13 Junio 2015 Seguir en 
Ana Lázaro Verde - DPA
Felipe VI culmina su primer año de reinado con un paso inédito en su afán por recuperar la confianza de los españoles en la institución monárquica: la retirada del título de duquesa de Palma a su hermana Cristina de Borbón antes de que ésta sea juzgada en el marco de un caso de corrupción.
La decisión, anunciada por sorpresa a última hora del jueves por la Casa Real española, fue recogida ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de un Real Decreto firmado por el monarca y refrendado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Ante la noticia, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, aseguró que su defendida ya había manifestado por carta al rey su voluntad de renunciar al ducado de Palma, título que le fue concedido en 1997. “Renunció al uso de este título y así lo expresó, y el rey ha actuado en consecuencia”, dijo el letrado ante la prensa.
Desde la Casa Real, sin embargo, confirmaron que la misiva llegó el jueves a La Zarzuela después de que el monarca comunicara por teléfono su decisión a su hermana.
La supuesta carta, escrita de puño y letra por la infanta, fue publicada por el diario “La Vanguardia” en su versión digital. En ella, la infanta Cristina expresa su “voluntad de renunciar” al título nobiliario y asegura que toma la decisión debido “a las acusaciones infundadas” contra su persona tras “una larga y dolorosa reflexión”.
El gobierno español de Rajoy expresó su respeto por la retirada del ducado de Palma a Cristina de Borbón e informó de que no cabe recurso contra la disposición.
“Es al rey a quien corresponde conceder y en su caso revocar la concesión de títulos vinculados a la Corona”, explicó en rueda de prensa la “número dos” del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
La decisión de Felipe VI supone un paso más en su compromiso adquirido en el discurso de proclamación que ofreció el 19 de junio de 2014 ante las Cortes españolas, en el que anunció el arranque de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
Felipe VI inició entonces un camino distanciado de los escándalos que salpicaron a la figura de su padre, el rey Juan Carlos, en los últimos años que estuvo en el trono, y se centró en la búsqueda de transparencia y modernidad para una institución cuestionada por una parte de la ciudadanía española.
El nuevo rey prohibió a la familia real recibir regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas. También se bajó el sueldo un 20 % respecto al que tenía su padre y aprobó un nuevo código de conducta para el personal de la Casa Real.
Pero la resistencia de Cristina a renunciar a sus derechos dinásticos le sitúa en una posición difícil. La infanta, sexta en la línea de sucesión al trono español, será el primer miembro de la familia real española que se siente ante un tribunal en el banquillo de los acusados en un juicio para el que todavía no hay fecha. En diciembre de 2014 fue procesada por el juez como “cooperadora necesaria” en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo, el ex campeón de balonmano, Iñaki Urdangarin, quien también será juzgado por haberse apropiado supuestamente de dinero público en el Instituto Nóos, una entidad pública sin ánimo de lucro ligada al mundo del deporte y que prestó servicios a varias comunidades autónomas y ayuntamientos.
El llamado “caso Nóos” fue una de las principales causas del declive del reinado de Juan Carlos I, quien abdicó hace un año en favor de su hijo.
Felipe VI culmina su primer año de reinado con un paso inédito en su afán por recuperar la confianza de los españoles en la institución monárquica: la retirada del título de duquesa de Palma a su hermana Cristina de Borbón antes de que ésta sea juzgada en el marco de un caso de corrupción.
La decisión, anunciada por sorpresa a última hora del jueves por la Casa Real española, fue recogida ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de un Real Decreto firmado por el monarca y refrendado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Ante la noticia, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, aseguró que su defendida ya había manifestado por carta al rey su voluntad de renunciar al ducado de Palma, título que le fue concedido en 1997. “Renunció al uso de este título y así lo expresó, y el rey ha actuado en consecuencia”, dijo el letrado ante la prensa.
Desde la Casa Real, sin embargo, confirmaron que la misiva llegó el jueves a La Zarzuela después de que el monarca comunicara por teléfono su decisión a su hermana.
La supuesta carta, escrita de puño y letra por la infanta, fue publicada por el diario “La Vanguardia” en su versión digital. En ella, la infanta Cristina expresa su “voluntad de renunciar” al título nobiliario y asegura que toma la decisión debido “a las acusaciones infundadas” contra su persona tras “una larga y dolorosa reflexión”.
El gobierno español de Rajoy expresó su respeto por la retirada del ducado de Palma a Cristina de Borbón e informó de que no cabe recurso contra la disposición.
“Es al rey a quien corresponde conceder y en su caso revocar la concesión de títulos vinculados a la Corona”, explicó en rueda de prensa la “número dos” del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
La decisión de Felipe VI supone un paso más en su compromiso adquirido en el discurso de proclamación que ofreció el 19 de junio de 2014 ante las Cortes españolas, en el que anunció el arranque de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
Felipe VI inició entonces un camino distanciado de los escándalos que salpicaron a la figura de su padre, el rey Juan Carlos, en los últimos años que estuvo en el trono, y se centró en la búsqueda de transparencia y modernidad para una institución cuestionada por una parte de la ciudadanía española.
El nuevo rey prohibió a la familia real recibir regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas. También se bajó el sueldo un 20 % respecto al que tenía su padre y aprobó un nuevo código de conducta para el personal de la Casa Real.
Pero la resistencia de Cristina a renunciar a sus derechos dinásticos le sitúa en una posición difícil. La infanta, sexta en la línea de sucesión al trono español, será el primer miembro de la familia real española que se siente ante un tribunal en el banquillo de los acusados en un juicio para el que todavía no hay fecha. En diciembre de 2014 fue procesada por el juez como “cooperadora necesaria” en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo, el ex campeón de balonmano, Iñaki Urdangarin, quien también será juzgado por haberse apropiado supuestamente de dinero público en el Instituto Nóos, una entidad pública sin ánimo de lucro ligada al mundo del deporte y que prestó servicios a varias comunidades autónomas y ayuntamientos.
El llamado “caso Nóos” fue una de las principales causas del declive del reinado de Juan Carlos I, quien abdicó hace un año en favor de su hijo.
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