Apuntan a Gendarmería por las cámaras fallidas

Una presunta falla en el sistema de cámaras de la sede de calle Mendoza 1.050 de la Junta Electoral Provincial (JEP) ocasionó que no se registraran filmaciones el 23 y 24 de agosto, cuando se recibieron urnas de toda la provincia utilizadas en las elecciones. Los opositores José Cano y Domingo Amaya (Acuerdo para el Bicentenario) pusieron en duda que esas hayan sido las cajas donde miles de tucumanos depositaron sus votos, y ese es uno de los puntos clave en la denuncia judicial que realizaron por presunto fraude en los comicios.

Por eso, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, le solicitó informes al órgano electoral referidos al sistema de vigilancia por video. En un escrito de 10 carillas, los miembros de la Junta, Antonio Gandur (presidente) y Ana María Rosa Paz (vocal), fueron contundentes al señalar que la responsabilidad sobre el control y la custodia de las urnas correspondía a Gendarmería, al igual que la contratación de Info FOJ, la firma prestataria de la instalación de los equipos de filmación.

Al brindar detalles sobre la cuestión, la Junta apuntó contra la fuerza nacional por las fallas, y sembró dudas respecto del procedimiento administrativo que utilizaron los gendarmes para adquirir los servicios del joven santiagueño Francisco Omar Jiménez. El dueño de Info FOJ le admitió a LA GACETA que es docente de nivel primario pero vende e instala cámaras de seguridad “como un hobbie”.

Gandur y Paz afirmaron a la Justicia que desconocían el recibo de $ 16.810, aportado por Gendarmería debido a la compra de ocho cámaras y otros equipos, además de la colocación a cargo de Info FOJ. “En ningún momento hemos tenido a la vista el original de ese documento”, señalaron los integrantes de la JEP, en un párrafo destacado con letra en negrita en el que se señala la intención de “ser categóricos”. Y añadieron: “por otra parte, nos llame (sic) la atención que la factura date del 7 de septiembre de 2015, 17 días después de que Gendarmería informó a esta Junta sobre la contratación del servicio. Se debe agregar que el monto de $ 16.810 aparece en la fotocopia de la citada factura (como) realizado de contado, cuando por Ley de Administración Financiera la JEP sólo puede saldar ese monto a través de cheques”.

Según el texto elevado por Gandur y Paz, el 31 de agosto la Junta le solicitó a Gendarmería “las filmaciones de seguridad de la recepción y depósito de las urnas luego de realizado el acto comicial”. Explicaron que el 1 de septiembre, el entonces comandante general Federico Eugenio Sosa (fue desplazado de ese cargo, en el marco de una renovación en la fuerza), respondió a través de un comunicado que se había contratado a una empresa para ello, y que la prestataria estaba “abocada a la tarea de ‘levantar’ la información almacenada”. Según Gandur y Paz, “fue mediante este comunicado que esta JEP tomó por primera vez conocimiento de que Gendarmería había terciarizado el servicio de monitoreo y grabación por cámaras”. Admitieron que el secretario electoral Darío Almaraz había requerido esos equipos, pero afirmaron que “en ningún momento indicó o recomendó la empresa” Info FOJ, radicada a más de 150 kilómetros de la sede de la Junta. “A partir del 1 de septiembre las autoridades de la JEP en reiteradas oportunidades reclamaron verbalmente a la Gendarmería la entrega de la recopilación fílmica de datos. Ante el silencio de las autoridades a cargo, el 7 de septiembre de 2015 a las 18 esta Junta intimó a la entrega del material solicitado”, destacaron Gandur y Paz. Media hora después, el comandante mayor Claudio Adolfo Maley remitió una comunicación a las autoridades de la Junta. “(El texto) expresaba de forma imprecisa la imposibilidad de entregar la información, sin determinar la magnitud de los daños ni los días u horas que se encontraban afectados”, explicaron Gandur y Paz.

También informaron a la Justicia que el comandante Maley, el jueves pasado, les indicó que “personal especializado perteneciente a la División Informática Judicial de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional se encontraba ‘abocado a la comprobación de funcionamiento del disco rígido e interno de extracción de información forense’”. Esta tarea, que estaría siendo llevada sobre los backup (archivos de respaldo de los discos dañados), podría resultar clave en este caso. De hecho, el miércoles pasado el vocal Ruiz se comunicó con Almaraz, según consta en el informe elevado por la JEP, para señalarle que “no era posible ver la información de los días 23 y 24 de agosto de 2015 contenida en los discos”.

Según explicó el empresario y docente Jiménez en una entrevista con LA GACETA, su hipótesis era que los discos se habían dañado por problemas de tensión en la sede de la Junta. EDET informó el viernes que no había registrado problemas de esas características el día de los comicios ni el siguiente. La propia JEP sembró más dudas sobre esta posibilidad, al señalar que sus computadoras “no sufrieron ningún daño” -aunque aclararon que cuentan con estabilizadores-. Más allá de las fallas, Gandur y Paz ratificaron su confianza en la cadena de custodia a cargo de Gendarmería. E insistieron en el informe a la Justicia conque las cámaras eran “una medida adicional de vigilancia”.

Contra los acoples.- “Con la cantidad de ‘pseudopartidos’ disfrazados de acoples en esta elección hemos descubierto lo diabólica que fue la reforma constitucional sancionada el 6 del 6 el año 2006: las listas de acoples son un sistema que ha pulverizado los partidos políticos. Los partidos fueron perdiendo la naturalidad, cuando en realidad deberían ser los ámbitos donde la democracia se fortalece con la participación de la gente”, aseguró el legislador radical Ariel García, quien según el escrutinio provisorio retendría la banca, durante una charla debate organizada por Franja Morada en la Facultad de Derecho de la UNT. Del evento participaron además la constitucionalista Gilda Pedicone de Valls y militantes “Boina Blanca”. “Tucumán debe dejar de ser noticia por hechos que nos avergüenzan”, dijo García.