Severini: “el plazo fijo era de mi padre”

Carolina Severini, hija del empresario Augusto Severini (falleció en 2009), controvertió la versión de Roxana Teves respecto de los plazos fijos en dólares que ascendían a $ 6 millones registrados a nombre de esta y de su padre. “El 100% de esos fondos eran de mi papá. Ello fue ratificado en 2011 por la Cámara de Familia”, expresó la heredera mediante una nota. Teves y sus letrados, Juan Roberto y Juan Andrés Robles, denunciaron ayer a Severini; a Jiménez padre; a dos de sus hijos, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, y al ex fiscal Guillermo Herrera. Según esa presentación, estos habrían formado una asociación ilícita para despojar a Teves de su parte en el patrimonio que dejó Augusto Severini, bienes que en 2010 superaban los $ 20 millones (se informa por separado en esta edición).

En las declaraciones que remitió a este diario, Severini defendió el proceder de su abogado, Edmundo Javier Jiménez. “Este recibió el dinero de los mencionados plazos fijos porque era mi apoderado”, dijo. Y añadió: “los fondos correspondían a un monto significativamente menor al publicado ($ 6 millones) y Jiménez (h) me los entregó. El dinero no quedó en sus manos, sino que ingresó a mi patrimonio y yo lo declaré ante los organismos fiscales pertinentes”. Carolina Severini envió estos comentarios luego de la publicación que dio cuenta de que Adriana Giannoni, fiscala N°8, había sostenido el criterio del ex fiscal Herrera y dispuesto la elevación a juicio de la causa “Teves” o “Teves-Albarracín”. La Justicia aún no se expidió sobre ese requerimiento, que considera innecesario investigar la versión que Teves, bajo juramento, dio al fiscal Diego López Ávila. El año pasado, esta dijo que había sido víctima de una maniobra perpetrada por funcionarios públicos, abogados y Carolina Severini. En 2010 y estando presa, Teves renunció a todas sus demandas económicas. Luego, ella y sus familiares recobraron la libertad.

A juicio

Giannoni pidió el juzgamiento de Teves, de su hijo, de su hija y de su nuera, y de Miguel Albarracín, dueño de una carpintería, en septiembre. Cuatro meses antes, su jefe, Edmundo Jiménez, le ordenó continuar el trámite del caso. En abril, este expediente había sido citado por el Colegio de Abogados de la Capital como uno de los ejemplos del “posible uso extorsivo” de la Justicia penal. A partir de esta denuncia, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó una auditoría que fue resistida por el ministro público Jiménez.

El Cuerpo de Auditores de la Corte detectó abundantes anomalías en “Teves-Albarracín” y otros expedientes de Herrera cuestionados por el Colegio. En septiembre, este fiscal renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. En esa época, el fiscal López Ávila dijo que Herrera habría delinquido al instruir las causas “Jorrat”, “Teves”, “Rigourd” y “Pérez”. A fines del año pasado y en el ámbito de la causa “Jorrat”, el camarista Enrique Pedicone notificó a la Corte que el ministro público Jiménez habría operado con otros magistrados y abogados para obtener la impunidad de Herrera. Pese a que en diciembre la Corte ordenó analizar los argumentos de Pedicone, el tribunal todavía no se conformó.