Las ideas de Constitución y de Democracia están enfrentadas en una violenta tensión en Tucumán. “Puede parecer extraño que exista un conflicto entre ambas ideas, cuando es tan usual que hablemos de ‘democracias constitucionales’ o cuando es tan común que uno se proclame, al mismo tiempo, demócrata y defensor de los derechos humanos. Pero lo cierto es que tales ideas se llevan mal”, enseña Roberto Gargarella en su texto Constitucionalismo vs. Democracia.
Ambas ideas, dice el académico, resaltan principios opuestos. “Nuestros compromisos democráticos apelan a un principio que a primera vista no reconoce límites y según el cual no hay ninguna autoridad superior a la nuestra, actuando colectivamente. Por otro lado, ideas como las de Constitución o derechos humanos nos llevan a pensar en límites infranqueables, capaces de resistir la presión de cualquier grupo y, especialmente, las presiones de un grupo mayoritario”.
El enfrentamiento de esos postulados, aquí, es incontrastable. Un sector multitudinario sostiene que la Justicia no puede anular los comicios y que, con independencia de las irregularidades, hay que darlos por válidos ya que allí está expresada la voluntad de los tucumanos. Es decir, porque allí está la democracia. En sentido contrario, otro sector, tan multitudinario como el anterior, marchó durante una semana para reclamar que la elección sea invalidada, es decir, para que se establezca que los delitos electorales son una frontera, incluso cuando se invoque el nombre de las mayorías, porque la Constitución no puede admitir elecciones que no sean transparentes ni libres.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló el miércoles la votación del 23 de agosto y el conflicto se agravó en desmesura. ¿Hay manera de resolver el enfrentamiento entre democracia y constitucionalismo? Cuanto menos, Gargarella ofrece principios para moderar la devastadora tensión.
El primero de ellos es que preocuparse por la democracia, necesariamente, implica reconocer la primacía del constitucionalismo. No de la Constitución, sino del sistema constitucional, es decir, del sistema de relaciones y contrapesos entre las instituciones. Ese entramado permite a la Constitución establecer las condiciones para que la democracia funcione. Los límites que fija no están dados para maniatar al pueblo, sino para potenciar la libertad como comunidad.
Gargarella apela al mito de Ulises, cuando ordena a sus marineros que lo aten al mástil de la embarcación, para escuchar el canto de las sirenas y, al mismo tiempo, verse imposibilitado de torcer el curso de la nave. Ulises no sacrifica libertad, sino que ata sus impulsos. La libertad está garantizada: seguir la ruta prevista. Lo sujetado es el decisionismo: aunque el que gobierna el barco esté tentado a correr el riesgo de encallar, no se perderá el control. Hay un sistema que permitirá seguir navegando a los que están bajo su autoridad.
El déficit de este punto, reconoce Gargarella, es que las normas establecidas en una circunstancia no puede pautarse para siempre. Entonces explora no las diferencias sino los acuerdos entre Constitucionalismo y Democracia. Ninguna tan trascendente como la igualdad. Y de las muchas interpretaciones, él elige la idea de igualdad que “conlleva una preocupación por asegurar que la vida de cada individuo depende de las elecciones que cada individuo realiza y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer”.
Lo que la igualdad habilita es el tercer principio para tramitar la tensión entre Democracia y Constitucionalismo: la deliberación colectiva, mediante la cual se articula el derecho al igual respeto, es decir, que nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de tomar decisiones sobre todos los demás miembros de la sociedad.
Estos postulados, por supuesto, no son dogmáticos. Pero sirven para advertir que así como el constitucionalismo no se limita a un texto legal, la democracia no se reduce a votar. Defender la democracia, entonces, no puede ser “hubo irregularidades pero hay que respetar las elecciones del 23 de agosto”, porque esa idea, la de reivindicar el fin sin reparar en los medios, es la esencia de la antidemocracia. Nada es valioso a cambio de cualquier precio.
Que la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral resulta determinante para indagar los dos fantasmas que ha azuzado el Gobierno de Tucumán. El primero es el de que el fallo de un tribunal constitucional representa un “golpe de estado judicial”.
Frente al cúmulo de irregularidades electorales, ¿no le cabía a nadie el derecho de acudir a la Justicia? En la instancia de la Corte provincial quedó convalidado el artículo 159 de la Carta Magna alperovichista. Dice que el primer período de este Gobierno (2003-2007) no fue tal; así que el segundo mandato pasó a convertirse en el primero; y el tercero (el actual) vendría a ser el segundo. El aval a esa prerrogativa ilógica y abusiva fue celebrada como “garantía contra la proscripción” de quien gobernó durante tres períodos que cuentan como dos. ¿Por qué ahora un fallo de cámara, ya apelado ante la misma Corte donde el alperovichismo sentó tres de los cinco miembros, es golpista?
Qué el oficialismo cuente con 42 de los 49 legisladores y no haya dictado la Ley de Régimen Electoral que exige su propia Constitución de 2006, razón por la que en agosto compitieron 503 partidos y 25.400 candidatos, ¿sí es democracia? Dos jueces que sentencian que hubo fraude antes, durante y después de los comicios en los que José Alperovich y Juan Manzur reconocieron la entrega de bolsones, ¿son destituyentes?
¿El fallo de un par de camaristas es un “partido judicial” en los Tribunales donde el alperovichismo designó 11 decenas de magistrados? ¿Coronar la entrada del palacio de Justicia con un cartel que ordena “Muerte a los traidores” es democracia pura?
No sólo han sido detestados los límites constitucionales: también ha sido bastardeado el principio de igualdad. Vinieron un par de pistoleros del derecho constitucional a amenazar con denuncias de sedición, a declamar que el bolsoneo es solidaridad social, y a disparar que no se quiere respetar “el voto de los pobres”. Hay una falacia criminal en ese alegato: en las urnas legítimas no hay votos de pobres o de ricos, sino votos de ciudadanos iguales en su derecho a elegir, sin importar las circunstancias en las que les tocó venir al mundo. No lo ven así los bolsoneros que secuestran sufragios privándolos ilegítimamente de su libertad. La igualdad es igual dignidad: hay que ser muy indigno para enaltecer un bolsón. El clientelismo delinque contra la comunidad. Y esta no es una interpretación: la Cámara Nacional Electoral lo ha declarado delito.
La deliberación colectiva, directamente, fue abolida. El fallo de la Sala I es discutible en una instancia superior y, de hecho, el Estado ahora lo discute en la Corte provincial. Pero, mientras tanto, Alperovich ha declarado que el juez Salvador Ruiz es un quemador de urnas. La casa de la jueza Ebe López Piossek fue atacada cobardemente a la madrugada. ¿Cuál democracia es esa? Si la Corte revierte el fallo de cámara y valida los comicios, ¿los opositores tienen derecho, al grito de que hubo fraude, a agredir física y verbalmente a los vocales que fallen contra sus intereses?
El segundo fantasma es el de la intervención federal. Ese espectro tiene dos planos. Uno es jurídico y el otro es político. En el primer caso, la posibilidad de que en Tucumán quede acéfalo el poder político es responsabilidad del alperovichismo y no del fallo que anula los comicios. La Constitución de 2006 mandó a dictar una Ley de Acefalía en 120 días. La mora ya cumplió nueve años y aún rige la Ley 6.341 (es de 1992), que prevé que al conductor del Poder Ejecutivo sólo puede reemplazarlo un miembro del Poder Legislativo. ¿Por qué el oficialismo no sanciona otra norma que, como en la Nación, habilite a un miembro del Poder Judicial quedar temporalmente a cargo del Ejecutivo? ¿No le dan los números? El espanto intervencionista, entonces, es para intimidar a los jueces: o validan los comicios o terminan intervenidos.
Pero donde el espanto asusta es en el plano político. Porque así como hay funcionarios encumbrados de Casa de Gobierno tratando de calmar ánimos, confiados en que un fallo de la Corte provincial desactivará la crisis, y hay vicepresidentes de la UCR haciendo circular borradores de una Ley de Acefalía entre las bancadas parlamentarias, hay “popes” del oficialismo que quieren la interrupción legal de los mandatos.
¿Por qué? Porque hay una pregunta que el alperovichismo no contesta de manera convincente, al menos para algunos manzuristas influyentes. Si habiendo terminado el escrutinio definitivo el lunes aún no se pudo proclamar ganadores por una medida cautelar, ¿por qué Fiscalía de Estado jamás la recurrió?
Entonces, hay operadores oficialistas que claman la intervención para que ya no haya “alperovichistas” cometiendo errores sospechosos. Pero también hay manzuristas temerosos de que su referente no sobreviva políticamente al remedio federal para ser otra vez candidato. Ambas partes coinciden en deslizar la tesis de que Alperovich pretende irse llevándose puestos a todos. Sea como fuere, algo debe quedar claro: el kirchnerismo sólo intervendrá una provincia aliada si sus aliados de esa provincia lo piden.
La crisis tucumana ya es histórica. Debería servir para que la dirigencia entendiera que más democracia no puede ser menos república. Para que la sociedad valore más su institucionalidad, en lugar de avalar, elección tras elección, a los bastardeadores de las instituciones. Para que el periodismo que denuncia el desmontaje de los sistemas de control no sea acusado de destituyente. Para que la Justicia reflexionara: si se llegó a esta tierra de nadie, a medio camino entre la vigencia de la ley y el cumplimiento de la ley, es porque ella -salvo honrosas excepciones- decidió permitirlo. En definitiva, para que si vamos a vivir la tensión entre soberanía popular y límites legales, lo que haya en el otro extremo del Constitucionalismo sea en verdad una Democracia y no este Estado de Excepción.
Ambas ideas, dice el académico, resaltan principios opuestos. “Nuestros compromisos democráticos apelan a un principio que a primera vista no reconoce límites y según el cual no hay ninguna autoridad superior a la nuestra, actuando colectivamente. Por otro lado, ideas como las de Constitución o derechos humanos nos llevan a pensar en límites infranqueables, capaces de resistir la presión de cualquier grupo y, especialmente, las presiones de un grupo mayoritario”.
El enfrentamiento de esos postulados, aquí, es incontrastable. Un sector multitudinario sostiene que la Justicia no puede anular los comicios y que, con independencia de las irregularidades, hay que darlos por válidos ya que allí está expresada la voluntad de los tucumanos. Es decir, porque allí está la democracia. En sentido contrario, otro sector, tan multitudinario como el anterior, marchó durante una semana para reclamar que la elección sea invalidada, es decir, para que se establezca que los delitos electorales son una frontera, incluso cuando se invoque el nombre de las mayorías, porque la Constitución no puede admitir elecciones que no sean transparentes ni libres.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló el miércoles la votación del 23 de agosto y el conflicto se agravó en desmesura. ¿Hay manera de resolver el enfrentamiento entre democracia y constitucionalismo? Cuanto menos, Gargarella ofrece principios para moderar la devastadora tensión.
El primero de ellos es que preocuparse por la democracia, necesariamente, implica reconocer la primacía del constitucionalismo. No de la Constitución, sino del sistema constitucional, es decir, del sistema de relaciones y contrapesos entre las instituciones. Ese entramado permite a la Constitución establecer las condiciones para que la democracia funcione. Los límites que fija no están dados para maniatar al pueblo, sino para potenciar la libertad como comunidad.
Gargarella apela al mito de Ulises, cuando ordena a sus marineros que lo aten al mástil de la embarcación, para escuchar el canto de las sirenas y, al mismo tiempo, verse imposibilitado de torcer el curso de la nave. Ulises no sacrifica libertad, sino que ata sus impulsos. La libertad está garantizada: seguir la ruta prevista. Lo sujetado es el decisionismo: aunque el que gobierna el barco esté tentado a correr el riesgo de encallar, no se perderá el control. Hay un sistema que permitirá seguir navegando a los que están bajo su autoridad.
El déficit de este punto, reconoce Gargarella, es que las normas establecidas en una circunstancia no puede pautarse para siempre. Entonces explora no las diferencias sino los acuerdos entre Constitucionalismo y Democracia. Ninguna tan trascendente como la igualdad. Y de las muchas interpretaciones, él elige la idea de igualdad que “conlleva una preocupación por asegurar que la vida de cada individuo depende de las elecciones que cada individuo realiza y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer”.
Lo que la igualdad habilita es el tercer principio para tramitar la tensión entre Democracia y Constitucionalismo: la deliberación colectiva, mediante la cual se articula el derecho al igual respeto, es decir, que nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de tomar decisiones sobre todos los demás miembros de la sociedad.
Estos postulados, por supuesto, no son dogmáticos. Pero sirven para advertir que así como el constitucionalismo no se limita a un texto legal, la democracia no se reduce a votar. Defender la democracia, entonces, no puede ser “hubo irregularidades pero hay que respetar las elecciones del 23 de agosto”, porque esa idea, la de reivindicar el fin sin reparar en los medios, es la esencia de la antidemocracia. Nada es valioso a cambio de cualquier precio.
Que la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral resulta determinante para indagar los dos fantasmas que ha azuzado el Gobierno de Tucumán. El primero es el de que el fallo de un tribunal constitucional representa un “golpe de estado judicial”.
Frente al cúmulo de irregularidades electorales, ¿no le cabía a nadie el derecho de acudir a la Justicia? En la instancia de la Corte provincial quedó convalidado el artículo 159 de la Carta Magna alperovichista. Dice que el primer período de este Gobierno (2003-2007) no fue tal; así que el segundo mandato pasó a convertirse en el primero; y el tercero (el actual) vendría a ser el segundo. El aval a esa prerrogativa ilógica y abusiva fue celebrada como “garantía contra la proscripción” de quien gobernó durante tres períodos que cuentan como dos. ¿Por qué ahora un fallo de cámara, ya apelado ante la misma Corte donde el alperovichismo sentó tres de los cinco miembros, es golpista?
Qué el oficialismo cuente con 42 de los 49 legisladores y no haya dictado la Ley de Régimen Electoral que exige su propia Constitución de 2006, razón por la que en agosto compitieron 503 partidos y 25.400 candidatos, ¿sí es democracia? Dos jueces que sentencian que hubo fraude antes, durante y después de los comicios en los que José Alperovich y Juan Manzur reconocieron la entrega de bolsones, ¿son destituyentes?
¿El fallo de un par de camaristas es un “partido judicial” en los Tribunales donde el alperovichismo designó 11 decenas de magistrados? ¿Coronar la entrada del palacio de Justicia con un cartel que ordena “Muerte a los traidores” es democracia pura?
No sólo han sido detestados los límites constitucionales: también ha sido bastardeado el principio de igualdad. Vinieron un par de pistoleros del derecho constitucional a amenazar con denuncias de sedición, a declamar que el bolsoneo es solidaridad social, y a disparar que no se quiere respetar “el voto de los pobres”. Hay una falacia criminal en ese alegato: en las urnas legítimas no hay votos de pobres o de ricos, sino votos de ciudadanos iguales en su derecho a elegir, sin importar las circunstancias en las que les tocó venir al mundo. No lo ven así los bolsoneros que secuestran sufragios privándolos ilegítimamente de su libertad. La igualdad es igual dignidad: hay que ser muy indigno para enaltecer un bolsón. El clientelismo delinque contra la comunidad. Y esta no es una interpretación: la Cámara Nacional Electoral lo ha declarado delito.
La deliberación colectiva, directamente, fue abolida. El fallo de la Sala I es discutible en una instancia superior y, de hecho, el Estado ahora lo discute en la Corte provincial. Pero, mientras tanto, Alperovich ha declarado que el juez Salvador Ruiz es un quemador de urnas. La casa de la jueza Ebe López Piossek fue atacada cobardemente a la madrugada. ¿Cuál democracia es esa? Si la Corte revierte el fallo de cámara y valida los comicios, ¿los opositores tienen derecho, al grito de que hubo fraude, a agredir física y verbalmente a los vocales que fallen contra sus intereses?
El segundo fantasma es el de la intervención federal. Ese espectro tiene dos planos. Uno es jurídico y el otro es político. En el primer caso, la posibilidad de que en Tucumán quede acéfalo el poder político es responsabilidad del alperovichismo y no del fallo que anula los comicios. La Constitución de 2006 mandó a dictar una Ley de Acefalía en 120 días. La mora ya cumplió nueve años y aún rige la Ley 6.341 (es de 1992), que prevé que al conductor del Poder Ejecutivo sólo puede reemplazarlo un miembro del Poder Legislativo. ¿Por qué el oficialismo no sanciona otra norma que, como en la Nación, habilite a un miembro del Poder Judicial quedar temporalmente a cargo del Ejecutivo? ¿No le dan los números? El espanto intervencionista, entonces, es para intimidar a los jueces: o validan los comicios o terminan intervenidos.
Pero donde el espanto asusta es en el plano político. Porque así como hay funcionarios encumbrados de Casa de Gobierno tratando de calmar ánimos, confiados en que un fallo de la Corte provincial desactivará la crisis, y hay vicepresidentes de la UCR haciendo circular borradores de una Ley de Acefalía entre las bancadas parlamentarias, hay “popes” del oficialismo que quieren la interrupción legal de los mandatos.
¿Por qué? Porque hay una pregunta que el alperovichismo no contesta de manera convincente, al menos para algunos manzuristas influyentes. Si habiendo terminado el escrutinio definitivo el lunes aún no se pudo proclamar ganadores por una medida cautelar, ¿por qué Fiscalía de Estado jamás la recurrió?
Entonces, hay operadores oficialistas que claman la intervención para que ya no haya “alperovichistas” cometiendo errores sospechosos. Pero también hay manzuristas temerosos de que su referente no sobreviva políticamente al remedio federal para ser otra vez candidato. Ambas partes coinciden en deslizar la tesis de que Alperovich pretende irse llevándose puestos a todos. Sea como fuere, algo debe quedar claro: el kirchnerismo sólo intervendrá una provincia aliada si sus aliados de esa provincia lo piden.
La crisis tucumana ya es histórica. Debería servir para que la dirigencia entendiera que más democracia no puede ser menos república. Para que la sociedad valore más su institucionalidad, en lugar de avalar, elección tras elección, a los bastardeadores de las instituciones. Para que el periodismo que denuncia el desmontaje de los sistemas de control no sea acusado de destituyente. Para que la Justicia reflexionara: si se llegó a esta tierra de nadie, a medio camino entre la vigencia de la ley y el cumplimiento de la ley, es porque ella -salvo honrosas excepciones- decidió permitirlo. En definitiva, para que si vamos a vivir la tensión entre soberanía popular y límites legales, lo que haya en el otro extremo del Constitucionalismo sea en verdad una Democracia y no este Estado de Excepción.
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