales hay que darles un uso responsable. Nadie discute de su importancia, pero hay que tener cuidado porque en estos momentos están colaborando para que se viva una psicosis. También hay que ver si con todos estos casos no hay por detrás una mala intención”, opinó Dante Bustamante, jefe de Policía.

San Andrés, en los últimos días, fue un infierno. Los vecinos difundieron erróneamente que un hombre de 69 años acusado de haber abusado a una menor, había quedado en libertad. Los más enardecidos intentaron quemar la casa del sospechoso y cortaron la ruta durante varias horas, a pesar de que el imputado sí estaba encerrado en el calabozo.

Pese a que el hombre aún no fue condenado, desconocidos ya lo escracharon en Facebook. El viernes fueron más allá todavía: le quemaron la casa y dejaron sin techo a su esposa y dos hijos que nada tuvieron que ver en el supuesto abuso. La Policía, por orden de la Justicia, detuvo a tres personas por haber participado en los incidentes.

Reinoso Cuello también cuestionó que muchos utilizan las redes sociales para difundir rumores falsos que terminan generando situaciones violentas. “La gente a toda costa quiere hacer justicia por mano propia. Se ha vuelto a los viejos tiempos. En las tribus germánicas imperaba la venganza de la sangre, que determinaba que frente a ciertos delitos se lesionaba o mataba al agresor y se extendía a toda la familia del infractor”, concluyó.