27 Octubre 2015
A fines de la semana pasada llegó el expediente del juicio que había iniciado Eduardo Romero Lascano, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, contra actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento, órgano encargado de destituir a los jueces. El caso procede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se negó a revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que había dado la espalda a Romero Lascano. La recepción del juicio puso en marcha el trámite de levantamiento de la medida cautelar que desde abril de 2013 favorece al magistrado denunciado por Susana Trimarco, influyente madre de María de los Ángeles “Marita” Verón.
La activación del proceso de destitución depende de una decisión de los camaristas Salvador Ruiz y Sergio Gandur (fuero en lo Contencioso Administrativo), y Marcela Ruiz (fuero en lo Civil y Comercial Común). Todos ellos integraron la Corte local en sustitución de sus vocales naturales que, por diferentes motivos, se vieron imposibilitados de intervenir en el pleito.
El cese eventual de la medida cautelar permitirá reanudar un proceso detenido en el momento en el que ingresaba al Jurado. Este órgano incorporado a la Constitución de Tucumán por medio de la reforma de 2006 jamás destituyó a ningún magistrado. Y su constitución puede convertirse en un dolor de cabeza. Sucede que los miembros del Jurado que debían juzgar el desempeño de Romero Lascano ya no forman parte del órgano, ora porque sus mandatos vencieron (como es el caso de Daniel Posse, vocal de la Corte), ora porque dejaron de ser legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo. La legislación no consideraría la desintegración del Jurado verificada en el caso de Romero Lascano.
Primigeniamente, Trimarco había pedido el juzgamiento de los tres vocales de la Sala II que en 2012 absolvieron a todos los acusados de secuestrar y prostituir a su hija. Litigios mediante, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina lograron acceder al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. En virtud de ello, la denuncia de la titular de la Fundación María de los Ángeles sólo quedó en pie respecto de Romero Lascano.
Si bien la comisión de Juicio Político de la Legislatura -con mayoría abrumadora de parlamentarios alperovichistas- dio un trámite preferencial y veloz al pedido de Trimarco, la judicialización del proceso logró paralizarlo durante más de dos años. En el ínterin sucedieron muchas cosas. Para empezar, la Corte revocó parcialmente las absoluciones dictadas por la Sala II con los votos de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar -esta sentencia de 2013 fue recurrida, y su futuro está en manos de la Corte integrada por el vocal decano René Goane, y los camaristas penales Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli-.
En paralelo, Romero Lascano inició distintos juicios en el afán de defenderse de una destitución que considera segura. Recientemente, el juez cuestionó la estructuración constitucional del Jurado de Enjuiciamiento. Entre otros reparos, Romero Lascano objeta que el oficialismo ocupe cinco de las ocho sillas que componen el órgano. Además, pidió varias veces al Ministerio Público que investigue la versión de Trimarco que refiere que él y sus ex compañeros de tribunal recibieron varios millones de dólares del clan Ale a cambio de absolver a los imputados del caso “Verón”.
La activación del proceso de destitución depende de una decisión de los camaristas Salvador Ruiz y Sergio Gandur (fuero en lo Contencioso Administrativo), y Marcela Ruiz (fuero en lo Civil y Comercial Común). Todos ellos integraron la Corte local en sustitución de sus vocales naturales que, por diferentes motivos, se vieron imposibilitados de intervenir en el pleito.
El cese eventual de la medida cautelar permitirá reanudar un proceso detenido en el momento en el que ingresaba al Jurado. Este órgano incorporado a la Constitución de Tucumán por medio de la reforma de 2006 jamás destituyó a ningún magistrado. Y su constitución puede convertirse en un dolor de cabeza. Sucede que los miembros del Jurado que debían juzgar el desempeño de Romero Lascano ya no forman parte del órgano, ora porque sus mandatos vencieron (como es el caso de Daniel Posse, vocal de la Corte), ora porque dejaron de ser legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo. La legislación no consideraría la desintegración del Jurado verificada en el caso de Romero Lascano.
Primigeniamente, Trimarco había pedido el juzgamiento de los tres vocales de la Sala II que en 2012 absolvieron a todos los acusados de secuestrar y prostituir a su hija. Litigios mediante, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina lograron acceder al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. En virtud de ello, la denuncia de la titular de la Fundación María de los Ángeles sólo quedó en pie respecto de Romero Lascano.
Si bien la comisión de Juicio Político de la Legislatura -con mayoría abrumadora de parlamentarios alperovichistas- dio un trámite preferencial y veloz al pedido de Trimarco, la judicialización del proceso logró paralizarlo durante más de dos años. En el ínterin sucedieron muchas cosas. Para empezar, la Corte revocó parcialmente las absoluciones dictadas por la Sala II con los votos de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar -esta sentencia de 2013 fue recurrida, y su futuro está en manos de la Corte integrada por el vocal decano René Goane, y los camaristas penales Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli-.
En paralelo, Romero Lascano inició distintos juicios en el afán de defenderse de una destitución que considera segura. Recientemente, el juez cuestionó la estructuración constitucional del Jurado de Enjuiciamiento. Entre otros reparos, Romero Lascano objeta que el oficialismo ocupe cinco de las ocho sillas que componen el órgano. Además, pidió varias veces al Ministerio Público que investigue la versión de Trimarco que refiere que él y sus ex compañeros de tribunal recibieron varios millones de dólares del clan Ale a cambio de absolver a los imputados del caso “Verón”.
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