Por Abrehu Carlos
10 Abril 2016
Domingo Cavallo llegó en enero de 1991 como el bombero que debía apagar el fuego inflacionario que amenazaba con devorar la arquitectura de poder menemista. Ese ministro de Economía signó toda una década (1991-2001) de la vida institucional del país. Pues bien, a él le tocó profundizar el viraje del Estado intervencionista a la economía de mercado, en el arranque de un año electoral. El otro Menem jugaba el futuro de su administración en los comicios de septiembre.
El despliegue de la batería de medidas programadas por el equipo cavallista coincidió con la etapa de instalación política de la intervención federal en Tucumán. Como en el resto del país, hubo reacciones en el plano político, sindical y empresario por el cambio de reglas. En el mundo azucarero es donde más se sintió ese impacto.
En abril del 91 entró a regir el programa de Cavallo, que recogía antecedentes de la política de Martínez de Hoz y del alfonsinista Plan Primavera. Pero se diferenció de ellos al atar el destino del peso al dólar, mediante la fijación de la cláusula del uno a uno. Usar dólares o pesos en las transacciones cotidianas sería indistinto .
Al mismo tiempo, se prohibía al Banco Central financiar el déficit estatal con la emisión monetaria y se renunciaba a la devaluación del peso. La convertibilidad procuraba, en suma, la estabilidad de precios.
Obsoleto
El ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, afirmó que el nuevo planteo sustituiría el funcionamiento obsoleto de la economía.
El plan Cavallo no tiene finalidad electoral, sino la necesidad de estabilizar la economía, apuntó el diputado oficialista Antonio Guerrero. Así se opinaba en la galaxia oficialista el día después del lanzamiento de la convertibilidad el 1 de abril.
Diego García, ministro de Economía de la intervención federal, disparó el 2 de ese mes la primera definición alineada con la prédica cavallista, Así auguró tiempos tremendamente duros para el Banco de la Provincia, que entonces era de propiedad estatal. Advertía que el banco tenía una cartera de 4 mil millones de australes y que sólo cobraba 1.200 millones, por lo que no alcanzaba a cubrir la planilla salarial. Se empezó a perfilar así la idea de la privatización del BPT. El gremio bancario contestó asegurando que el ministro no decía la verdad.
La acogida favorable que los mercados le dieron a la política económica, contrastaba con los escándalos de corrupción que sacudían al Ejecutivo nacional. El ruidoso divorcio de Zulema Yoma del presidente Menem fue otro toque surrealista de esa etapa política.
Se acabó la ficción de la emisión monetaria, pontificó García, al justificar el corte de la asistencia financiera a las provincias por ese mecanismo. Este concepto se emparentaba con los postulados del ministro de Economía de la Nación. Lo mejor que puede hacer el Estado es meterse lo menos posible, añadió García. Respecto de la política salarial, dijo que lo mejor era nivelar hacia arriba, pero que no era posible en ese momento.
Mientras tanto, la expectativa de consumo se reflejaba en el retiro de miles de solicitudes de préstamos personales en la Caja Nacional de Ahorro. Esos fondos se canalizarían para la compra de electrodomésticos. La cautela reinaba en el empresariado. Según Enrique Castellote, presidente de la Federación Económica de Tucumán, esa actitud se fundaba en que el Estado había prometido ajustar el gasto, pero después terminó incumpliendo.
Resultados negativos
El congreso del PJ, que sesionó el 7 de abril, fue otro ámbito donde repercutió el nuevo libreto económico del menemismo. Una fracción de delegados abandonó el recinto aduciendo irregularidades diversas. En cambio, permanecieron en sus puestos los congresales que respondían al ex ministro Osvaldo Cirnigliaro.
Ellos deslizaron críticas aseverando que el conjunto de disposiciones inspiradas por Cavallo sólo producirían la recesión y el desempleo. Flotaba en el ambiente un ánimo hostil hacia la actualización doctrinaria del PJ que había enunciado Menem. En ella, el riojano atribuía la caída del peronismo en 1955 a sus propios errores y no a la acción de los antiperonistas. Y proponía abrir la economía a los inversores extranjeros. La polémica entre peronistas se mezcló con la eventual candidatura de Ramón Ortega a la gobernación.
A todo esto, la intervención federal reajustó los salarios del personal de la administración pública centralizada incrementando en el 100% el haber de la categoría inicial del escalafón.
El despliegue de la batería de medidas programadas por el equipo cavallista coincidió con la etapa de instalación política de la intervención federal en Tucumán. Como en el resto del país, hubo reacciones en el plano político, sindical y empresario por el cambio de reglas. En el mundo azucarero es donde más se sintió ese impacto.
En abril del 91 entró a regir el programa de Cavallo, que recogía antecedentes de la política de Martínez de Hoz y del alfonsinista Plan Primavera. Pero se diferenció de ellos al atar el destino del peso al dólar, mediante la fijación de la cláusula del uno a uno. Usar dólares o pesos en las transacciones cotidianas sería indistinto .
Al mismo tiempo, se prohibía al Banco Central financiar el déficit estatal con la emisión monetaria y se renunciaba a la devaluación del peso. La convertibilidad procuraba, en suma, la estabilidad de precios.
Obsoleto
El ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, afirmó que el nuevo planteo sustituiría el funcionamiento obsoleto de la economía.
El plan Cavallo no tiene finalidad electoral, sino la necesidad de estabilizar la economía, apuntó el diputado oficialista Antonio Guerrero. Así se opinaba en la galaxia oficialista el día después del lanzamiento de la convertibilidad el 1 de abril.
Diego García, ministro de Economía de la intervención federal, disparó el 2 de ese mes la primera definición alineada con la prédica cavallista, Así auguró tiempos tremendamente duros para el Banco de la Provincia, que entonces era de propiedad estatal. Advertía que el banco tenía una cartera de 4 mil millones de australes y que sólo cobraba 1.200 millones, por lo que no alcanzaba a cubrir la planilla salarial. Se empezó a perfilar así la idea de la privatización del BPT. El gremio bancario contestó asegurando que el ministro no decía la verdad.
La acogida favorable que los mercados le dieron a la política económica, contrastaba con los escándalos de corrupción que sacudían al Ejecutivo nacional. El ruidoso divorcio de Zulema Yoma del presidente Menem fue otro toque surrealista de esa etapa política.
Se acabó la ficción de la emisión monetaria, pontificó García, al justificar el corte de la asistencia financiera a las provincias por ese mecanismo. Este concepto se emparentaba con los postulados del ministro de Economía de la Nación. Lo mejor que puede hacer el Estado es meterse lo menos posible, añadió García. Respecto de la política salarial, dijo que lo mejor era nivelar hacia arriba, pero que no era posible en ese momento.
Mientras tanto, la expectativa de consumo se reflejaba en el retiro de miles de solicitudes de préstamos personales en la Caja Nacional de Ahorro. Esos fondos se canalizarían para la compra de electrodomésticos. La cautela reinaba en el empresariado. Según Enrique Castellote, presidente de la Federación Económica de Tucumán, esa actitud se fundaba en que el Estado había prometido ajustar el gasto, pero después terminó incumpliendo.
Resultados negativos
El congreso del PJ, que sesionó el 7 de abril, fue otro ámbito donde repercutió el nuevo libreto económico del menemismo. Una fracción de delegados abandonó el recinto aduciendo irregularidades diversas. En cambio, permanecieron en sus puestos los congresales que respondían al ex ministro Osvaldo Cirnigliaro.
Ellos deslizaron críticas aseverando que el conjunto de disposiciones inspiradas por Cavallo sólo producirían la recesión y el desempleo. Flotaba en el ambiente un ánimo hostil hacia la actualización doctrinaria del PJ que había enunciado Menem. En ella, el riojano atribuía la caída del peronismo en 1955 a sus propios errores y no a la acción de los antiperonistas. Y proponía abrir la economía a los inversores extranjeros. La polémica entre peronistas se mezcló con la eventual candidatura de Ramón Ortega a la gobernación.
A todo esto, la intervención federal reajustó los salarios del personal de la administración pública centralizada incrementando en el 100% el haber de la categoría inicial del escalafón.
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