El sonido de los motores fue ayer el grito de queja de los productores de granos tucumanos. La plaza Independencia sintió la fuerza física de alrededor de 50 tractores, grandes y chicos, modelos viejos y nuevos, que en diferentes momentos fueron encendidos por los ruralistas para hacer oír su reclamo. El ruido del hierro retumbó en el interior de la Casa de Gobierno.
Los agricultores, denominados autoconvocados, se trasladaron desde diferentes puntos del interior provincial hasta las puertas del edificio del Poder Ejecutivo (PE), en un “tractorazo” similar al realizado por sus pares de Entre Ríos días atrás. Acompañados por la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y por cañeros del este (también atraviesan una crisis), ingresaron a la capital tucumana en los vehículos pesados y en camionetas a las 4 de la madrugada, y se concentraron en el paseo público. Allí armaron, además, un campamento para exponer la crisis del agro ante el Ejecutivo, como sucedió hace más de dos semanas.
“La situación de los productores de granos está agravándose debido a las políticas nacional y provincial. Nos llevan en esta campaña a una situación de quiebre, teniendo en cuenta también la caída de los precios internacionales”, había explicado Gonzalo Blasco, referente del sector en los primeros momentos del día.
Las historias particulares se conocieron con el paso de las horas en las dos carpas armadas por los manifestantes, pero todas marcaron el actual escenario del campo regional.
Eliana Ayala, quien es esposa de un productor de granos y ayer estuvo en una de las carpas del campo, contó que su cuenta bancaria fue embargada ya por deudas tributarias provinciales. “La situación es mala si uno se atrasa con (el pago de) los impuestos. Pero, ¿cómo es la manera de cobrar de la Dirección General de Rentas? Sin notificación previa, traban y embargan las cuentas. Ha llegado primero el embargo y luego la notificación del correo para acceder al plan de pago”.
Dijo que la DGR “ejecuta sobre las tributos comunales y provinciales sobre un mismo inmueble”. “La situación es difícil. Se ha cortado la cadena de pagos y con cuentas trabadas no hay posibilidad de acceder a una financiación en alguna entidad”, añadió.
Los casos de embargos de las cuentas se repitieron en el campamento. Ante esa situación, el campo evalúa efectuar hoy una protesta en la sede de Rentas.
“Estamos a 1.200 kilómetros de los puertos. El campo no tiene rentabilidad. Estamos cosechando a pérdida. Se necesita producir 2.500 kilos de soja por hectárea para cubrir los costos de siembra, fumigación, cosecha y flete. Pero tenemos un rendimiento de entre 2.000 y 2.200 kilos. Inclusive, nos embargan las cuentas corrientes”, contó otro autoconvocado, de 34 años, quien pidió que su nombre se mantenga en reserva, pero se presentó como la cuarta generación de una familia de productores agropecuarios.
“La situación es terminal. Si no hay una mejora, no podremos trabajar en el campo. Y detrás del campo vienen luego los empleados, los almacenes de los pueblos, las estaciones de servicio y los camioneros. En definitiva, el interior del país se frena”, comentó. “Estamos a punto de abandonar”, advirtió.
Sin solución
El Gobierno impulsó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) confirmando la emergencia agropecuaria para las actividades de granos y de caña de azúcar. En la resolución se fijó un diferimiento de los pagos de los Impuestos Inmobiliarios de 2015, para los vencimientos de entre agosto y diciembre. También, la suspensión de las ejecuciones de la DGR.
Los agricultores calificaron de “insuficiente” la última disposición oficial que abarcó a la producción de soja, maíz y poroto. Los ruralistas vienen solicitando la revisión del régimen de Ingresos Brutos, debido a que les lleva a la “doble y la triple imposición (cobro)”, entre otras objeciones al sistema fiscal tucumano y de la AFIP, así como la eliminación de las retenciones para el NOA.
El PE intentó conformar una mesa de diálogo entre el sector y el secretario de Desarrollo Productivo, Bartolomé del Bono, aunque los productores exigieron que la negociación se concrete con el gobernador José Alperovich o el vicegobernador Juan Manzur, con el fin de definirse medidas “urgentes”. Ningún encuentro se concretó.
“Los hemos invitado a que vengan a dialogar, pero manifestaron su negativa. En otras oportunidades, en las que ha habido este tipo de manifestación, se ha procedido de la misma manera y ellos han accedido”, comentó Del Bono.
“Tanto (el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge) Feijóo como del Bono no pudieron resolver nuestros problemas”, enfatizó Pablo Grandval, quien remarcó que el Gobierno conoce los problemas del sector y que mantendrán el campamento en estos días si no hay respuestas oficiales.