El policía Jiménez ya había sido denunciado por golpear a jóvenes en la comisaría de Villa Obrera

Silvia Mercado lloró cuando le mostraron el video en el que se ve al policía Alfredo Jiménez golpeando a “Hamburguesa”. “Me lo pasó un policía retirado. Lo reconocí inmediatamente. Su voz, su rostro”, contó la mujer. Lejos de quedarse sólo con las lágrimas derramadas, afianzó su lucha contra el policía, a quien ya había denunciado el año pasado.

Jiménez fue detenido a mediados de septiembre, luego de que se difundiera un video en el que se ve golpeando a un joven de 20 años. Los apremios ilegales habrían ocurrido a fines de 2014, cuando el policía trabajaba en la comisaría de Villa Obrera. El viernes se dictó el cese de la detención del uniformado, quien deberá presentar una fianza real para obtener su libertad, mientras sigue la investigación de la fiscala Marta Rivadeneira.

Pero el accionar del Policía en la Villa Obrera y en el barrio Calpini de Tafí Viejo parece haber sido muy popular. El 31 de julio de 2014 había ingresado una nota en Casa de Gobierno, dirigida al secretario de Seguridad Paul Hofer, en el que varios padres lo ponían en conocimiento de los abusos que estaban ocurriendo en la comisaría de Villa Obrera.

“Es de público conocimiento de los vecinos de la zona el ‘levantamiento de jóvenes, menores y mayores’ de la calle sin motivo, que luego se transforman en contravenciones”, escribieron los padres. La nota, que fue registrada bajo el número 976/200-V-14, fue girada a la Jefatura de Policía y luego (en octubre del año pasado) a la Regional Norte, de acuerdo al informe que le dieron a Mercado. Desde entonces no hubo ninguna novedad.

Los padres habían reconocido en la nota que en la zona la venta de drogas es moneda corriente, y que ellos luchan para combatir esa realidad. “Acompañamos a nuestros hijos a la rehabilitación, a la escuela y a diferentes programas de progreso”, explicaron en la nota.

Marcela, una de las madres que vive en el Calpini, relató varios sucesos en los que los adolescentes y jóvenes del barrio habrían sido víctimas de apremios por parte de Jiménez. Entre ellos también estuvieron sus hijos. “Una vez detuvo a varios por una pelea. Después pedía $ 700 por cada uno para dejarlos ir. A mi hijo lo tuvo siete días y nunca me pudieron explicar por qué estaba detenido. Lo soltó cuando le dije que iba a buscar a un abogado”, relató la mujer.

La partida de Jiménez (fue trasladado a la comisaría de Vipos, donde cumplía funciones cuando fue detenido) coincidió con la muerte de Nicolás Escobar, en mayo de este año. El adolescente de 14 años fue encontrado sin vida en un zanjón de la zona. Testigos dijeron que la última vez que lo vieron, lo perseguía la Policía. “El amigo que estuvo con él mencionó a Jiménez”, aseguró Mercado.

Luego de esa muerte, que es investigada por la fiscala María de las Mercedes Carrizo, Jiménez fue trasladado. En el barrio Calpini, el rostro y el nombre del adolescente se repiten en las paredes de casi todas las casas, pidiendo Justicia.

Los padres no niegan que sus hijos, presos de la droga, han delinquido. Pero buscan sacarlos de esa situación, y los policías no los ayudan. “Yo no los voy a cubrir, si hicieron algo que paguen. Pero si no hicieron nada no voy a dejar que los lleven como si nada”, aseguró Marcela. Ni ella, ni Silvia Mercado, ni ninguno de los padres que firmaron las notas, se van a quedar quietos.

El Gobierno no envió  el listado de contraventores

La Corte Suprema de Justicia había dispuesto que el Gobierno debía informar cada 15 días qué personas habían sido detenidas por contravención, y qué figura se aplicaba. Fuentes judiciales confirmaron que, pese a los oficios de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad no envió ese listado. Además, el Poder Ejecutivo también incumplió con la reglamentación de la ley de Prevención de la Tortura, tal como lo había exhortado el máximo tribunal. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Humberto Rava, afirmó que el proyecto de reglamentación había sido redactado y enviado para su firma. En el ministerio de Gobierno afirmaron que el ministro Jorge Gassenbauer ya había firmado el decreto y que había pasado al despacho del gobernador José Alperovich, quien debe poner la rúbrica final para cumplir con esa parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia.