Aproximadamente, 600 ómnibus fueron contratados para la movilización del 9 de Julio. En verdad, fueron afectados muchos más vehículos, porque también se rentaron “combis” para garantizar que el júbilo hervido con trapo y lentejuela tuviera un marco artificiosamente multitudinario, pero sólo en nombre de una suerte de optimismo patrio vale quedarse con el dato de los colectivos, de los cuales la mitad correspondió a la capital, según fuentes bien informadas sobre acontecimientos públicos cuyos datos son siempre mantenidos en privado.
A modo de promedio forzado, el alquiler de cada uno de estos micros costó más o menos 3.000 pesos. En verdad, fue más, porque sólo por las unidades que operaron en San Miguel de Tucumán hubo que pagar unos 2.500 pesos; y las del interior tienen tarifas según la distancia. no sale lo mismo trasladar gente desde Famaillá y Bella Vista que desde La Cocha y Graneros. Pero por una cuestión de angustia por los fondos públicos, vale quedarse con ese valor. El total aproximado y redondeado ronda los 2 millones de pesos sólo en transporte.
Por otro lado están los viáticos -para llamarlos de manera elegante- que hay que reconocer a los que asistirán al espectáculo de servidores del pasado en copas nuevas. El cálculo de esos estipendios fue de 15.000 pesos por cada bus. En verdad, en muchos casos fue superior, porque no es igual lo que hay que cubrir para un vecino del Gran San Miguel Tucumán que no viaja mucho para aclamar a los testaferros de los traidores del aplauso, que lo que debe reconocerse a quienes, desde el Este y el Oeste, necesitan andar un centenar de kilómetros para traer el trino y la pavura. Pero por una cuestión de esperanzada creencia en la igualdad ante la ley, vale quedarse con aquella cifra, que surge de calcular 300 pesos de viático por cada uno de los 40 pasajeros, más el costo en comida (sándwiches y gaseosas en tanta abundancia que incontables bandejas sin abrir quedaron regadas en el suelo), y demás gastos menores del movilizador. El total sobre ruedas es de 9 millones de pesos. La inversión en banderas, gorros, pancartas, carteles, insignias y demás merchandising es por aparte.
Este, por cierto, es el cálculo informal, a partir de cifras extraoficiales, para llevar unas 24.000 personas a un Hipódromo donde montaron un escenario sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. En ese acto político, según las estimaciones oficiales, hubo más de 40.000 personas. Verdadera razón para que el mitin fuera transmitido por Cadena Nacional, suerte que no tuvo la ceremonia oficial de mezquinos 15 minutos en la Casa Histórica, solar de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río Plata, que luego pasarían a llamarse Uruguay y Bolivia y Paraguay y Argentina...
En el otro extremo, pagar el 82% móvil a los jubilados transferidos insumiría, aproximadamente, 12 millones de pesos por mes, según fuentes oficialmente privadas de revelarse públicamente. Es decir, con lo que el alperovichismo gastó para traer dos horas a la Presidenta (sólo para que ella encomiara a su difunto esposo y denigrara al gobernador recomendándole que si se siente “satisfecho” se dedique “a otra cosa”) se podría haber afrontado todo un mes del beneficio provisional para nuestros viejos. Obviamente, con lo que se gastó en mayo para traer de gira electoral a Daniel Scioli, para quien se montó el mismo show, con la misma concurrencia y en el mismo Hipódromo, se podría haber cubierto el beneficio por un mes más.
En contraposición, este mismo Gobierno dispendioso a la hora de la política electoral indigna va a apelar el reciente pronunciamiento judicial que le ordena hacer efectiva la movilidad y la porcentualidad a un jubilado. El alperovichismo argumenta que para una política de seguridad social digna no le alcanza.
Para el pueblo, nada. Para los eternizadores de los dioses del ocaso, todo.
Superfluos
La tapa de LA GACETA del martes pasado presenta un contraste de realidades tan violento como oprobioso. Arriba, a la izquierda, daba cuenta del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconocía el derecho a la muerte digna de un paciente en estado de coma desde hacía 20 años. A la izquierda, consignaba la noticia de que los camaristas Salvador Ruiz y Horacio Castellanos habían dictado una sentencia que ordena a la Provincia “observar fielmente en lo sucesivo el porcentual de movilidad oportunamente acordado” en favor de Francisco Ismael Saleh, quien hace más de dos décadas cobra una jubilación inferior a la que le corresponde por ley, según las consideraciones del tribunal. Esa misma crónica informó de la decisión del Gobierno tucumano de recurrir el fallo que favorece a un ciudadano que integra uno de los grupos vulnerables de la sociedad.
Léase, en Tucumán hay derecho a la dignidad en el momento de la muerte, pero no lo hay durante la vejez. Y no es un decir. Del grupo de “Los jubilados de la plaza” Independencia, con el cual Saleh marcha cada miércoles en demanda del 82% móvil, 92 han muerto después de una vida de trabajo y de una ancianidad de lucha, sin obtener respuesta para su reclamo mínimo. Porque esos abuelos, como Florinda Leguizamón, no estaban exigiendo sumas fastuosas, dudosas y discrecionales para irse de vacaciones a Dubai, a pasear en camello y filmarse en hoteles de 20.000 dólares la noche. Ella, al igual que Carlos Martínez y que Mario Carabajal, estaban pidiendo lo que la ley y la Justicia dicen que les corresponde para, al mismo tiempo, llegar a fin de mes y poder pagarse los remedios.
No hay una cifra acerca de los otros jubilados transferidos, los que no iban a las marchas y que también fallecieron. Eso sí, son miles. Y “miles” es criminal.
Pero los ancianos son superfluos para el alperovichismo.
Engañados
Esta administración jamás tomó en serio a los atormentados sobrevivientes del siglo XX (esa centuria ensañada con este país y con esta provincia). Mucho menos a su reclamo de lo que la Justicia sentenció en 1996: el Poder Ejecutivo debe pagar la movilidad y la porcentualidad a los jubilados transferidos. Eso mismo es lo que este Gobierno que asumió en octubre de 2003 (y que administro 100.000 millones de pesos en una década, sin contar los 32.000 millones pautados para este 2015) ya no hizo en 2006. En ese año dejó de actualizar de manera regular la mensualidad de nuestros adultos mayores. A pesar de que antes el gobernador había prometido (cosa que seguiría haciendo después) que sí habría 82% móvil. Ese palabra fue empeñada según un patrón regular: los años impares. Es decir, los electorales. En 2005, 2007, 2009 y 2013 hubo compromisos (y hasta decretos, como el 3.151/07) de que a los jubilados les reconocerían el beneficio provisional. Después venía una aplicación limitada. Más tarde, otra vez todo quedaba en nada.
Actualizada al primer cuatrimestre del año pasado, los ocho años de deuda que reclaman “Los jubilados de la plaza” totalizaba 507 millones de pesos. O sea, el insignificante 1,5% del Presupuesto General de la Provincia para 2015. Si todavía argumentan que no pueden saldar ese pasivo con los pasivos, podrían ir pagándoles una parte con lo que fue asignado únicamente a la Secretaría General de la Gobernación, solamente para el otorgamiento de subsidios, nada más que durante este año electoralísimo: 105 millones millones de pesos. O lo que es igual, el 21% de lo que se adeuda a los pobres viejos empobrecidos.
Incontestables
Léase, no les pagan porque no quieren. Y porque no quieren, apelan en nombre de un argumento que, en boca del alperovichismo, se vuelve el epítome del descaro. La Fiscalía de Estado ha proclamado que un amparo que reconoce derechos constitucionales lesionados de manera arbitraria “generará una inseguridad jurídica tremenda”.
De “inseguridad jurídica” habló el Gobierno que reformó la Constitución para establecer que tres mandatos consecutivos deben contarse como dos; que la Junta Electoral Provincial iba a tener mayoría de miembros provenientes de los poderes políticos; que el consejo que propone magistrados iba a ser integrado por decreto; que el jurado que destituye jueces no iba a tener representación opositora garantizada; que para echar al gobernador o al vicegobernador en juicio político hacen falta más votos legislativos que para deponer a un miembro de la Corte; que en Tucumán se puede reglamentar el tránsito, almacenamiento y disposición final de residuos tóxicos y radioactivos a pesar de que la Constitución Nacional lo prohíbe; que los funcionarios no deben pedir licencia cuando sean candidatos; que los funcionarios sometidos a juicio político por mal desempeño del cargo no serán suspendidos en el ejercicio de ese cargo; que con una mayoría especial de legisladores se podía modificar el contenido de la Carta Magna...
Sobre la “inseguridad jurídica” alertó la Fiscalía de Estado que llegó a aseverar que nunca fue notificada del proceso judicial y que aseveró que suele tomar conocimiento de los planteos judiciales contra el Estado por la prensa antes que por las cédulas judiciales. Resultó que, en este caso del 82% móvil para los jubilados, sí fue notificada por la Justicia y también por la prensa. El 2 de mayo pasado, en esta columna se avisó del amparo en favor de los ancianos tucumanos que promovía no la Defensoría del Pueblo sino los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada.
No por ello dejó de ser reveladora la valiente respuesta de Ruiz y de Castellanos a la Casa de Gobierno, cuando le contestaron que sí había sido informada de la demanda y que, en realidad, la Fiscalía de Estado jamás había contestado. Ese dato oficial confirma que el alperovichismo, con respecto a sus representados, solamente hace el bien cuando nada hace.
A modo de promedio forzado, el alquiler de cada uno de estos micros costó más o menos 3.000 pesos. En verdad, fue más, porque sólo por las unidades que operaron en San Miguel de Tucumán hubo que pagar unos 2.500 pesos; y las del interior tienen tarifas según la distancia. no sale lo mismo trasladar gente desde Famaillá y Bella Vista que desde La Cocha y Graneros. Pero por una cuestión de angustia por los fondos públicos, vale quedarse con ese valor. El total aproximado y redondeado ronda los 2 millones de pesos sólo en transporte.
Por otro lado están los viáticos -para llamarlos de manera elegante- que hay que reconocer a los que asistirán al espectáculo de servidores del pasado en copas nuevas. El cálculo de esos estipendios fue de 15.000 pesos por cada bus. En verdad, en muchos casos fue superior, porque no es igual lo que hay que cubrir para un vecino del Gran San Miguel Tucumán que no viaja mucho para aclamar a los testaferros de los traidores del aplauso, que lo que debe reconocerse a quienes, desde el Este y el Oeste, necesitan andar un centenar de kilómetros para traer el trino y la pavura. Pero por una cuestión de esperanzada creencia en la igualdad ante la ley, vale quedarse con aquella cifra, que surge de calcular 300 pesos de viático por cada uno de los 40 pasajeros, más el costo en comida (sándwiches y gaseosas en tanta abundancia que incontables bandejas sin abrir quedaron regadas en el suelo), y demás gastos menores del movilizador. El total sobre ruedas es de 9 millones de pesos. La inversión en banderas, gorros, pancartas, carteles, insignias y demás merchandising es por aparte.
Este, por cierto, es el cálculo informal, a partir de cifras extraoficiales, para llevar unas 24.000 personas a un Hipódromo donde montaron un escenario sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. En ese acto político, según las estimaciones oficiales, hubo más de 40.000 personas. Verdadera razón para que el mitin fuera transmitido por Cadena Nacional, suerte que no tuvo la ceremonia oficial de mezquinos 15 minutos en la Casa Histórica, solar de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río Plata, que luego pasarían a llamarse Uruguay y Bolivia y Paraguay y Argentina...
En el otro extremo, pagar el 82% móvil a los jubilados transferidos insumiría, aproximadamente, 12 millones de pesos por mes, según fuentes oficialmente privadas de revelarse públicamente. Es decir, con lo que el alperovichismo gastó para traer dos horas a la Presidenta (sólo para que ella encomiara a su difunto esposo y denigrara al gobernador recomendándole que si se siente “satisfecho” se dedique “a otra cosa”) se podría haber afrontado todo un mes del beneficio provisional para nuestros viejos. Obviamente, con lo que se gastó en mayo para traer de gira electoral a Daniel Scioli, para quien se montó el mismo show, con la misma concurrencia y en el mismo Hipódromo, se podría haber cubierto el beneficio por un mes más.
En contraposición, este mismo Gobierno dispendioso a la hora de la política electoral indigna va a apelar el reciente pronunciamiento judicial que le ordena hacer efectiva la movilidad y la porcentualidad a un jubilado. El alperovichismo argumenta que para una política de seguridad social digna no le alcanza.
Para el pueblo, nada. Para los eternizadores de los dioses del ocaso, todo.
Superfluos
La tapa de LA GACETA del martes pasado presenta un contraste de realidades tan violento como oprobioso. Arriba, a la izquierda, daba cuenta del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconocía el derecho a la muerte digna de un paciente en estado de coma desde hacía 20 años. A la izquierda, consignaba la noticia de que los camaristas Salvador Ruiz y Horacio Castellanos habían dictado una sentencia que ordena a la Provincia “observar fielmente en lo sucesivo el porcentual de movilidad oportunamente acordado” en favor de Francisco Ismael Saleh, quien hace más de dos décadas cobra una jubilación inferior a la que le corresponde por ley, según las consideraciones del tribunal. Esa misma crónica informó de la decisión del Gobierno tucumano de recurrir el fallo que favorece a un ciudadano que integra uno de los grupos vulnerables de la sociedad.
Léase, en Tucumán hay derecho a la dignidad en el momento de la muerte, pero no lo hay durante la vejez. Y no es un decir. Del grupo de “Los jubilados de la plaza” Independencia, con el cual Saleh marcha cada miércoles en demanda del 82% móvil, 92 han muerto después de una vida de trabajo y de una ancianidad de lucha, sin obtener respuesta para su reclamo mínimo. Porque esos abuelos, como Florinda Leguizamón, no estaban exigiendo sumas fastuosas, dudosas y discrecionales para irse de vacaciones a Dubai, a pasear en camello y filmarse en hoteles de 20.000 dólares la noche. Ella, al igual que Carlos Martínez y que Mario Carabajal, estaban pidiendo lo que la ley y la Justicia dicen que les corresponde para, al mismo tiempo, llegar a fin de mes y poder pagarse los remedios.
No hay una cifra acerca de los otros jubilados transferidos, los que no iban a las marchas y que también fallecieron. Eso sí, son miles. Y “miles” es criminal.
Pero los ancianos son superfluos para el alperovichismo.
Engañados
Esta administración jamás tomó en serio a los atormentados sobrevivientes del siglo XX (esa centuria ensañada con este país y con esta provincia). Mucho menos a su reclamo de lo que la Justicia sentenció en 1996: el Poder Ejecutivo debe pagar la movilidad y la porcentualidad a los jubilados transferidos. Eso mismo es lo que este Gobierno que asumió en octubre de 2003 (y que administro 100.000 millones de pesos en una década, sin contar los 32.000 millones pautados para este 2015) ya no hizo en 2006. En ese año dejó de actualizar de manera regular la mensualidad de nuestros adultos mayores. A pesar de que antes el gobernador había prometido (cosa que seguiría haciendo después) que sí habría 82% móvil. Ese palabra fue empeñada según un patrón regular: los años impares. Es decir, los electorales. En 2005, 2007, 2009 y 2013 hubo compromisos (y hasta decretos, como el 3.151/07) de que a los jubilados les reconocerían el beneficio provisional. Después venía una aplicación limitada. Más tarde, otra vez todo quedaba en nada.
Actualizada al primer cuatrimestre del año pasado, los ocho años de deuda que reclaman “Los jubilados de la plaza” totalizaba 507 millones de pesos. O sea, el insignificante 1,5% del Presupuesto General de la Provincia para 2015. Si todavía argumentan que no pueden saldar ese pasivo con los pasivos, podrían ir pagándoles una parte con lo que fue asignado únicamente a la Secretaría General de la Gobernación, solamente para el otorgamiento de subsidios, nada más que durante este año electoralísimo: 105 millones millones de pesos. O lo que es igual, el 21% de lo que se adeuda a los pobres viejos empobrecidos.
Incontestables
Léase, no les pagan porque no quieren. Y porque no quieren, apelan en nombre de un argumento que, en boca del alperovichismo, se vuelve el epítome del descaro. La Fiscalía de Estado ha proclamado que un amparo que reconoce derechos constitucionales lesionados de manera arbitraria “generará una inseguridad jurídica tremenda”.
De “inseguridad jurídica” habló el Gobierno que reformó la Constitución para establecer que tres mandatos consecutivos deben contarse como dos; que la Junta Electoral Provincial iba a tener mayoría de miembros provenientes de los poderes políticos; que el consejo que propone magistrados iba a ser integrado por decreto; que el jurado que destituye jueces no iba a tener representación opositora garantizada; que para echar al gobernador o al vicegobernador en juicio político hacen falta más votos legislativos que para deponer a un miembro de la Corte; que en Tucumán se puede reglamentar el tránsito, almacenamiento y disposición final de residuos tóxicos y radioactivos a pesar de que la Constitución Nacional lo prohíbe; que los funcionarios no deben pedir licencia cuando sean candidatos; que los funcionarios sometidos a juicio político por mal desempeño del cargo no serán suspendidos en el ejercicio de ese cargo; que con una mayoría especial de legisladores se podía modificar el contenido de la Carta Magna...
Sobre la “inseguridad jurídica” alertó la Fiscalía de Estado que llegó a aseverar que nunca fue notificada del proceso judicial y que aseveró que suele tomar conocimiento de los planteos judiciales contra el Estado por la prensa antes que por las cédulas judiciales. Resultó que, en este caso del 82% móvil para los jubilados, sí fue notificada por la Justicia y también por la prensa. El 2 de mayo pasado, en esta columna se avisó del amparo en favor de los ancianos tucumanos que promovía no la Defensoría del Pueblo sino los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada.
No por ello dejó de ser reveladora la valiente respuesta de Ruiz y de Castellanos a la Casa de Gobierno, cuando le contestaron que sí había sido informada de la demanda y que, en realidad, la Fiscalía de Estado jamás había contestado. Ese dato oficial confirma que el alperovichismo, con respecto a sus representados, solamente hace el bien cuando nada hace.
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