Locales en Tucumán donde venden hojas de Coca DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
“No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Ahora saldrán a hacer controles y el producto se encarecerá. Es preferible que regularicen el mercado”, sostuvo Juan Pedraza, propietario de uno de los centenares de quioscos que se dedican a la venta de hojas de coca, una actividad ilícita que genera ganancias millonarias.
En los últimos días, LA GACETA publicó informes sobre este mercado, que mueve millones debido a la falta de regulación. Primero mostró el crecimiento de la venta de coca y después cómo son los engranajes de su distribución. Quedaba por tocar un punto: la comercialización minorista, el último eslabón de una cadena que no para de crecer.
En 2025, sólo la Policía de Tucumán secuestró 16.125 kilos de esta mercadería, que violaban las normas que impiden su ingreso, transporte y comercialización. En la Argentina sólo se puede consumir, por lo que todos los lugares que venden hojas de coca están fuera de la ley.
Al tratarse de un mercado ilegal, no hay un registro de cuántos quioscos, comercios y estaciones de servicio ofrecen coca. Sí se estableció que hay por lo menos cinco proveedores mayoristas que tienen su base de operaciones en la provincia.
LA GACETA intentó comunicarse con ellos para que explicaran cómo se proveen de la mercadería, cuáles son sus niveles de ventas y cómo es la logística de distribución. Sólo uno de ellos respondió. “En estos momentos no estamos interesados en dar una entrevista”, contestó el vocero.
“Lo que está pasando es impensado. Antes, la comercialización era casi en secreto. Ahora todo se hace descaradamente. Ya no sólo cuelgan las bolsitas, sino que además las ofrecen en las redes sociales”, explicó el comisario Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop).
Un problema
“Actuamos porque existe una norma que está vigente y hay que cumplirla. Hasta que no se modifique la ley, todas las hojas de coca que transitan por las rutas deben ser secuestradas porque se trata de contrabando”, explicó el comisario Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho. “Indudablemente, coquear ya fue aceptado socialmente o hay una moda que alienta su consumo. El año pasado aumentamos en más del 300% el nivel de secuestro”, añadió.
Funcionarios de la Justicia Federal y de la Dirección General de Aduanas coincidieron en señalar que urge la creación de una ley que regule el mercado. Mientras tanto, sugirieron que las autoridades de control municipales y comunales deberían colaborar en la erradicación de esta actividad. “Solos no podemos”, advirtieron.
Ferreyra agregó: “podemos hacer un enorme esfuerzo para detener la mayor cantidad de mercadería en los límites provinciales, pero si no contamos con la colaboración de las otras autoridades, la lucha no servirá de nada”.
LA GACETA consultó a varios funcionarios de distintas municipalidades. Pero como el tema es tan polémico, los pocos que aceptaron hablar lo hicieron con la condición de que su nombre se mantuviera en reserva. Entre otros puntos, destacaron:
• Hay un desconocimiento de la prohibición de venta de hojas de coca.
• Las autoridades realizan controles a la hora de habilitar los comercios, pero no sobre los productos que venden.
• Hay una discusión sobre quién debería realizar la tarea de inspección. Algunos opinan que deberían ser especialistas en bromatología; otros, los responsables del área de recaudación.
• Muchos de los que deberían controlar, según explicaron los mismos funcionarios, son coqueadores.
“Está tan arraigado el hábito de coquear que si llegan a prohibir la venta habrá problemas. No se olviden de que en la pandemia, cuando se cerró la frontera, los gobernadores de Salta y de Jujuy tuvieron que salir a buscar una solución porque se estaba por producir una pueblada”, sostuvo Julio Martínez, encargado de un drugstore de barrio Norte.
Grandes ganancias
La falta de regulación también genera otro fenómeno: la enorme diferencia en los valores de venta del producto. Según un recorrido realizado por distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán, la unidad de 20 gramos cuesta entre $ 1.500 y $ 2.500; la de 40 gramos se consigue desde los $ 2.000 hasta los $ 4.000, y la de 250 gramos, desde los $ 18.000 hasta los $ 28.000. Los comerciantes explicaron que la variedad de precios se basa sobre la calidad de la hoja, en si es saborizada o no y en si fue machucada.
Se puede hacer una estimación del dinero que se podría conseguir con los 16.125 kilos del material que decomisó la Policía en 2025. Con las bolsas más pequeñas, se podrían obtener $ 1.600 millones; con las intermedias, $ 1.200 millones; y con las más grandes, $ 1.482 millones. Vale la pena recordar que el kilo de hojas en el mercado legal boliviano se cotiza, según los registros del mes pasado, a $ 14.000, por lo que en el vecino país, con todo lo secuestrado el año pasado, se podrían obtener $ 225 millones.
“No es como ustedes vienen publicando. La coca no deja grandes ganancias; sólo es un atractivo más que tenemos los quiosqueros para subsistir. Pasa exactamente lo mismo con los cigarrillos y las cargas de las tarjetas de transporte. Los márgenes son ínfimos, pero lo tenemos porque podemos vender un caramelo o una bebida”, se defendió Luis Arrabal, propietario de un drugstore de Tafí Viejo.
“Que no vengan a llorar ahora. ¿Cómo no va a ser negocio si están vendiendo algo que no está regulado? ¿Qué pasaría si tuvieran que pagar impuestos? Ahí se darán cuenta de que sí es rentable”, opinó Luciano Estévez, consumidor de hojas.
