Critican el “sumario anómalo encubierto”

Mediante una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) expresó que, si bien no se opone al sistema de controles, rechazaba en forma enérgica la llamada “auditoría de reacción inmediata”. En mayo, una fiscalización de esta índole derivó en la apertura de un sumario administrativo contra Guillermo Herrera, fiscal N° 10.

La entidad que preside el defensor oficial Roberto Paz afirmó que ese tipo de control -en principio desencadenado por una denuncia- lesiona la independencia judicial (la otra auditoría se denomina preventiva y tiene carácter rutinario). Al respecto, recordó que la AMT y la Federación Argentina de la Magistratura habían manifestado su preocupación al respecto en diversas ocasiones desde 2010, cuando el alto tribunal creó el Cuerpo de Auditores. Al igual que Herrera en distintos contactos de prensa recientes, la Asociación citó la disidencia de la vocal Claudia Sbdar, quien al expedirse sobre el manual de funciones del Cuerpo, advirtió que este afectaba la independencia de la judicatura.

“La realización de auditorías de reacción inmediata ha expuesto que estas disimulan y sustituyen el contenido de un sumario administrativo sin observar las garantías de este o, dicho de otro modo, (constituyen) un sumario irregular encubierto. En los hechos, los auditores han violado o incumplido hasta con las propias limitaciones impuestas por la acordada, como el deber de confidencialidad y la no afectación de la actividad jurisdiccional”, observó la AMT. Esa entidad, que el lunes denunció en sede penal al auditor Luis Lezana Flores, dijo que la fiscalización de reacción inmediata no existía en el resto del país y solicitó su eliminación, así como la reforma del Cuerpo de Auditores.

¿Cómo comenzó todo?- En febrero, el juez federal N°2, Fernando Poviña, giró a la Justicia local una denuncia de la Unidad de Información Financiera contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. La acusación cuestionaba la actuación de Noguera en conexión con Rubén Ale y la causa “Jorrat”.

¿QUÉ PASÓ LUEGO?- Alfredo Falú, abogado de la querella en “Jorrat”, denunció a Noguera. El Colegio de Abogados de la Capital denunció a Noguera y al fiscal Guillermo Herrera, que también había actuado en ese caso. Carlos Garmendia, letrado de Susana Trimarco, denunció a Noguera, a Herrera y al juez Juan Francisco Pisa. Ricardo Falú, a su vez, incriminó a Pisa, a Noguera y al fiscal Arnoldo Suasnábar.

¿QUIÉN INVESTIGA ESTAS ACUSACIONES?- Por orden del ministro público Edmundo Jiménez, estas denuncias y las que ingresaron después quedaron radicadas en la fiscalía de Diego López Ávila.

¿POR QUÉ INTERVIENEN LOS AUDITORES?- En paralelo, Antonio Gandur, titular de la Corte, ordenó al Cuerpo de Auditores una auditoría sobre una serie de casos de Herrera objetados por el Colegio. En virtud de esa fiscalización, el alto tribunal dispuso la apertura de un sumario contra el fiscal.

¿CÓMO SIGUIÓ LA HISTORIA?- Herrera informó a la prensa que, indirectamente, un vocal de la Corte había querido torcer la causa “Delgado”, denuncia mediática cuya investigación pidieron Gandur y la Corte en pleno. Luego, la Asociación de Magistrados de Tucumán formuló una denuncia penal contra Luis Lezana Flores, jefe del Cuerpo de Auditores.