04 Junio 2015
DEMANDANTE Y DEMANDADO. Romero Lascano objeta el proceso del Jury. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEZ NOLI (ARCHIVO)
La batalla de la Casa de Gobierno en contra del vocal de la sala II de la Cámara Penal Eduardo Romero Lascano, uno de los jueces que firmó el fallo absolutorio en el debate oral por el caso “Verón”, sumará un nuevo capítulo. Al igual que ocurre desde diciembre de 2012, cuando la madre de María de los Ángeles Verón, Susana Trimarco, les expresó su malestar por el fallo al gobernador José Alperovich y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Ejecutivo (PE) insistirá ante el Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento para que se reanude el proceso de remoción de Romero Lascano.
Así lo señaló ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. El letrado se refirió al planteo de inconstitucionalidad que había formulado Romero Lascano, primero en el fuero local, y luego ante el alto tribunal. Según el vocal de la sala II de la Cámara Penal, la conformación del Jury (órgano encargado de determinar si corresponde expulsar a un magistrado del Poder Judicial) es contraria a la Carta Magna. Por un lado, porque ese cuerpo tiene un representante del PE -el propio fiscal de Estado-; por otro, porque Romero Lascano considera anómalo el procedimiento, en cuanto a que no respetaría la garantía del debido proceso y la defensa en juicio.
El martes, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, dictaron una sentencia en esa causa, y declararon “inadmisible” lo requerido por el juez tucumano.
Para arribar a esa conclusión, el alto tribunal se basó en gran medida en lo dictaminado por la procuradora fiscal ante la CSJN, Laura Monti. Ese documento, emitido en marzo, ratificaba lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), y era un indicio de que Romero Lascano quedaría al borde del proceso de destitución. “(Los argumentos esgrimidos por el magistrado) lejos de plantear una crítica razonada y concreta de todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada (…), no hacen más que reiterar lo ya expresado en la demanda, sin aportar nuevos argumentos capaces de afectar el razonamiento seguido en el pronunciamiento apelado”, expresó Monti en su dictamen.
“Panorama complicado”
“El panorama para Romero Lascano se advierte complicado, ya que queda expuesto a que comience a actuar el Jury de Enjuiciamiento para ser sometido a juicio político”, dijo Posse Ponessa. Agregó que, según la información a la que había accedido, el alto tribunal había considerado que el Jurado en cuestión, instaurado con la reforma constitucional de 2006, “está dotado de la jurisdicción necesaria para juzgar esta clase de hechos con carácter permanente y general”. “La Corte nacional ha considerado que la queja de Romero Lascano constituye un agravio prematuro y meramente conjeturable, ya que aún no se ha sometido a ningún proceso en el que recaiga un pronunciamiento que le ponga fin, y adquiera la consiguiente certeza respecto del sentido de esa decisión”, afirmó el fiscal de Estado.
El Jurado de Enjuiciamiento hoy tiene distintos integrantes que en 2013, cuando comenzó formalmente el proceso contra Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (estos últimos se jubilaron, y lograron eludir el trámite de remoción).
El actual titular del Jury, el legislador oficialista Regino Racedo (bloque Tucumán Crece) deberá convocar a los representantes de aquel entonces para que, como lo estipula la Ley del Jurado de Enjuiciamiento, sean ellos quienes finalicen el trámite. Por ejemplo, deberá ser convocado el vocal de la CSJT, Daniel Posse, hermano del fiscal de Estado, quien era titular del Jury hasta este año. Lo sucedió como representante del alto tribunal su par, Antonio Estofán.
Romero Lascano, más allá de esto, está persuadido de la ilegalidad del proceso. El martes, planteó ante la Justicia provincial la inconstitucionalidad del Jurado de Enjuiciamiento respecto a lo dispuesto por la ley que convocó a la reforma constitucional de 2006. Según el magistrado, aquella norma ponía el Jury en órbita del Poder Judicial, pero las leyes la desplazaron hacia la Legislatura. “Existe el antecedente del Consejo Asesor de la Magistratura, que tuvo que ser trasladado del PE a la Justicia”, recordó Romero Lascano.
Así lo señaló ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. El letrado se refirió al planteo de inconstitucionalidad que había formulado Romero Lascano, primero en el fuero local, y luego ante el alto tribunal. Según el vocal de la sala II de la Cámara Penal, la conformación del Jury (órgano encargado de determinar si corresponde expulsar a un magistrado del Poder Judicial) es contraria a la Carta Magna. Por un lado, porque ese cuerpo tiene un representante del PE -el propio fiscal de Estado-; por otro, porque Romero Lascano considera anómalo el procedimiento, en cuanto a que no respetaría la garantía del debido proceso y la defensa en juicio.
El martes, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, dictaron una sentencia en esa causa, y declararon “inadmisible” lo requerido por el juez tucumano.
Para arribar a esa conclusión, el alto tribunal se basó en gran medida en lo dictaminado por la procuradora fiscal ante la CSJN, Laura Monti. Ese documento, emitido en marzo, ratificaba lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), y era un indicio de que Romero Lascano quedaría al borde del proceso de destitución. “(Los argumentos esgrimidos por el magistrado) lejos de plantear una crítica razonada y concreta de todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada (…), no hacen más que reiterar lo ya expresado en la demanda, sin aportar nuevos argumentos capaces de afectar el razonamiento seguido en el pronunciamiento apelado”, expresó Monti en su dictamen.
“Panorama complicado”
“El panorama para Romero Lascano se advierte complicado, ya que queda expuesto a que comience a actuar el Jury de Enjuiciamiento para ser sometido a juicio político”, dijo Posse Ponessa. Agregó que, según la información a la que había accedido, el alto tribunal había considerado que el Jurado en cuestión, instaurado con la reforma constitucional de 2006, “está dotado de la jurisdicción necesaria para juzgar esta clase de hechos con carácter permanente y general”. “La Corte nacional ha considerado que la queja de Romero Lascano constituye un agravio prematuro y meramente conjeturable, ya que aún no se ha sometido a ningún proceso en el que recaiga un pronunciamiento que le ponga fin, y adquiera la consiguiente certeza respecto del sentido de esa decisión”, afirmó el fiscal de Estado.
El Jurado de Enjuiciamiento hoy tiene distintos integrantes que en 2013, cuando comenzó formalmente el proceso contra Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (estos últimos se jubilaron, y lograron eludir el trámite de remoción).
El actual titular del Jury, el legislador oficialista Regino Racedo (bloque Tucumán Crece) deberá convocar a los representantes de aquel entonces para que, como lo estipula la Ley del Jurado de Enjuiciamiento, sean ellos quienes finalicen el trámite. Por ejemplo, deberá ser convocado el vocal de la CSJT, Daniel Posse, hermano del fiscal de Estado, quien era titular del Jury hasta este año. Lo sucedió como representante del alto tribunal su par, Antonio Estofán.
Romero Lascano, más allá de esto, está persuadido de la ilegalidad del proceso. El martes, planteó ante la Justicia provincial la inconstitucionalidad del Jurado de Enjuiciamiento respecto a lo dispuesto por la ley que convocó a la reforma constitucional de 2006. Según el magistrado, aquella norma ponía el Jury en órbita del Poder Judicial, pero las leyes la desplazaron hacia la Legislatura. “Existe el antecedente del Consejo Asesor de la Magistratura, que tuvo que ser trasladado del PE a la Justicia”, recordó Romero Lascano.
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