El vergonzoso fin de la ciudad universitaria

“Insomne, poseído, casi feliz, pensé que nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda es, en rigor, un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto, repetí, es tiempo futuro.”

Jorge Luis Borges, “El zahir”

El dinero que Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) empezó a entregar a la Universidad Nacional de Tucumán a partir de 2006 fue una maldita bendición: la abundancia generó un conflicto teñido de culpa por su origen y de ilusiones por las posibilidades de hacer obras desde siempre esperadas en la comunidad universitaria.

La plata, como el don de Midas, desató deseos legítimos y ambiciones de todo tipo que tuvieron dos grandes consecuencias: 1) Los trabajos de reparación y edificios que se hicieron en las dependencias universitarias (necesarios pero incompletos y bajo la sospecha judicial de que varios fueron hechos con irregularidades). 2) La pérdida de $ 500 millones en utilidades a partir de 2008, cuando el entonces rector, Juan Alberto Cerisola, firmó una resolución que declaraba terminado el proyecto de la Ciudad Universitaria. Con ello cedía el 50% de las utilidades para las otras universidades nacionales y se permitía la libre disponibilidad del otro 50% para obras en la UNT.

Esa decisión de Cerisola, firmada en silencio y a oscuras el 2 de enero de 2008, cuando el mundo universitario estaba entregado a las vacaciones, fue lo que debatió el Consejo Superior la semana pasada, cuando se presentó el informe de la Comisión Especial creada, a pedido del consejero Ricardo Cisneros, para investigar esa resignación de derechos. El martes próximo los consejeros deberán llegar a una decisión problemática: llevar a Cerisola, a YMAD y a las otras universidades a la Justicia para tratar de volver a la situación anterior a 2008, o bien pedir a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que analice el problema desde el punto de vista administrativo. Pero hay una conclusión clara y definitiva: esa decisión de Cerisola es nula. Sin embargo, de ahí a que se la pueda anular hay un trecho larguísimo.

En Tucumán siempre se pensó que las dependencias de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier eran una obra, por un lado, maravillosamente ambiciosa (las hermosas viviendas y los edificios para estudios del cerro, además del inconcluso funicular) y, por otro lado, abandonadas desde el fin del rectorado de Horacio Descole (1955). Abandono cuyo símbolo es el edificio inconcluso y un tanto hundido en el cerro, junto al Bosque de la Memoria.

Postergar no era abandonar

Lo que era poco conocido es que esas obras no estaban abandonadas, sino postergadas por falta de financiación. Y pronto se pensó en que las regalías mineras podían servir para eso. En 1959 (gobierno de Arturo Frondizi) se firmó el Acuerdo de Farallón Negro. Ahí dejaron de pelearse Catamarca y la UNT, herederas de los derechos de Abel Peirano, descubridor de los yacimientos mineros, y acordaron repartirse las utilidades en 60% para Catamarca y 40% para la UNT (Ley 14.771). El artículo 18 dice que ese 40% está destinado a terminar la Ciudad Universitaria y que al concluirse esta se debía repartir el 20% de libre disponibilidad y el otro 20% a las otras universidades.

Nadie se preocupó demasiado porque nunca hubo plata... hasta 2006, cuando el oro de la minera empezó a fluir. Cerisola estaba en su primer mandato. Como representantes de la universidad en YMAD estaban los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano. Todos coinciden en que YMAD pidió a la Universidad precisiones sobre los fondos para terminar la ciudad universitaria y ahí Cerisola, tras pedir un plan de obras a Planeamiento de la UNT, decretó extinguido por inviable el proyecto de la Ciudad Universitaria y lo cambió por obras en las dependencias de la universidad.

El acta de los inocentes

Esto se supo el año pasado cuando otro ex directivo de YMAD por la UNT, Florencio Aceñolaza, hizo público que se habían dejado de percibir $ 500 millones. Cerisola se justificó diciendo que él había informado al Consejo Superior (”no goberné solo... siempre se discuten las decisiones” -LA GACETA, 14/9/14-) y echó culpas a Campero y a Marigliano, aduciendo que un acta de YMAD firmada por ellos un día de los inocentes (el 28 de diciembre de 2007) ya daba por satisfecha la obligación de entregar dinero para la Ciudad Universitaria. Campero lo llamó “sinvergüenza”, porque dijo que Cerisola antes había enviado el plan de obras a YMAD, pero admitió el acta. Marigliano añadió que en 2007 se habían reunido con Campero, Cerisola y la ex vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y dijeron que “en algún momento había que dar un corte a esto. La Ciudad Universitaria del cerro era inviable” (LA GACETA, 28/6).

Pero, según acaba de dictaminar la comisión investigadora del Consejo Superior, nunca se declaró el fin de los trabajos de la Ciudad Universitaria ni se encontró respaldo documental que demuestre la urgencia de concluirlos. La secretaria de Planeamiento en 2006, Mónica Huerto de Labastida, explicó a la Comisión que nunca le dijo eso al ex rector sino que opinaba que era inviable; pero que ella sólo había entregado un plan de obras a hacer en la UNT. Asuntos Jurídicos dictaminó que Cerisola no tenía potestades para decidir sobre los bienes de la universidad. Aunque el ex rector puso “a conocimiento” del Consejo Superior de un plan de obras concluidas y en ejecución, nunca se debatió ni decidió la conclusión de la Ciudad Universitaria. Por ello la Comisión dice que Cerisola rebasó los límites de su competencia, y por ello violó los artículos 7 y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Obras insuficientes

Cuando Aceñolaza hizo pública esta resolución oscura, dijo que el motivo era la libre disponibilidad de ese 20% de utilidades que quedaban para la UNT (LA GACETA, 14/9/14). Cerisola replicó que “cumplido el mandato legal de coparticipar continuamos aplicando los fondos de YMAD en los destinos que corresponden”.

Pero eso está bajo cuestionamiento. Por un lado, la comisión del Consejo Superior ha dicho que “los fondos resultaron completamente insuficientes para construir los edificios universitarios que el propio plan de obras (en sus sucesivas versiones) considerado por el Ex Rector como Ciudad Universitaria requería” y acusaron a Cerisola y a Planeamiento de no haber hecho un plan completo ni un diagnóstico correcto. Por otro, el fiscal federal I, Carlos Brito, está investigando al ex rector en dos causas vinculadas con las obras hechas con fondos de YMAD. Brito, que involucra también a Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y a Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y actual diputado nacional (UCR), señala que Cerisola omitió someter al menos 16 obras a licitación pública, y que llegó a pagar sobreprecios del orden del 194% (LA GACETA, 13/8). Cerisola lo acusó de hacer electoralismo. “Ahí están las obras hechas; lo que se ve, lo que perdura, lo que queda; vayan, véanlas, y como muchísimos alumnos, disfrútenlas” (LA GACETA, 15/8).

Daño y reacción

Pero el Consejo Superior está frente a un gran dilema. La Comisión dice que “la decisión ha causado un gran daño patrimonial a la institución... y podría ser causa de un daño colectivo de significación”. Quiere que se declare nula de nulidad absoluta esa resolución y que Cerisola deje de ser representante de la UNT en YMAD. Acá hay otro problema. Fue nombrado en mayo de 2014 en forma provisoria por la rectora Alicia Bardón, en reemplazo de Fernando Valdez. El Consejo Superior rechazó la designación y el directorio de YMAD ratificó a Cerisola. La UNT ha reclamado ante el juez federal 1, Daniel Bejas, y este lo pasó a la Cámara Federal. La cuestión terminará sin sentido en marzo, cuando venza el mandato de Cerisola.

La explotación de Minera Alumbrera se halla en estado de “fin de mina”, dice la Comisión Especial, pero sigue dando fuertes dividendos. Cada uno de los representantes de la UNT en el directorio (son Cerisola y Faustino Siñeriz) tiene sueldos elevados, a punto tal que el año pasado se aprobó un proyecto de la rectora Bardón para que los honorarios no superen el sueldo bruto que perciba un profesor titular, con dedicación exclusiva y máxima antigüedad de la UNT. “El excedente, si lo hubiera, deberá ser donado por los directores a la UNT para los fines que sus órganos de gobierno estatutario determinen” (LA GACETA, 2/9/14).

La Comisión emitió dos dictámenes. La decana de Derecho, Adela Seguí, que representa el dictamen de mayoría, cree que el tema de la nulidad debe ir directamente a la Justicia penal federal (en Catamarca). “Pidamos a la Justicia que anule esto, para que no haya un pícaro que se esté riendo”, había dicho Cisneros el 13/5. Esto llevaría a un pleito con las otras universidades, con el Consejo Interuniversitario y con Catamarca (cuya gobernadora, Lucía Corpacci, dijo en febrero que no quieren repartir más regalías con la UNT. En el dictamen de minoría, el consejero Jorge Molina Palacios dijo que no consideran “que haya que litigar con el Consejo Interuniversitario o con las otras universidades, que ya recibieron beneficios. Además, es muy poco probable que tengamos éxito en el juicio, porque fueron errores nuestros” (LA GACETA, 9/9).

¿Habrá salida? La UNT está encerrada en una suerte de callejón ciego por no haber sabido lidiar con la bendición maldita del dinero, que parece contaminar todo, incluso el seno del pensamiento de la provincia.

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