La droga es peligrosa (también para la campaña)

A pesar del incremento significativo y de la diversificación hacia múltiples espacios sociales que ha tenido el narcotráfico en los últimos años en la Argentina, resultaba sorprendente que los principales candidatos presidenciales omitieran la temática en su campaña. En la última semana, una investigación periodística del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, impuso el tema a la fuerza en la agenda. Sin embargo, este debate no se está dando de forma tal de promover consensos y facilitar la identificación de instrumentos de política pública que puedan contribuir a solucionar el flagelo del narcotráfico que, como queda ya claramente demostrado, es la peor amenaza de gobernabilidad que tiene el país.

La nota ligó a Aníbal Fernández, uno de los candidatos del FpV por la provincia de Buenos Aires, con el tráfico de efedrina y con el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008, durante el cual perdieron la vida, precisamente, tres “emprendedores” involucrados con ese negocio ilegal. En lugar de los esperables paños fríos y de algún intento de limpiar la sospecha de su ligazón con el narcotráfico, Fernández prefirió enlodarse junto con su rival en la interna, Julián Domínguez. “Que deje de comprarles droga a los transas”, dijo. Y para que la oposición no quedara limpia, hubo una vendetta de entre semana: en un allanamiento casual, cayó acusado por narcotráfico el yerno de Toty Flores, candidato a vicepresidente de Lilita Carrió en el espacio Cambiemos.

La irrupción del narcotráfico en la campaña, entonces, fue abrupto. Acusaciones vacías, aprietes poco sutiles, carpetazos… un concierto muy poco edificante, expresión de lo peor de la política argentina. Se supone que las elecciones sirven para debatir temas de la agenda ciudadana, evaluar soluciones, incluso ponderar las prioridades que luego deben estar reflejadas en el diseño e implementación de políticas públicas. La droga es uno de los tópicos sobre el que más debió haberse discutido en este período. Sin embargo, se optó por hablar a los gritos, por no escuchar, por llevar al tema al plano más superficial posible, el de la chicana, y alejarse de lo importante: qué ocurre en el país con el consumo, con el tránsito, con la producción, con el transporte, con el comercio internacional y, lo fundamental, cuáles son las consecuencias del incremento del narcotráfico en la sociedad y en el Estado.

Esta forma irresponsable de encarar el tema (incluye usarlo de excusa para inculpar a competidores políticos) no hace más que poner de manifiesto una de las principales características de la droga: su capacidad de empeorar todo lo que ya funciona mal: seguridad interior, conflictos en las fronteras, incremento de la marginalidad, deterioro de la salud pública, aumento de la violencia en los grandes bolsones de pobreza, presiones sobre la justicia, crecimiento de las redes de contrabando… Asistimos, en los últimos diez años, al desarrollo del narcotráfico en el país, a su aceleración y su profundización, a la sombra de la ausencia de políticas públicas que reflejen el tamaño del daño que se genera. Es importante enfatizar el concepto: se trata de la principal amenaza de gobernabilidad que compromete la estabilidad política, la paz social y el futuro de nuestras familias.

Argentina viene incubando y conviviendo desde hace muchísimos años con un conjunto de características que son caldo de cultivo ideal para el desarrollo y consolidación de las redes del narcotráfico: déficit habitacional, grandes cordones de pobreza extrema, una política migratoria absurda y descontrolada, abandono estatal de las zonas marginales… Era inevitable que ante tamaño fracaso en luchar de forma sustentable contra la pobreza, ante una pésima y endémica planificación socio demográfica y territorial, los narcos o cualquier otra mafia comenzaran a ocupar el vacío dejado por el Estado para hacer su negocio.

Así, esas redes de crimen organizado se hicieron cada vez más fuertes, generando un círculo vicioso del que es cada vez más complejo salir. Si el país exporta cada vez más, entonces produce y consume también de manera proporcional. Porque la logística (el transporte) se paga en especie, con la misma droga. Por lo tanto, cuando aumenta la circulación, se incrementa también el volumen que debe venderse en el mercado interno. Esto explica que las zonas más afectadas son las portuarias que concentran la actividad de comercio exterior: Rosario, Campana, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia son los principales. Lo mismo ocurre con los aeropuertos internacionales, particularmente el de Ezeiza. Sin embargo, el conflicto no se agota en esas localidades pues las redes de comercialización despliegan toda su capilaridad y llegan, en un santiamén, a los rincones más recónditos de toda la Argentina.

La inacción estatal llega a los niveles más elementales. La población no toma conciencia del peligro que implican las drogas, porque en un contexto de falta absoluta de campañas de esclarecimiento y educación, la aceptación social del consumo se ubica en su punto más alto. Esta situación tiene consecuencias preocupantes para la salud de la población. Por su parte, la despenalización del consumo de algunas drogas como la marihuana (avalada por fallos judiciales) y el incremento de la oferta disminuye el costo de acceso y colabora con que cada vez más gente consuma. Es por eso que convertirla en ley, como han propuesto algunos candidatos, constituye una responsabilidad notable e implica que el Estado resigna su obligación de generar criterios razonables acerca de qué se puede hacer y qué no. En otras palabras, lo único que se lograría es incrementar el problema.

Hubiese sido en extremo positivo que la droga apareciese en la agenda de campaña en el marco de un debate serio, con información precisa, convocando a especialistas y analizando casos internacionales para alimentar nuestro arsenal de argumentos e ideas. Es decir, con la seriedad que requiere un tema tan importante. Lo peor es que lo que pasó, que se hablara de esto como consecuencia de un escándalo. De hecho, la efedrina, que tomó gran visibilidad a partir del informe periodístico, es un elemento marginal de la problemática del narcotrádico en el país, en particular si se lo compara con lo que ocurre con la cocaína o la marihuana. Esta irrupción no sirvió para abordar este flagelo con seriedad, parsimonia y criterios profesionales: simplemente, pasó a formar parte de ese cambalache en que se ha convertido la política nacional.

Las puertas continúan abiertas y esto puede ser recogido por los candidatos como una oportunidad para, desde ahora, traten de cubrir el hueco que existe en traducir esta preocupación real de la sociedad (y el problema en sí mismo) en políticas públicas. Las elecciones en la Argentina parecen ser sobre todo una instancia período en el que la mayoría de los líderes que compiten entre sí usan todos los artilugios posibles para embarrar la cancha. Necesitamos que cambie esta dinámica y que comencemos a debatir los temas de fondo, los más difíciles de resolver, los que más afectan nuestra vida cotidiana. Si seguimos mirando para otro lado, banalizando las cuestiones estructurales y/o desplazando las prioridades por miedo a romper mecanismos mafiosos y redes corruptas insertas en el aparato del Estado, seremos no ya víctimas o testigos, sino cómplices de la destrucción de nuestra sociedad.