08 Marzo 2016
PESQUISA. Navarro Dávila pidió datos sobre vocales de la Corte. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO
“Yo en mis facultades de fiscal puedo requerirle informes a quien considere pertinente”. El fiscal de Instrucción N° 5, Washington Navarro Dávila, aseguró que hubo un malentendido con respecto a su solicitud de los números de teléfono de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). De todas formas, deslizó que los jueces del máximo tribunal no deberían condicionar su actuación.
“Si ha habido una mala interpretación del oficio, deben recapacitar y no salir a cuestionar por medio de la prensa. Hasta acá, lo que mandó el presidente de la Corte (Antonio Gandur) diciendo que el oficio es impertinente... Yo a él no le he pedido el informe. A mí me tiene que contestar (el encargado de la central telefónica de Tribunales, Oscar) Talevi y no el presidente de la Corte. En su momento le solicitaré a él, si lo considero pertinente. Pero no me pueden condicionar una investigación. Hay que ser muy respetuoso y esperar los acontecimientos”, aseveró Navarro Dávila, y agregó: “si ellos se han visto afectados en algo, que lo hagan conocer por los mecanismos que corresponden, pero a un fiscal no se le puede estar condicionando hasta dónde puede llegar en una investigación”.
El oficio que remitió el fiscal a Talevi requiriendo los números telefónicos, habría generado malestar en el seno del máximo tribunal. Fuentes de los Tribunales manifestaron a LA GACETA que el pedido de informes era inaudito, e implicaba un avance evidente sobre la esfera privada e íntima de los jueces. Gandur, además, respondió al fiscal que debía pedir los números telefónicos por la vía correspondiente y limitar en forma estricta la pesquisa.
“Lo único que solicité son los números de teléfono que el Poder Judicial asignó a los vocales. Nunca se habló de cruces de llamadas o de mensajes. No sé por qué se asustaron tanto”, afirmó el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5.
“No hay ninguna prohibición para que ningún ciudadano, o en este caso un funcionario con alta jerarquía, conteste a las requisitorias de una fiscalía. Con ese criterio, se estaría condicionando a un fiscal para pedir un informe o no”, insistió, y añadió: “si considero que hay que investigar a alguno de esos teléfonos, solicitaré al juez de Instrucción que se me autorice el estudio de esos teléfonos. Que se queden tranquilos que nunca haré nada que esté en contra de la ley. Yo siempre me he manejado cumpliendo la ley, y me gusta que toda la gente se someta a la ley de la misma forma que cualquier ciudadano”.
El fiscal N° 5 cuestionó además que Talevi pidiera a la Secretaría Administrativa de la Corte directivas sobre cómo proceder luego de recibir el oficio judicial. “No sé cuál fue su intención. Si no estaba en condiciones de contestar debería haberlo devuelto”, sostuvo.
Por orden de la Corte
El requerimiento de Navarro Dávila está enmarcado en una investigación que lleva adelante por orden del máximo tribunal, iniciada tras una denuncia mediática del ex fiscal Guillermo Herrera.
En declaraciones a la prensa, el ex titular de la Fiscalía de Instrucción N° 10 había asegurado que un integrante de la CSJT le había pedido -mediante un tercero- que condujera la investigación en la causa “Delgado”, sobre una supuesta usurpación de un predio del Club San Martín, para beneficiar a un presunto comprador del inmueble.
“En la causa ‘Delgado’, un alto funcionario público del Poder Judicial me pidió que ‘tuerza’ la pesquisa porque él tenía un comprador que estaba dispuesto a pagar $ 40 millones por las dos hectáreas en juego. Fue un vocal de la Corte, que no es ni la vocal mujer ni el presidente. La propuesta me llegó por medio de un tercero”, había manifestado Herrera el 11 de junio de 2015, en diálogo con Radio 10.
“Es una investigación ordinaria, ya que Herrera no es más magistrado. Entonces, si en su declaración señalara un número de teléfono que pudiera estar vinculado con alguno de los miembros de la Corte, yo debería suspender la audiencia y convertir esa investigación en una jurisdiccional”, explicó Navarro Dávila.
La investigación del supuesto caso de tráfico de influencias llegó a Navarro Dávila luego de que los fiscales María del Carmen Reuter (N° 3) y Diego López Ávila (N° 4) se inhibieran. Dos meses después de sus declaraciones, Herrera renunció y se acogió a la jubilación con el 82% móvil.
“Si ha habido una mala interpretación del oficio, deben recapacitar y no salir a cuestionar por medio de la prensa. Hasta acá, lo que mandó el presidente de la Corte (Antonio Gandur) diciendo que el oficio es impertinente... Yo a él no le he pedido el informe. A mí me tiene que contestar (el encargado de la central telefónica de Tribunales, Oscar) Talevi y no el presidente de la Corte. En su momento le solicitaré a él, si lo considero pertinente. Pero no me pueden condicionar una investigación. Hay que ser muy respetuoso y esperar los acontecimientos”, aseveró Navarro Dávila, y agregó: “si ellos se han visto afectados en algo, que lo hagan conocer por los mecanismos que corresponden, pero a un fiscal no se le puede estar condicionando hasta dónde puede llegar en una investigación”.
El oficio que remitió el fiscal a Talevi requiriendo los números telefónicos, habría generado malestar en el seno del máximo tribunal. Fuentes de los Tribunales manifestaron a LA GACETA que el pedido de informes era inaudito, e implicaba un avance evidente sobre la esfera privada e íntima de los jueces. Gandur, además, respondió al fiscal que debía pedir los números telefónicos por la vía correspondiente y limitar en forma estricta la pesquisa.
“Lo único que solicité son los números de teléfono que el Poder Judicial asignó a los vocales. Nunca se habló de cruces de llamadas o de mensajes. No sé por qué se asustaron tanto”, afirmó el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5.
“No hay ninguna prohibición para que ningún ciudadano, o en este caso un funcionario con alta jerarquía, conteste a las requisitorias de una fiscalía. Con ese criterio, se estaría condicionando a un fiscal para pedir un informe o no”, insistió, y añadió: “si considero que hay que investigar a alguno de esos teléfonos, solicitaré al juez de Instrucción que se me autorice el estudio de esos teléfonos. Que se queden tranquilos que nunca haré nada que esté en contra de la ley. Yo siempre me he manejado cumpliendo la ley, y me gusta que toda la gente se someta a la ley de la misma forma que cualquier ciudadano”.
El fiscal N° 5 cuestionó además que Talevi pidiera a la Secretaría Administrativa de la Corte directivas sobre cómo proceder luego de recibir el oficio judicial. “No sé cuál fue su intención. Si no estaba en condiciones de contestar debería haberlo devuelto”, sostuvo.
Por orden de la Corte
El requerimiento de Navarro Dávila está enmarcado en una investigación que lleva adelante por orden del máximo tribunal, iniciada tras una denuncia mediática del ex fiscal Guillermo Herrera.
En declaraciones a la prensa, el ex titular de la Fiscalía de Instrucción N° 10 había asegurado que un integrante de la CSJT le había pedido -mediante un tercero- que condujera la investigación en la causa “Delgado”, sobre una supuesta usurpación de un predio del Club San Martín, para beneficiar a un presunto comprador del inmueble.
“En la causa ‘Delgado’, un alto funcionario público del Poder Judicial me pidió que ‘tuerza’ la pesquisa porque él tenía un comprador que estaba dispuesto a pagar $ 40 millones por las dos hectáreas en juego. Fue un vocal de la Corte, que no es ni la vocal mujer ni el presidente. La propuesta me llegó por medio de un tercero”, había manifestado Herrera el 11 de junio de 2015, en diálogo con Radio 10.
“Es una investigación ordinaria, ya que Herrera no es más magistrado. Entonces, si en su declaración señalara un número de teléfono que pudiera estar vinculado con alguno de los miembros de la Corte, yo debería suspender la audiencia y convertir esa investigación en una jurisdiccional”, explicó Navarro Dávila.
La investigación del supuesto caso de tráfico de influencias llegó a Navarro Dávila luego de que los fiscales María del Carmen Reuter (N° 3) y Diego López Ávila (N° 4) se inhibieran. Dos meses después de sus declaraciones, Herrera renunció y se acogió a la jubilación con el 82% móvil.
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